Condenados el arquitecto Santiago Calatrava y tres empresas que edificaron el centro comercial Buenavista de Oviedo a pagar 3,5 millones de euros por defectos en la construcción

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Oviedo acaba de ser comunicada a las partes, ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por la representación legal de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA, contra el arquitecto Santiago Calatrava Valls; In Hoc Signo Vinces SL; FIAGA SA y Esdehor SL, a quienes se CONDENA a pagar conjunta y solidariamente a la demandante la cantidad de 3.510.000 euros más el interés legal del dinero a computar desde el día 10 de marzo de 2010. Todo ello con imposición del pago de las costas a las citadas demandadas.

 

La sentencia DESESTIMA las demandas interpuestas por la representación legal de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, contra D. Carlos Fernández García y contra Axa Assurances, imponiendo el pago de las costas causadas a la parte demandante.

 

Contra los términos de esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta resolución.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2

OVIEDO

Juicio Ordinario 347/10

SENTENCIA

En Oviedo, a veinticuatro de mayo de dos mil once

 Objeto: Responsabilidad civil por defectos en la construcción

 Demandante: Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Demandados: In Hoc Signo Vinces, S.L. y D. Santiago Calatrava Valls

  Demandado: D. Carlos Fernández García

           Demandada: Axa Seguros Generales

           Demandada: FIAGA, S.A.

           Demandada: Esdehor, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

 

 PRIMERO.- El día 10 de marzo de 2010 se interpuso porla Procuradorade los Tribunales Sra. Alonso Argüelles, en nombre y representación de Allianz Compañía se Seguros y Reaseguros SA, demanda de juicio ordinario contra D. Santiago Calatrava Valls, In Hoc Signo Vinces SL, D. Carlos Fernández García, FIAGA SA, Esdehor SL y Axa Assurances SA, en la que solicitaba la condena de los demandados a abonar conjunta y solidariamente (o subsidiariamente en el grado de responsabilidad que se determine) la cantidad de 3.510.000 euros más intereses y costas.

 SEGUNDO.- Tras aportar la parte demandante la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, la demanda se pudo admitir a trámite con auto de 25 de marzo de 2010, dándose traslado para su contestación a los demandados.

 

 

TERCERO.- Mediante escrito de 4 de mayo de 2010 el Procurador Sr. Álvarez Riestra contestó a la demanda en nombre y representación de Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros, oponiendo su falta de legitimación pasiva y solicitando la desestimación de la demanda con imposición de costas.

 

Por escrito de 7 de mayo de 2010 el Procurador Sr. Sastre Quirós contestó a la demanda en nombre y representación de Esdehor SL, oponiéndose a la demanda y solicitando la desestimación con imposición de costas a la demandante.

 

Mediante escrito de 1 de julio de 2010la Procuradora Sra.González de Cabo contestó a la demanda en nombre y representación de D. Santiago Calatrava Valls e In Hoc Signo Vinces, oponiéndose a la misma y solicitando la desestimación con costas.

 

Con escrito de 20 de septiembre de 2010la Procuradora Sra.González de Cabo contestó a la demanda en nombre y representación de D. Carlos Fernández García, formulando oposición y solicitando la desestimación con imposición de costas.

 

Finalmentela Procuradora Sra.Cabiedes Miragaya contestó a la demanda, por medio de escrito de 22 de septiembre de 2010, en nombre y representación de FIAGA SA, oponiéndose a la misma y solicitando la desestimación con imposición de costas a la demandante.

 

 

CUARTO.- El día 11 de noviembre de 2010 se celebró acto de audiencia previa, en el que no se alcanzó acuerdo entre las partes. Se delimitaron los hechos controvertidos y las partes propusieron al respecto las pruebas de su interés, que quedaron admitidas como consta en autos. Se señaló la celebración de juicio oral para los días 27 y 28 de abril y 3 de mayo de 2011, en sesiones de mañana y tarde.

 

 

QUINTO.- En los días 27 y 28 de abril se llevó a cabo la celebración de juicio oral, practicándose las pruebas que habían quedado admitidas. Se acordó un trámite escrito para la formulación de las conclusiones por las partes y, una vez evacuado el mismo, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO.- Planteamiento. En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante una acción de responsabilidad contractual por defectuoso cumplimiento de un contrato de ejecución de obra así como una acción de responsabilidad legal por vicios en la construcción. Para ello expone en su demanda que es la compañía aseguradora de la entidad Jovellanos XXI, la cual fue promotora de la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo, contratando para la dirección de las obras al arquitecto D. Santiago Calatrava Valls, quien subcontrató a la empresa In Hoc Signo Vinces y al arquitecto técnico D. Carlos Fernández García encargándoles la dirección técnica de la obra. Detalla asimismo la demanda que Axa Assurances es la compañía aseguradora que cubría la responsabilidad civil del Sr. Calatrava Valls y del Sr. Fernández García. También explica que los trabajos de ejecución fueron contratados con la empresa constructora FIAGA y que ésta subcontrató la ejecución de los concretos trabajos de encofrado del graderío del Palacio de Congresos a la mercantil Esdehor SL.

 

La entidad demandante reclama una indemnización de 3.510.000 euros correspondientes a los daños y perjuicios que indemnizó a su asegurada como consecuencia de los daños materiales sufridos en la madrugada del día 9 de agosto de 2006, cuando durante la ejecución de los trabajos de hormigonado del encofrado de la estructura correspondiente a la grada de la sala de congresos se produjo el derrumbe de la misma. La demandante sostiene que el siniestro se produjo por un colapso del sistema de encofrado, debido a un fallo de apuntalamiento del mismo por estar insuficientemente arriostrado, por no planificar el hormigonado del graderío conforme a los criterios previstos normativamente, por no efectuar cálculos del apuntalamiento y arriostramiento del sistema de encofrado conforme con la planificación de los trabajos y por no estar redactado el correspondiente plan de control de ejecución que hubiese detectado las incorrecciones. Considera la aseguradora demandante que el siniestro era previsible y que de hecho estaba previsto en el plan de seguridad y salud elaborado por Prevenalia, por lo que entiende responsables de todo ello al arquitecto director de la obra por un error de diseño y por su responsabilidad como director facultativo del proyecto, a la empresa y arquitecto técnico subcontratados para la dirección técnica, así como a las empresas contratadas para la ejecución material tanto de los trabajos generales del edificio como de los concretos de encofrado.

 

El arquitecto Sr. Calatrava Valls y la empresa contratada para la dirección de ejecución, In Hoc Signo Vinces, formulan oposición negando en primer lugar la legitimación activa de la parte demandante para el ejercicio de la acción por responsabilidad legal dela Leyde Ordenación dela Edificación, argumentando que la entidad asegurada en Allianz, Jovellanos XXI, no es la propietaria del Palacio de Exposiciones y Congresos, sino que éste es de titularidad municipal. En cuanto al siniestro en sí, niega su responsabilidad en el mismo por no derivar de un error de proyecto o diseño ni de dirección de la obra. Por el contrario consideran que al producirse el accidente por insuficiente arriostrado del sistema de apuntalamiento la causa recae en la determinación de medios auxiliares (en concreto en el encofrado y cimbras), que son responsabilidad de la empresa constructora, la cual tenía a sus técnicos en obra. Además indican que en mayo de 2004 la dirección facultativa redactó un protocolo para la aplicación del hormigón, conforme al cual la constructora debía presentar con tiempo suficiente un modelo para su revisión y aprobación por dicha dirección, sin cuya autorización no era posible ejecutar el trabajo de hormigonado. Según los codemandados, este protocolo se aplicó siempre salvo en los días 7, 8 y 9 de agosto, en los que no se respetó una antelación mínima de 48 horas de preaviso, como constaba en el proyecto de ejecución, sino que la empresa constructora aplicó el hormigón directamente y sin recibir autorización de la dirección facultativa. Defienden además que dicha dirección técnica no estaba obligada a verificar los sistemas de apuntalamiento de encofrado antes de que se le solicitase autorización para realizar el hormigonado, por lo que en este caso no pudo constatar a tiempo el defecto del mismo. Finalmente apuntan también a la concurrencia de responsabilidad por el hecho de que el apuntalamiento no se ejecutó conforme al plan de seguridad y salud elaborado por la entidad Prevenalia.

 

El arquitecto técnico demandado, Sr. Fernández García, reproduce prácticamente de forma literal la contestación a la demanda de D. Santiago Calatrava e In Hoc Signo Vinces, incluida la excepción de falta de legitimación activa e insistiendo en que el día de los hechos la constructora FIAGA decidió unilateralmente y sin autorización de la dirección facultativa aplicar el hormigonado. En su escrito de contestación, no obstante, también formula en cuanto a lo que a su propio derecho interesa negación de su legitimación pasiva. Niega ostentar la condición de director técnico de la obra, asegurando que tal función recayó en la empresa In Hoc Signo Vinces, de la cual es un contratado y por cuenta de la cual ejerció sus funciones. Explica que solamente por exigencias del Ayuntamiento de Oviedo la empresa hizo constar que él era el director técnico, pero niega haber actuado como tal porque no tomó decisiones ni dio órdenes o instrucciones. Indica además que desarrolló sus funciones desde una oficina abierta en la calle Víctor Chávarri, a la cual se dirigía FIAGA en la mayoría de las ocasiones, pero desde la cual no daban a la constructora la mayor parte de las órdenes sino que éstas procedían desde las oficinas centrales de In Hoc Signo Vinces en Valencia, a través de varios técnicos.

 

La aseguradora demandada, Axa Seguros y Reaseguros, niega su legitimación pasiva. Afirma que no es parte en el contrato de seguro de responsabilidad civil profesional de los Sres. Calatrava Valls y Fernández García, indicando que dicha cobertura está contratada por tales profesionales con la entidad Axa Versicherungen -domiciliada en Zurich, Suiza-, y que cada una de las sociedades del grupo Axa es una sociedad independiente con personalidad jurídica propia, vinculando el grupo a los aspectos económicos pero no a los de índole jurídica. Por lo demás afirma que la póliza de seguro entre los Sres. Calatrava Valls y Fernández García y Axa Versicherungen tenía tres años de duración, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2006, y que sin embargo el Sr. Calatrava Valls ejerció su derecho de resolución en diciembre de 2005, por lo que a la fecha del siniestro (9 de agosto de 2006) en cualquier caso no existiría póliza de seguro en vigor con Axa Versicherungen.

 

La constructora FIAGA opone la falta de legitimación activa en su contra, exponiendo que es la socia única de Jovellanos XXI, de tal manera que la aseguradora de ésta no puede ejercitar acciones en perjuicio de la misma, considerando que FIAGA se subroga en las obligaciones y derechos de Jovellanos XXI aunque se traten de personas jurídicas distintas. Por lo demás niega su responsabilidad en el accidente, negando en consecuencia su legitimación pasiva. Para ello argumenta que no ejecutó la construcción del encofrado ni la aplicación del hormigón, sino que tales trabajos los subcontrató con la entidad Esdehor, la cual además asumía en el contrato todo riesgo y ventura así como su entera responsabilidad por accidentes. Además considera que el encofrado se ejecutó conforme a los cálculos de los técnicos de Esdehor, aceptados por el arquitecto director y por la dirección facultativa, que nada objetaron a los mismos durante los meses de ejecución (entre mayo y agosto de 2006). También defiende la entera corrección de los trabajos de hormigonado conforme a los protocolos de actuación, siendo habitual en la obra las instrucciones verbales que hacían innecesaria la expresa autorización por escrito de la dirección facultativa. Por otro lado niega que el colapso del sistema de encofrado se produjese por una aplicación del hormigón en la zona central del mismo, sino que asegura que se aplicó de manera regular por toda la superficie. Finalmente la constructora demandada destaca el hecho de que tras el derrumbe la dirección de la obra modificó el proyecto para practicar una reconstrucción del graderío diferente a la inicialmente diseñada, lo que entiende revelador de las deficiencias del proyecto primitivo.

 

Finalmente la entidad Esdehor SL opone en su contestación que el siniestro tuvo lugar una vez finalizados, revisados y aprobados por los técnicos sus trabajos de encofrado, no durante los mismos sino durante las funciones de hormigonado. Por otra parte alega que inicialmente fue subcontratada por FIAGA exclusivamente para los trabajos de cimentación, y que posteriormente se produjeron varios acuerdos verbales para diferentes trabajos que se iban especificando según las necesidades y evolución de la propia obra, dada la inexistencia de un proyecto de ejecución completo, dando lugar a ampliaciones documentadas que abarcaban la unidad de obra a ejecutar y su precio. No obstante apunta a que dichas ampliaciones no contenían sumisión expresa alguna al resto de cláusulas del contrato de cimentación, que por tanto no resultarían de aplicación a esos trabajos posteriores, en particular las cláusulas limitativas de responsabilidad como la de asunción de riesgo y ventura. También manifiesta que dada la entidad de la construcción Esdehor no efectuó ningún trabajo sin previa orden y supervisión de los técnicos del arquitecto, de la propiedad y de la contratista principal, hasta tal punto que consideraba más oportuno efectuar los trabajos de hormigonado comenzando por los extremos de la planchada del encofrado pero fueron aquellos técnicos quienes decidieron comenzar por el centro, lo que según la demandada provocó a la postre el colapso y caída del sistema de apuntalamiento del encofrado.

 

 

SEGUNDO.- Excepciones. Varias son las excepciones planteadas por las diversas partes demandadas, algunas de las cuales quedan directamente vinculadas con la resolución del fondo del asunto, pero por el contrario otras muchas van a requerir su estudio preliminar en tanto en cuanto una eventual estimación de las mismas pudiera provocar la desestimación total o parcial de la demanda y con ello la innecesariedad de analizar el fondo litigioso. En concreto están planteadas las siguientes excepciones: falta de legitimación activa de la demandante Allianz; falta de legitimación pasiva del demandado D. Carlos Fernández García; falta de legitimación pasiva de la demandada Axa; falta de legitimación activa de Allianz respecto de la codemandada FIAGA; y falta de legitimación pasiva de las empresas FIAGA y Esdehor. Resulta preciso resolver con carácter previo las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva de la aseguradora Axa y la falta de legitimación activa de Allianz respecto de FIAGA. El resto de excepciones derivarán directamente de la valoración del fondo de la cuestión litigiosa en sí y del análisis de la responsabilidad de cada uno de los agentes de la construcción intervinientes.

 

 

TERCERO.- Falta de legitimación activa. La parte demandada compuesta por D. Santiago Calatrava Valls e In Hoc Signo Vinces, así como el también demandado Sr. Fernández García, consideran que Allianz no puede ejercitar la acción amparada enla Ley de Ordenación dela Edificación (LOE) por cuanto su asegurada, la entidad Jovellanos XXI, no es la propietaria de la obra en que se produjo el siniestro.

 

Allianz está ejercitando en el presente procedimiento sus reclamaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 dela Leydel Contrato de Seguro (LCS), según el cual “el asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización”. Lo que oponen los demandados es que el asegurado, Jovellanos XXI, carece de derecho y acción amparables enla LOEfrente a los demandados, con lo que consecuentemente la aseguradora Allianz, hoy parte demandante judicialmente, carece igualmente de dichas acciones legales. En particular ha de tomarse como punto de referencia el artículo 17 dela LOE, según el cual las personas físicas y jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán “frente a los propietarios y los terceros adquirentes” de los daños materiales ocasionados en el edificio construido.

 

Los demandados consideran que el contrato de ejecución de obras y de concesión de explotación suscrito el 21 de febrero de 2002 (documento nº 3 de su escrito de contestación) entre el Ayuntamiento de Oviedo y la sociedad Jovellanos XXI refleja solamente la transmisión a favor de esta última de la propiedad sobre el suelo, el subsuelo y las edificaciones de hotel, pero no del resto de espacios y elementos cuya titularidad sigue siendo municipal sin perjuicio de haber transmitido a la sociedad la explotación del aprovechamiento de los mismos. Entre tales otros espacios quedaría abarcado el propio Palacio de Congresos en sí, dentro del cual se produjo el siniestro que nos ocupa por derrumbe de su graderío durante el hormigonado del mismo. Interpretan los codemandados que el artículo 17 dela LOEsolamente otorga acción para reclamar por los daños materiales producidos a los propietarios o terceros adquirentes, pero no a quien ostenta la condición de promotor de la obra no propietario de la misma.

 

La excepción se desestima porque en el caso que nos ocupa Jovellanos XXI sí ostenta la acción del art. 17, y con ello también por subrogación su aseguradora hoy demandante. Y ello por una doble razón. Por un lado la entidad promotora Jovellanos XXI era la propietaria de la obra, si quiera temporalmente, en el momento de ocurrir el siniestro, tal y como deriva del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Oviedo. Se trata de un contrato de concesión de obra pública a través del cual el Ayuntamiento de Oviedo encarga a un tercero la redacción de proyecto, la ejecución de obras y la explotación de servicios públicos en régimen de concesión. Dicho tercero adjudicatario, que resultó en este caso la entidad Jovellanos XXI, es el titular o propietario tanto de la redacción del proyecto como de la explotación futura de los servicios públicos y, en lo que aquí más importa, también de la ejecución de las obras. El hecho de que a la finalización de los trabajos el contrato prevea la transmisión de la titularidad del suelo, el subsuelo y las edificaciones de hotel no excluye que durante la realización de tales trabajos la promotora ostente el dominio y titularidad de la obra en sí, obra no sólo del subsuelo y del hotel sino también del resto de elementos a construir, entre ellos el palacio de congresos. Según consta en el texto del contrato firmado con el Ayuntamiento el objeto del mismo no sólo lo constituye la futura transmisión al adjudicatario de la superficie de las parcelas a edificar y de las áreas de aprovechamiento lucrativo de hotel y garajes sino también la ejecución en sí de las obras de demolición del estadio Carlos Tartiere y de construcción y urbanización de las parcelas.

 

En segundo lugar, existe en todo caso un manifiesto interés que legitima la reclamación, reflejado en el hecho de que Jovellanos XXI fue la entidad que padeció el perjuicio derivado del siniestro. La entidad promotora fue la única que soportó los efectos perjudiciales consistentes en los gastos económicos adicionales en la obra, gastos de desescombro y limpieza del siniestro, de reparación de elementos dañados y de nueva reconstrucción de la estructura afectada, el graderío. Se añade también la consideración general, aplicable a este caso concreto, de que todo promotor puede ostentar un interés legítimo en exigir la plena corrección de su obra (ya que en caso contrario puede terminar siendo demandado por el destinatario final de la misma) y en consecuencia en reclamar contra los agentes intervinientes en el proceso constructivo que considere responsables de las deficiencias y defectos constructivos, doctrina plenamente asentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre muchas, SSTS de 26 de noviembre de 1984, 9 de junio de 1989, 8 de junio de 1992, 21 de junio de 1999, 7 de noviembre de 2005, 28 de junio de 2006, 23 de marzo de 2007 ó 20 de diciembre de 2007) respecto de la acción contractual del artículo 1591 del Cc y que resulta igualmente extensible a la acción del art. 17 dela LOEen el caso que nos ocupa, dada la plena identificación y concurrencia de los mismos fundamentos.

 

 

CUARTO.- Falta de legitimación pasiva de Axa. La aseguradora Axa niega su legitimación pasiva porque niega ser la compañía aseguradora de los codemandados D. Santiago Calatrava e In Hoc Signo Vinces. Por un lado argumenta que la entidad inicialmente aseguradora de la responsabilidad civil de dichos codemandados era “Axa Versicherungen”, y no “Axa Assurances” a la que se dirige la demanda de Allianz. Por otro lado argumenta que, en cualquier caso, al tiempo de producirse el siniestro los asegurados habían rescindido el contrato de seguro y celebrado uno nuevo con otra compañía.

 

Procede acoger la excepción formulada por la aseguradora demandada, y con ello desestimar la demanda dirigida en su contra. El motivo no reside tanto en el hecho de que el contrato fuese firmado con una u otra sociedad del grupo asegurador Axa, sino porque en todo caso la prueba documental recabada ha acreditado que en agosto de 2006, fecha en que se produjo el siniestro objeto de la presente reclamación, ninguna de tales sociedades del grupo asegurador Axa asumía la responsabilidad civil profesional del Sr. Calatrava Valls ni de In Hoc Signo ni del aparejador D. Carlos Fernández García.

 

El contrato de seguro inicial firmado con el grupo asegurador Axa (documento nº 1 de la contestación de Axa) vencía en diciembre de 2006. Sin embargo un año antes el Sr. Calatrava Valls rescindió ese contrato, con efectos a fecha 31 de diciembre de 2005 (tal y como consta en la comunicación por fax de la rescisión, documento nº 3 de la contestación de Axa). Consta acreditado igualmente que en esa época se suscribió una nueva póliza con otra entidad, a través de la correduría Welser Consulting AG, firmada concretamente el 18 de enero de 2006 y con efectos de vigencia entre el 1 de enero de 2006 y el 1 de enero de 2007 (todo ello según consta en la documentación aportada al efecto por la representación de D. Santiago Calatrava e In Hoc Signo, consistente en la nueva póliza de seguro, conforme a requerimiento acordado en el acto de audiencia previa a instancias de la demandada Axa). Además de lo anterior, la representación de D. Santiago Calatrava e In Hoc Signo también aportó copia de la comunicación del siniestro a la nueva compañía aseguradora, en agosto de 2006, documentos que aun cuando Seguros Axa no tradujo al castellano permiten no obstante conocer que la comunicación del siniestro no se produjo hacia Axa, tal y como en cualquier caso confirmó en juicio el representante legal de In Hoc Signo Vinces, D. Javier Fernández Pozuelo.

 

En consecuencia no cabe estimar reclamación alguna contra una entidad que no asumía en el momento de los hechos la responsabilidad civil de la dirección facultativa de la obra.

 

 

QUINTO.- Falta de legitimación activa de Allianz con respecto de FIAGA. La constructora FIAGA plantea como excepción la imposibilidad de ser demandada por Allianz, en razón de que es, a su vez, el socio único de Jovellanos XXI. Dado que el artículo 43 dela LCS impide al asegurador ejercitar las acciones de repetición en perjuicio de su asegurado, considera la demandada que Allianz carece de acción en su contra por cuanto ello equivaldría a que el propio asegurado, Jovellanos XXI, reembolsase a través de su socio único FIAGA la misma indemnización satisfecha por su asegurador.

 

La excepción se desestima porque, como la propia parte plantea expresamente en su escrito de contestación, Jovellanos XXI y FIAGA son personas jurídicas distintas. Este solo hecho resulta por sí suficiente para desestimar el planteamiento de la constructora demandada. Por mucho que sea la titular única de las acciones sociales de Jovellanos XXI esto no la convierte en la misma persona jurídica. No se produce una identidad de personalidad jurídica entre ambas compañías sino que muy al contrario cada una de ellas mantiene su diferente domicilio, diferentes representantes legales, diferente número de identificación fiscal, así como diferente objeto social, según reconoció en juicio D. Alberto Lago, representante de FIAGA. A los efectos jurídicos de esta sentencia, por tanto, FIAGA no es Jovellanos XXI sino únicamente la titular de sus acciones, cosa completamente diferente porque dichas acciones son bienes transmisibles en el tráfico jurídico, transmisión que no daría lugar a la desaparición o modificación de la personalidad jurídica de Jovellanos XXI ya que la misma es una personalidad jurídica plena e independiente de la de FIAGA.

 

Existe un dato que ratifica esta plena diferenciación de personalidad jurídica, y es que la aseguradora Allianz en todo momento consideró y mantuvo presente tal distinción, como explicó en juicio su representante legal, D. Marcos García Pérez, y como se evidencia de la propia póliza de seguro (anexo 4 de la documentación aportada por la demandante) que está firmada exclusivamente entre Allianz y Jovellanos, sin ninguna referencia ni disposición respecto de FIAGA, como además no puede ser de otro modo dado que se trata de un contrato de seguro de daños de una promotora, no de cobertura de responsabilidad civil de una empresa constructora (extremo que evidentemente habría dado lugar a un contenido contractual diferenciado con cláusulas específicas al respecto).

 

 

SEXTO.- El siniestro y sus causas. Las pruebas practicadas no dejan lugar a dudas respecto a qué sucedió y cómo sucedió en la madrugada del día 9 de agosto de 2006. Todos los informes periciales resultan enteramente coincidentes a este respecto. Mientras se estaba practicado el vertido de hormigón sobre el encofrado del graderío del palacio de congresos, hormigonado que había comenzado el día 8 varias horas antes, se produjo en un momento dado un colapso y derrumbe de la estructura, debido a la insuficiencia del sistema de cimbra para sostener de dicho encofrado. La cimbra estaba conformada por un mecanismo de doble apuntalamiento, colocándose dos niveles de puntales separados por un tableado de madera. Estos puntales no se encontraban adecuadamente arriostrados y no eran suficientes para soportar los esfuerzos que exigía el vertido del hormigón, debido a las características de la estructura que exigía no sólo esfuerzos verticales sino también horizontales, pues se trataba de un complejo graderío en voladizo, inclinado y en curva.

 

El informe pericial aportado por la demandante Allianz, suscrito por los ingenieros D. Álvaro Montoya Sáez y D. Roberto Candás García, concluye que el colapso del encofrado del graderío se produjo por un fallo en el sistema de apuntalamiento, que no estaba correctamente calculado, por cuanto se encontraba insuficientemente arriostrado, no coincidiendo las plomadas y no existiendo anclaje a la línea fija.

 

El informe pericial de la compañía Intemac, aportado por el Sr. Calatrava Valls e In Hoc Signo Vinces, igualmente sostiene que el colapso del graderío se debió a un fallo del apuntalamiento del encofrado y además explica que no se aprecian sistemas de arriostramiento entre los elementos que componen el apuntalamiento, que el entablado intermedio dispuesto para alcanzar altura comprometía la estabilidad de la cimbra ante la falta de arriostrado a puntos fijos, que se colocaron puntales inclinados y no se encontraban todos los puntales en la misma vertical entre las partes inferior y superior, y finalmente que toda la cimbra se apoyó directamente sobre la losa de nivel -2, sin mayor soporte adicional para la misma.

 

El perito D. Benjamín Martínez Suárez, que intervino a instancias de FIAGA, apunta en su informe a que el siniestro se produjo por un pandeo de la estructura de apuntalamiento cuya inestabilidad se debió a la falta de arriostramiento transversal de los puntales que les permitiese soportar esfuerzos horizontales, a la colocación de dos niveles de puntales separados por un tablero de madera y a la ausencia de apuntalamientos en plantas inferiores a la losa de nivel -2 sobre la que apoyaba la cimbra que minimizasen la deformación de la misma.

 

También a instancias de FIAGA consta en el procedimiento el informe pericial del arquitecto técnico D. Carlos Gómez León. Al referir las causas del accidente el perito apunta a la inadecuación del sistema de apuntalamiento utilizado, consistente en una doble altura de puntales metálicos separados por un tablero fenólico de madera, que va aumentando progresivamente en altura para ir sujetando el voladizo del graderío conforme a su elevación gradual. Considera que este mecanismo es insuficiente para soportar los empujes horizontales del hormigonado de una estructura tan singular como la de este graderío.

 

Finalmente el arquitecto D. Luis Alberto dela Prada Riva, en informe aportado también por la constructora demandada FIAGA, igualmente sostiene que el colapso del encofrado fue debido a la incorrección del sistema de apuntalamiento, por cuanto estaba insuficientemente arriostrado y era incapaz para absorber los esfuerzos de componente horizontal de la estructura.

 

No existe por tanto duda alguna con respecto de las causas determinantes del derrumbe, coincidentemente señaladas como se ha expuesto por todos los peritos. Ninguno de sus informes permite imputar la causa a la forma en que fue vertido el hormigón, sino que por el contrario los defectos se encontraban en la falta de arriostrado de los puntales y en la insuficiencia del mecanismo de cimbra utilizado, consistente en dos alturas de puntales separadas con unas tablas. La decisiva y determinante incidencia de la inadecuación de la cimbra queda evidenciada con el análisis del sistema de sujeción del encofrado finalmente utilizado en la reconstrucción del graderío: en lugar de un doble apuntalamiento sin arriostrar unido con una capa de tablones se optó por un doble nivel en el cual el inferior estaba constituido por una más estable estructura metálica de vigas en celosía y el superior por puntales arriostrados en las dos direcciones, tanto longitudinal como transversal. Así se describe en los informes periciales de D. Carlos Gómez León y de D. Luis dela Prada Riva.Adicionalmente el Sr. Álvarez Apellániz, representante legal de Esdehor, y D. Carlos García García, arquitecto de de la empresa FIAGA que trabajó en esta obra, aclararon en juicio que para la reconstrucción también se colocaron puntales por debajo de la losa de nivel -2 para su refuerzo, apuntalando todas las plantas inferiores. Es decir, para la reconstrucción sí se doto a la estructura de los suficientes elementos de seguridad y de estabilidad que no existían en el primer caso.

 

 

SÉPTIMO.- Responsabilidad de los agentes intervinientes en el proceso de la construcción. Siendo clara y unánime, como se ha visto, la inadecuación de la cimbra por su falta de arriostramiento y por su insuficiencia para las características de la estructura a hormigonar, la cuestión central del presente procedimiento pasa a ser la determinación de la responsabilidad que cada uno de los intervinientes tiene en tales deficiencias.

 

I. Responsabilidad de las empresas constructoras. Concurre en el caso que nos ocupa responsabilidad imputable a las dos empresas constructoras que intervinieron en la ejecución material de la cimbra, FIAGA y Esdehor. El artículo 11 dela LOE explica que el constructor es “el agente que asume contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato”.

 

Estas empresas, una como constructora principal y la otra como subcontratada para la ejecución del graderío, son responsables de las deficiencias del apuntalamiento porque son las que levantaron esa cimbra con sus medios personales y materiales. Y levantaron una cimbra con graves déficits, como antes ha quedado explicado con las pruebas periciales. En particular es de destacar la falta de arriostramiento de los puntales, una deficiencia muy evidente y constatada por todos los peritos. El responsable de Esdehor, Sr. Álvarez Apellániz, aludió en juicio a que la cimbra estaba conformada por un alto número de puntales hasta el punto de que era imposible que cupiese una persona a través de los mismos, lo que en principio explicaría la ausencia de agarres de tales elementos ya que los puntales estaban muy juntos entre sí y físicamente no cabrían las riostras. Esta solución resultó deficitaria a la luz de los resultados (pues no soportó el hormigonado) y a la luz del cambio sustancial habido en la reconstrucción, donde sí se utilizó como ya se ha indicado el oportuno arriostrado de los puntales. Es decir, la realización material de la cimbra estaba incorrectamente efectuada porque carecía de arriostrado, y de ello son responsables las dos empresas constructoras porque en tal condición profesional su responsabilidad es la de ejecutar con corrección los trabajos.

 

La constructora FIAGA tiene la responsabilidad de ejecutar la construcción conforme a lo contratado con la propiedad, y en este sentido asume la construcción de los medios auxiliares, entre los cuales se encuentra la cimbra de sujeción del encofrado del graderío. Su decisión de subcontratar la realización del encofrado a otra empresa no le exime de responsabilidad. Alega la contratista que subcontrató a Esdehor y que el contrato contempla la asunción del riesgo y ventura por la empresa subcontratada. Consta aportado el contrato firmado entre ambas compañías el 1 de octubre de 2004 (documento nº 3 de la contestación de FIAGA y documento nº 1 de la contestación de Esdehor) con el objeto de la prestación de mano de obra y medios auxiliares. No obstante el contrato se remite exclusivamente a los trabajos definidos en el anexo número 4 del mismo. Dicho anexo va únicamente referido a la cimentación de las edificaciones del conjunto Buenavista. Como quedó explicado en juicio por los representantes de las empresas de construcción, fue con posterioridad, conforme iba avanzando la ejecución de la obra, cuando FIAGA siguió subcontratando a Esdehor ampliando en cada caso los nuevos trabajos a realizar. Así están aportadas a este procedimiento diferentes “ampliaciones del anexo nº4”, al menos las firmadas por las partes en fechas 25 de enero de 2006, 15 de mayo de 2006 y 25 de junio de 2006. En todas ellas se prevén trabajos de encofrado de muros, hormigonado y desencofrado de distintas estructuras del complejo, entre ellas el graderío. Se prevé en esas ampliaciones también la realización del debido apuntalamiento.

 

Pues bien, la limitación de responsabilidad que refleja el contrato inicial de octubre de 2004, en tanto en cuanto la cláusula quinta prevé que Esdehor responderá del perfecto estado de los trabajos “corriendo a su cargo todos los desperfectos que se puedan producir” hasta la definitiva recepción de los trabajos, no resulta extensible a las posteriores y sucesivas ampliaciones del anexo 4 del contrato. Se trata de una cláusula de restricción de derechos y por tal condición debería haber constado expresamente pactada y asumida por las partes en cada una de las ampliaciones posteriores. Los incrementos del anexo núm. 4 suponen una ampliación de trabajos a realizar y consecuentemente un incremento de las responsabilidades de la subcontratada por lo que no cabe que correlativamente se mantenga una disminución o limitación de sus derechos salvo que expresamente así sea pactado.

 

Además, y en cualquier caso, en la ampliación de trabajos de fecha 25 de enero de 2006 FIAGA como contratista encarga a Esdehor realizar unos trabajos de “aumento por doble apuntalamiento” en el forjado del nivel 0 desde el nivel -2. Es decir, la inadecuación del sistema de cimbra del encofrado del graderío no sólo resulta achacable a la empresa que materialmente lo colocó inadecuadamente, sino también y en todo caso a la constructora que específicamente encargó un sistema de doble apuntalamiento (y no otro más sólido y estable), más todavía cuando esta empresa constructora participaba activamente en la obra a diario con sus técnicos y profesionales -como los arquitectos D. Carlos García García y D. FlorencioMartínez- y en ningún momento alertó o denunció la falta de arriostramiento de la cimbra que ella misma encargó levantar, y ello aun cuando la misma estuvo colocándose a la vista durante varios meses, entre mayo y agosto de 2006.

 

II. Responsabilidad de la dirección facultativa. A) Integrantes de la dirección facultativa. A la luz de las pruebas practicadas procede declarar igualmente como concurrente en las causas del siniestro la responsabilidad de los diferentes miembros de la dirección facultativa. Esta dirección facultativa está conformada por el proyectista, por la dirección de obra y por la dirección de ejecución de la obra. Según el artículo 10 dela LOE el proyectista es “el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto”. El director de obra es el agente “que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto” (art. 12 dela LOE). Finalmente es director de la ejecución de la obra “el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado” (art. 13).

 

Estas condiciones concurren en el caso que nos ocupa en los demandados D. Santiago Calatrava Valls e In Hoc Signo Vinces. El Sr. Calatrava Valls fue contratado por la promotora Jovellanos XXI no sólo como proyectista del complejo Buenavista, sino también como director de obra. Así consta en el “contrato de colaboración” de 2 de agosto de 2000 (documento nº 15 de la contestación de D. Santiago Calatrava e In Hoc Signo) renovado por otro de 11 de diciembre de 2001 (documento nº 16) en el que se delimita muy claramente el objeto contratado: la colaboración arquitectónica y de ingeniería de Santiago Calatrava SA para la elaboración de los proyectos para el concurso, y en el caso de conseguir su adjudicación, continuar la colaboración con la redacción de los proyectos y con la dirección de obra. Se desglosa además de manera muy completa en el acuerdo el respectivo contenido de las fases contratadas: concurso, proyecto y ejecución.

 

El Sr. Calatrava Valls decidió a su vez contratar un “encargo de servicios profesionales” con la entidad In Hoc Signo Vinces (documento nº 5 de su escrito de contestación) en fecha 1 de septiembre de 2000. Con ese acuerdo el estudio de arquitectura se compromete según la condición primera a realizar para Santiago Calatrava SA los trabajos de redacción de proyecto de arquitectura e ingeniería y dirección de obra en la construcción del complejo Buenavista (además de la del complejo Jovellanos 2). Esta subcontratación no soslaya la responsabilidad contractual del Sr. Calatrava Valls con Jovellanos XXI ni su responsabilidad legal profesional como director de la obra que seguía siendo. Cabe destacar que D. Santiago Calatrava emitió un certificado para el Ayuntamiento de Oviedo (documento nº 7) en el que confirma la asunción de la dirección facultativa “tanto a nivel de arquitectura como de arquitectura técnica”, además de la subcontratación de In Hoc Signo Vinces y la designación para las funciones de arquitectura técnica de D. Carlos Fernández García. Respecto de este último, sin embargo, la prueba practicada ha evidenciado que no actuó como director técnico de la obra por sí mismo, sino como uno más de los técnicos integrados en In Hoc Signo Vinces, si bien con presencia física en Oviedo en lugar de en el estudio de Valencia. No consta que el Sr. Fernández García hubiese aceptado esa designación del cargo de arquitecto técnico de la obra como tal. No consta tampoco que hubiese dado órdenes técnicas de contenido sustancial a lo largo de la obra, sino que de manera general siempre las consultaba y transmitía con las oficinas generales de In Hoc Signo en Valencia tal y como refirieron en juicio no sólo el demandado sino diversos técnicos y operarios a pie de obra. En particular uno de los arquitectos de FIAGA en la obra, D. Carlos García García, confirmó en juicio la recepción de órdenes específicas para el hormigonado del graderío de uno de los técnicos de las oficinas de Valencia, D. Abel Torregrosa, y con carácter general siempre identificó la comunicación con la dirección de la obra con In Hoc Signo, ya fuese directamente a Valencia o bien a través de los Sres. González Galaz y Fernández García en Oviedo. Además el contrato de trabajo firmado por el Sr. Fernández García con In Hoc Signo (documento nº 5 de su contestación) prevé su contratación como arquitecto técnico, no como director técnico de la obra, con un correlativo sueldo bruto anual de 36 mil euros. Respecto de la obra que nos ocupa la posición del Sr. Fernández García es similar a la del arquitecto D. Emiliano González Galaz, quien sin embargo no ha sido demandado. Los dos eran los técnicos de In Hoc Signo con presencia física en Oviedo y quienes transmitían las órdenes del estudio a la constructora a pie de obra. Todo ello se confirma con el conjunto de órdenes aportadas (documento nº 7 de la demanda) entre las cuales constan las dirigidas por los técnicos de In Hoc en Valencia (Dª Katie Overton, Dª Shyamala Duraisingam, D. Abel Torregrosa) así como otras rubricadas por el demandado Sr. Fernández García generalmente con la expresa salvedad de que firma “por orden”, es decir, que él no tomaba la decisión sino que transmitía la que el estudio valenciano le había brindado. En consecuencia de lo expuesto, ha de desestimarse la demanda frente a D. Carlos Fernández porque no ostentó ningún cargo de dirección técnica de la obra en el caso que nos ocupa.

 

B) Responsabilidad. La responsabilidad de la dirección facultativa de la obra que nos ocupa no deriva de deficiencias en el proyecto, tal y como queda confirmado en el informe pericial de la compañía Intemac. Como ya se ha declarado en esta sentencia la causa del derrumbe radica en las deficiencias de la cimbra, por su falta de arriostramiento y por su inadecuación para las características de la estructura a soportar. No incide en dichas causas la adecuación o inadecuación del proyecto de obra, lo que tampoco está planteado si quiera por la parte demandante.

 

Donde radica la responsabilidad de la dirección facultativa es en la inexistente labor de supervisión sobre el medio auxiliar, sobre la cimbra que sujetaba el encofrado del graderío. Entre otras responsabilidades legales el director de obra debe resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto (art. 12.3.c dela LOE), mientras que el director técnico debe dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra (art. 13.2.c). Estas funciones engloban necesariamente -dadas las circunstancias que se dan en el caso que nos ocupa- una supervisión técnica y profesional de la adecuación y suficiencia del apuntalamiento de un elemento tal singular como el graderío.

 

La singularidad de la estructura del graderío que cayó es un elemento trascendental para decidir la responsabilidad de la dirección facultativa. El representante legal de In Hoc Signo Vinces, D. Javier Fernández Pozuelo, apuntó en juicio que la estructura del graderío diseñado era arriesgada. Las circunstancias que explican esa particularidad del elemento fueron puestas de manifiesto por los distintos peritos que intervinieron en este pleito. Se trata de un graderío “no convencional, no habitual” en palabras del perito Sr. Rodríguez Escribano, propuesto por la propia parte demandada formada por el Sr. Calatrava Valls e In Hoc Signo. Es una obra con condiciones “especiales, cuyo encofrado no resulta usual” según determina el informe pericial de D. Carlos Gómez León. El arquitecto superior de In Hoc Signo que participó en esta obra, D. Emiliano González Galaz, señaló de hecho que el apuntalado del graderío exigía un cálculo ad hoc precisamente por las singularidades de la estructura. Nos encontramos ante un graderío conformado por once “cuchillos” macizos unidos por tres losas, una horizontal en la coronación del graderío y dos inclinadas, superior e inferior. Las peculiaridades de esta estructura puestas de manifiesto por los expertos técnicos radican en su altura, su longitud, la proyección curva de la losa del graderío, el grado de inclinación de la misma y el hecho de encontrarse en voladizo, que compromete la distribución de cargas.

 

Con esas características, el hormigonado del graderío era una de las tareas más trascendentes e importantes debido a su dificultad, según explicó en juicio el Sr. Fernández Pozuelo. Pues bien, la responsabilidad profesional de la dirección facultativa ante un elemento de esas condiciones exige una supervisión activa de los trabajos principales y auxiliares necesarios para ejecutarlo. Es evidente que no le incumbe la realización material de medios auxiliares pero sí una supervisión y control activo, exhaustivo y detallado, dada la singularidad de la estructura pues dicha dirección facultativa es quien conoce de antemano las ya mencionadas características peculiares de la estructura y la dificultad para su hormigonado.

 

A este respecto ha sido objeto de discusión por las partes el cumplimiento o no de un “protocolo de hormigonado” y la suficiencia o insuficiencia del mismo para el graderío. Ha quedado enteramente demostrado que en la ejecución de esta obra se siguió la práctica de que la constructora FIAGA enviaba partes y prepartes a la dirección de obra -ya fuese a las oficinas en Oviedo, donde se encontraban el arquitecto Sr. González Galaz y el arquitecto técnico D. Carlos Fernández García, ya fuese directamente a Valencia al estudio In Hoc Signo-, partes que abarcaban revisiones de forjado así como tiempos y cálculos de hormigonado, y seguidamente si transcurría un período de tres horas sin recibir objeción pasaban a ejecutar materialmente el trabajo. Así quedó demostrado con las declaraciones prestadas en juicio. El arquitecto de FIAGA, D. Carlos García, explicó con claridad la operatividad del sistema. D. Emiliano González Galaz, arquitecto de In Hoc Signo, igualmente explicó que aceptaron ese procedimiento por agilidad en los tiempos de espera y confirmó que tenían consensuado que FIAGA remitía los partes previamente comprobados por sus técnicos, lo que facilitaba la revisión posterior por su parte. La realidad de este procedimiento de los partes y prepartes queda confirmada con la amplia documentación aportada al respecto, comprensiva de un gran número de dichos partes (el perito Sr. Dela Riva Pradarefirió la existencia de más de 1.800 partes emitidos durante la obra, todos ellos anteriores al accidente).

 

Si este protocolo resultaba inidóneo para la ejecución del graderío, como así fue valorado en juicio por los representantes de la dirección facultativa que acudieron a declarar, resultaba exigible a dicha dirección facultativa que así lo hubiese advertido expresamente con la suficiente antelación, ya que era un procedimiento que venía siguiéndose en la práctica desde el principio de la obra generando de este modo una apariencia de viabilidad para todos los intervinientes. No consta, sin embargo, que ni el Sr. Calatrava Valls, ni el estudio In Hoc Signo ni los técnicos en obra Sres. González Galaz y Fernández García hubiesen desarrollado ningún comportamiento activo encaminado a prever y predeterminar un procedimiento alternativo que se ajustase a los requisitos del graderío, elemento estructural respecto del cual todos ellos, en su condición de dirección facultativa o integrantes contratados de la misma, conocían sus exigentes peculiaridades de ejecución. La dirección facultativa en ningún momento controló ni verificó si el encofrado y la cimbra colocados por la constructora se ajustaban o no a las exigencias generales determinadas en el proyecto básico y a los requerimientos técnicos concretos que exigía la estructura por sus condicionantes. No puede aceptarse que la dirección facultativa de una construcción de la envergadura del palacio de congresos Buenavista, con un graderío tan complejo y peculiar en sus condiciones, se limite a ejercer una supervisión y control meramente pasivos, a la espera de que la constructora le remita una u otra documentación preliminar para revisarla en un despacho. La responsabilidad profesional de la dirección facultativa requiere una intervención mucho más activa, con algún tipo de implicación a pie de obra durante los varios meses de realización del graderío que le permitiese controlar de forma más directa la buena marcha de un elemento difícil -por su grado de inclinación, su envergadura y dimensiones, la curvatura y el mantenimiento en voladizo- en todos los aspectos que atañen al mismo, tanto de diseño como de materialización auxiliar y principal, ya que el interés técnico que exigen tales singularidades debe ser máximo para la dirección de obra.

 

Tal responsabilidad resulta en este caso más exigible aún si cabe debido a que, como consta documentado, nunca se desarrolló un proyecto concreto de ejecución del Palacio de Congresos ni existió un libro de órdenes, lo que correlativamente debió compensarse con un mayor control e implicación profesional de la dirección facultativa sobre la correcta ejecución de los trabajos de la constructora, tal y como apuntan los perito Sres. Martínez Suárez y Gómez León en sus respectivos informes. A este respecto cabe subrayar que la inexistencia de proyecto ni de libro de órdenes provoca también la inexistencia de los cálculos específicos de los medios auxiliares de la estructura, exigibles en opinión del perito Sr. Dela Prada Rivaa la dirección facultativa por razón de las ya repetidas características y singularidades del graderío. Como explica su informe, la instrucción de hormigón estructural EHE del año 1998 (aprobada por Real Decreto 2661/98, de 11 de diciembre, y vigente hasta diciembre de 2008; por tanto vigente al tiempo de la obra que nos ocupa), que es la normativa española sobre el cálculo y seguridad en estructuras  de hormigón, prevé en su artículo 4.4 que “cuando el proceso de ejecución de la obra requiera condiciones especiales éstas deberán detallarse al máximo, indicándose entre ellas la disposición de cimbras y encofrados cuando no sean usuales” y su artículo 95 impone a la dirección de la obra la obligación de control de la ejecución de la misma y en concreto para todo tipo de obra la comprobación en cuanto a cimbras y andamiajes de la existencia de cálculo, de sus planos, cotas y tolerancias y la revisión de su montaje. Sin embargo no existe ningún cálculo específico de los medios auxiliares en ningún proyecto ni documento, necesario por las ya repetidas singularidades de la estructura. Consta en autos un documento elaborado por Esdehor (dentro del informe pericial de D. Carlos Gómez León, folio 1326 del procedimiento) que ni siquiera alcanza la consideración propiamente dicha de “cálculos del apuntalamiento”, pues se trata simplemente del reflejo del número de puntales, peso de la losa y la determinación aritmética del peso que cada puntal soporta, algo muy alejado de las exigencias de determinación de los esfuerzos verticales y horizontales que precisaría el hormigonado de un graderío como el que nos ocupa cuyas singularidades conocía particularmente la dirección facultativa. El empleado de Esdehor autor de ese documento, D. Rubén García González, explicó en juicio que simplemente le solicitaron reflejar el peso a soportar por cada puntal, encargo encomendado por FIAGA sin la aportación al efecto de ningún dato, documento o plano del trabajo en cuestión, según refirió. El propio Sr. García González consideró que un cálculo de apuntalamiento propiamente dicho debería tener en consideración otras múltiples variables.

 

Es de destacar que la insuficiente cimbra que debía sujetar esa estructura tan peculiar, que comprometía esfuerzos verticales y horizontales, se estuvo desarrollando durante algo más de tres meses (desde mayo hasta agosto de 2006). Un período de tiempo tan amplio confirma que nos encontramos ante una obra considerable, de notable envergadura. Se trata de un período de tiempo suficientemente extenso como para haber podido advertir la inadecuación del sistema, cosa que sin embargo no denunció la dirección facultativa cuando por el contrario uno de sus empleados, el demandado Sr. Fernández García, sí que efectuó otras advertencias y correcciones como por ejemplo la necesidad de subida de una cota de hierro en una zona de la estructura del graderío el mismo día en que se inició el hormigonado, según expusieron en juicio dos empleados de la constructora FIAGA, D. Samuel Blanco Ordás y D. Andrés Torre Galán.

 

Finalmente también ha de subrayarse un último elemento que evidencia la responsabilidad de la dirección facultativa por la insuficiente atención prestada a la cimbra. Se trata del análisis del tratamiento que el pliego de condiciones del proyecto de ejecución definitivo (documento nº 17 de la contestación de D. Santiago Calatrava e In Hoc Signo) da a los medios auxiliares, de cuya elaboración se encarga la constructora. El citado documento refleja las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución de las obras del palacio de congresos. En las páginas 205 y ss. del documento se desarrollan los requisitos de los encofrados y cimbras para hormigones. Pues bien, frente a la minuciosidad y detalle en cuanto a las exigencias del encofrado (para el hormigón visto se exigen determinadas características a las tablillas, ciertos tratamientos a la madera, determinadas condiciones de las chapas metálicas, se exige color blanco a los separadores, y en general se desciende al detalle en relación a las juntas del encofrado para garantizar la obtención de un acabado limpio del hormigón a la vista) llama la atención que por el contrario respecto de la cimbra apenas se recogen unas vagas generalidades completamente ambiguas e insuficientes: solamente se exige que estén convenientemente diseñadas, montadas, arriostradas y soportadas de modo que se puedan transmitir adecuadamente y con seguridad todas las cartas verticales y laterales hasta que éstas puedan se recogidas por la estructura. Al combinar estas genéricas exigencias del apuntalamiento con la singularidad del elemento estructural del graderío -respecto del cual la propia dirección facultativa consideraba su carácter no convencional y que su hormigonado era la fase más delicada- termina de constatarse la responsabilidad de la dirección facultativa por la insuficiente supervisión técnica que desplegó sobre dicho elemento de sujeción de la peculiar estructura a hormigonar. Es incompleta la labor de la dirección de obra que se centra y preocupa en detalle en las condiciones del hormigón que quedará a la vista pero desatiende las circunstancias de las estructuras auxiliares que permitan la elaboración final del mismo.

 

 

OCTAVO.- Cuantificación de la indemnización. Una vez determinada la concurrencia de responsabilidades de todos los agentes intervinientes, sin que exista prueba suficiente como para individualizar la misma, procede resolver las discrepancias habidas entre las partes con respecto de la cuantía de los daños sufridos por la parte demandante con el siniestro.

 

La parte demandante reclama una indemnización de 3.510.000 euros, que es el importe que sufragó a su asegurada, Jovellanos XXI, como resultado de las negociaciones tenidas con la misma. Tales negociaciones según el relato de la demanda se basaron en los cálculos del informe pericial de D. Benjamín Martínez Suárez (documento nº 8 de la demanda), que estima una cuantificación total de los daños en 11.368.883,99 euros, y en los cálculos del informe pericial de D. Roberto Candás García y D. Álvaro Montoya Sáez que ajustando algunos conceptos a las cláusulas del contrato de seguro estiman un importe de 3.604.037,34 euros, del que todavía deducen noventa mi euros de franquicia contractual.

 

Por el contrario las defensas de D. Santiago Calatrava e In Hoc Signo y de D. Carlos Fernández García discrepan de esas valoraciones y con apoyo en el informe pericial elaborado por la entidad Intemac estiman un importe de reconstrucción del graderío de 1.544.629,39 euros más 11.552 euros por adecuación para nuevas estructuras y 147.997,45 euros por reparación de la losa del forjado -2 (en total, 1.704.178,04 euros).

 

Procede estimar íntegramente la reclamación efectuada porque el contraste de todas las pruebas de valoración de los daños permite considerar que los mismos no quedan por debajo de los 3.510.000 euros solicitados. De hecho la única prueba encaminada a tal posibilidad es el citado informe de Intemac, en cuyos parámetros de valoración de los daños, sin embargo, se observan algunas insuficiencias que están superadas por la valoración ofrecida por el perito Sr. Martínez Suárez, corroborada por los peritos Sres. Candás García y Montoya Sáez. En primer lugar el informe de valoración de Intemac únicamente abarca los conceptos de “adecuación para nuevas estructuras”, “reparación de losa del forjado-2”y “reconstrucción del graderío”. No se computa cuantía alguna por “medidas de salvamento” ni por “demolición y desescombro”. Se trata por tanto de un informe incompleto porque solamente tiene en cuenta el daño material directo, pero no la totalidad del perjuicio ocasionado al titular de la obra, perjuicio que ciertamente abarca también los gastos asumidos para el salvamento, demolición y desescombro ya que son trabajos sin los cuales resultaría imposible posteriormente efectuar las reparaciones y reconstrucciones ulteriores. Además respecto de los costes de las medidas de salvamento (tasados -pero no computados- por Intemac en 317 mil euros frente a los 676 mil de las otras periciales) el informe pericial de la parte demandada expresamente hace constar que no tiene en cuenta la consideración del carácter de urgencia, sin que se aporte mayor razón o justificación para la exclusión de esa circunstancia que, por el contrario, se considera implícitamente concurrente en las circunstancias del colapso que nos ocupa.

 

Asimismo y en cuanto a los costes de adecuación para nuevas estructuras el informe de Intemac excluye de consideración varias facturas entendiendo que los trabajos reflejados en las mismas deberían incluirse en el apartado anterior, de demolición y desescombro. Sin embargo en dicha sección tampoco incluye el informe el coste concreto de las citadas facturas, las cuales en cualquier caso reflejan un desembolso económico realmente habido. Además es discutible que algunos conceptos facturados tengan que obedecer a la demolición y no a la preparación para nuevas estructuras -como pueden ser los costes de corte con hilo diamantado ascendentes a más de 242 mil euros, ya que como explicó en juicio el perito Sr. Montoya Sáez ese trabajo sirvió para conservar algunas porciones aprovechables de la estructura separándolas mediante cortes de hilo de diamante, lo que parece ser ciertamente útil para una adecuación de la nueva estructura futura y no tanto un trabajo de demolición-. Esa desconsideración de gran parte de las facturas provoca una desproporcionada diferencia en la cuantificación de los trabajos de adecuación para nuevas estructuras, cifrada en once mil euros por Intemac, frente a los 378 mil computados por el perito Sr. Martínez Suárez. Finalmente en cuanto al cálculo del coste de reconstrucción del graderío (1.544.629,39 euros estimados por Intemac frente a 2.032.975,40 euros peritados por la parte demandante) llama la atención que el informe aportado por los demandados expresamente excluya el coste de construcción de los muros añadidos tras el siniestro: se trata de cinco nuevos muros de apeo no existentes en el proyecto inicial del graderío, que en el nuevo no sólo cumplen una función estética sino también adicionalmente un refuerzo estructural de la distribución de cargas del voladizo, según confirmaron en juicio todos los peritos. Por lo tanto no cabe excluir íntegramente la totalidad de su coste de la indemnización por la reconstrucción ya que en parte son elementos que contribuyen estructuralmente a la misma. Además la valoración de la reconstrucción del graderío efectuada por Intemac excluye parcialmente algunos importes, sobre la base de una estimación aproximada y no contrastada de unidades de trabajos parcialmente conservados.

 

Con todas estas circunstancias resultan mucho más fiables los detallados cálculos del perito Sr. Martínez Suárez, que están corroborados además con el informe de los Sres. Candás García y Montoya Sáez. El perito Sr. Martínez Suárez comprobó in situ pocos días después del siniestro el estado en que quedó la estructura, dato que refuerza la fiabilidad de sus estimaciones frente a los fragmentarios cálculos de Intemac, exclusivamente basados en el estudio de la documentación pericial y fotográfica existente sin disponer de una inspección directa del lugar de los hechos que reforzaría la solvencia de su conocimiento.

 

 

NOVENO.- Intereses. Sobre la cantidad reclamada solicita también la parte demandante la imposición de intereses. Conforme al artículo 1108 del Cc la demora en el cumplimiento de una obligación consistente en el pago de una cantidad de dinero, como es el caso que nos ocupa, da lugar a los intereses pactados por las partes o en su defecto al interés legal del dinero. Esta última solución procede aplicar en el caso que nos ocupa, y ello a computar desde la fecha de interposición de la demanda que constituye, conforme al art. 1100 del mismo Cc, la fecha de reclamación.

 

 

DÉCIMO.- Costas. En cuanto al pago de las costas procesales el artículo 394 dela LEC dice que se impondrán a la parte que haya visto totalmente desestimadas sus pretensiones. Conforme a dicha norma, en el caso que nos ocupa debe considerarse por separado la acumulación subjetiva de acciones, de tal manera que las costas de las demandas interpuestas contra D. Carlos Fernández García y contra la aseguradora Axa han de ser impuestas a la parte demandante, por resultar dichas demandas desestimadas. Por el contrario, y en cuanto a las demandas dirigidas contra D. Santiago Calatrava Valls, In Hoc Signo Vinces SL, FIAGA SA y Esdehor SL se habrán de imponer las costas a dichas demandadas, al resultar íntegramente estimadas las prensiones dirigidas en su contra.

 

 

 

FALLO

 

 

 

ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta porla Procuradora Sra.Alonso Argüelles, en nombre y representación de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA, contra D. Santiago Calatrava Valls, In Hoc Signo Vinces SL, FIAGA SA y Esdehor SL, a quienes CONDENO a pagar conjunta y solidariamente a la demandante la cantidad de 3.510.000 euros más el interés legal del dinero a computar desde el día 10 de marzo de 2010. Todo ello con imposición del pago de las costas a las citadas demandadas.

 

Y DESESTIMAR las demandas interpuestas porla Procuradora Sra.Alonso Argüelles, en nombre y representación de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, contra D. Carlos Fernández García y contra Axa Assurances, imponiendo el pago de las costas causadas a la parte demandante.

 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación antela Audiencia Provincialde Asturias que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta resolución.

 

Llévese el original al libro de sentencias.

 

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION.-  Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, por ante mí la Secretario, de lo que doy fe.

 

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