Coronavirus en Asturias | El Gobierno sepulturero de Sánchez rechaza confinar Asturias pese a una presión hospitalaria insoportable | Un ‘no’ -al menos, de momento- que llegó precisamente en la peor jornada en Asturias desde que comenzó la pandemia, con un total de dieciocho fallecimientos por la covid-19 y casi 860 personas hospitalizadas, un centenar de ellas en unidades de cuidados intensivos / El único compromiso que se consiguió ayer es que, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde, en los próximos días las dos administraciones harán un seguimiento de la incidencia de la covid-19 en Asturias en una nueva reunión bilateral / La vicepresidenta Carmen Calvo por primera vez se atrevió a dar una fecha, el 9 de noviembre, como tope para decidir si se sigue adelante como hasta ahora o se da a las comunidades la herramienta legal para decretar el encierro en casa las que así lo quieran: un nuevo decreto de estado de alarma que reclaman de forma oficial u oficiosa cada vez más territorios / Los técnicos del Ejecutivo central, conscientes de que el margen de maniobra cada día que avanza es menor y que la posible ampliación del toque de queda y el cierre de bares y restaurantes podría tener «escasos efectos», trabajan desde hace una semana en un borrador con la vista puesta a mediados de mes por si fuera necesario ese nuevo decreto. Un texto en el que, no obstante, el Gobierno central no asumiría el mando único, ya que serían las autonomías las que determinarían hasta dónde llegan en los aislamientos de sus poblaciones

El inepto Ministerio de Sanidad se da de plazo hasta el lunes para analizar el efecto de las actuales restricciones antes de adoptar nuevas medidas.


El Principado no podrá confinar a la población en sus casas, como pretendía el Ejecutivo autonómico. La respuesta del Ministerio de Sanidad fue ayer de nuevo un rotundo ‘no’.

Como el que ya había avanzado el ministro Salvador Illa el lunes, cuando Asturias lanzó sus SOS y reclamó al Gobierno central el respaldo legal para poder aplicar esta medida ante el imparable incremento de casos y, sobre todo, el riesgo de colapso del sistema sanitario a la vista de cómo iban aumentando los ingresos en hospitales y en las unidades de cuidados intensivos (en el caso de las UCI a un ritmo de diez o doce pacientes diarios, según la Consejería de Salud) en los últimos días.

Un ‘no’ -al menos, de momento- que llegó precisamente en la peor jornada en Asturias desde que comenzó la pandemia, con un total de dieciocho fallecimientos por la covid-19 y casi 860 personas hospitalizadas, un centenar de ellas en unidades de cuidados intensivos.

«La situación de estrés en el ámbito hospitalario es grande, sobre todo en las UCIs. Esa presión hospitalaria se debe, entre otras causas, a que tenemos la población más envejecida de España y eso hace aumentar los ingresos», insistía ayer el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, en declaraciones a una televisión nacional, para sostener la petición del Ejecutivo asturiano.

Sin embargo, el segundo encuentro telemático en 24 horas entre ambas administraciones no sirvió para que Sanidad moviera ni un milímetro su posición. A su término, el departamento de Illa insistía en que «antes de dar nuevos pasos» hay que «darse un tiempo» para ver los efectos de las medidas aplicadas desde el último decreto del estado de alarma (como el toque de queda o el cierre perimetral de la región) y las que hoy entran en vigor en el Principado (el cierre de las actividades no esenciales y el adelanto en dos horas de la restricción de movilidad nocturna) para «comprobar su eficacia en la evolución de la pandemia».

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   No es, ni mucho menos, lo que quería el Ejecutivo de Adrián Barbón. El Principado estaba más que dispuesto a dar ese paso y decretar el confinamiento temporal de la población, pero es una cuestión que escapa a sus competencias, así que está atado de pies y manos.

«Si tuviéramos la capacidad, estaríamos decretando el confinamiento», aseguró el lunes el consejero de Salud, Pablo Fernández.


En la videoconferencia con Salvador Illa, se insistió en el delicado momento que atraviesa la región, en una situación de transmisión comunitaria sostenida, de difícil control y con una presión creciente en el sistema sanitario que la sitúa al borde del colapso hospitalario. También se volvieron a poner sobre la mesa los indicadores que sitúan al Principado en un escenario de muy alto riesgo.

Las incidencias acumuladas actuales multiplican casi por cuatro las que había a principios de octubre. Los últimos datos fijan en 420 casos por 100.000 habitantes la incidencia acumulada de los últimos catorce días. También preocupa la situación del sistema sanitario, el incremento de los casos graves y el aumento de las hospitalizaciones.


El ministerio reflejaba ayer en su estadística que la ocupación de las camas UCI estaba al 38% (el porcentaje se estima teniendo en cuenta el total de las 240 que se podrían llegar a utilizar y no las 147 instaladas ahora mismo) y la de camas de hospitalización, al 22%.

El único compromiso que se consiguió ayer es que, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde, en los próximos días las dos administraciones harán un seguimiento de la incidencia de la covid-19 en Asturias en una nueva reunión bilateral.

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Un penúltimo cartucho

Desde el Ejecutivo central insisten en que hay que esperar a ver si las restricciones ya en marcha tienen algún efecto. La cuestión es que en Sanidad confían, aunque sin llamarse a engaño, en que las comunidades todavía tengan un penúltimo cartucho con el cierre de la hostelería (las que todavía no lo han hecho) para tratar de embridar algo la transmisión desbocada de la covid.

En la misma línea se pronunció el impresentable director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, al ser preguntado por la petición de Asturias. «No se descarta nada, pero debemos ser comedidos», planteó Fernando Simón antes de insistir en que esto «no es una carrera para ver quién implementa mayor numero de medidas».

La vicepresidenta Carmen Calvo por primera vez se atrevió a dar una fecha, el 9 de noviembre, como tope para decidir si se sigue adelante como hasta ahora o se da a las comunidades la herramienta legal para decretar el encierro en casa las que así lo quieran: un nuevo decreto de estado de alarma que reclaman de forma oficial u oficiosa cada vez más territorios.


A Asturias y Melilla (que también durante el fin de semana pidió que se le permita el encierro), se unió ayer Ceuta, también muy azotada en esta segunda ola.

La Junta de Castilla y León no llegó a sumarse oficialmente a las comunidades que solicitan ese nuevo estado de alarma que ampararía el confinamiento, pero anduvo cerca. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, exigió al Gobierno central que «asuma las medidas de excepción que la excepcional situación requiere», entre ellas, «el confinamiento si fuera preciso».

Al margen de la Comunidad Valenciana, que pese a estar entre las autonomías con menor incidencia prorrogó su cierre perimetral, ninguna otra comunidad hizo nuevos anuncios de más restricciones, pero sí que otros gobiernos dejaron, en mayor o menor grado, abierta esta puerta.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, abogó por esperar a principios de la próxima semana para ver si disminuye la propagación, pero ya avisó de que no descarta el aislamiento domiciliario con vistas a salvar la Navidad.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, también admitió que ese tipo de cierres en su comunidad «están encima de la mesa». Hay otro grupo de comunidades, con País Vasco a la cabeza, que sin descartar por el momento pedir el estado de alarma, creen que todavía el cierre de la hostelería y otras medidas restrictivas podrían servir para esquivar el confinamiento.

Mientras que las autonomías que están por debajo de la incidencia acumulada de la media nacional (como Madrid, Valencia, Cantabria, Galicia o Baleares) descartan de manera tajante tener que recurrir al estado de alarma por ahora, otros territorios con tasas máximas de contagios (como Navarra, Aragón o La Rioja) mantienen silencio sobre su posición oficial.

«Vamos a intentar que eso (el encierro en los domicilios) no llegue. No adelantemos fases y centrémonos en cumplir todas las normas y esperemos hasta el día 9 para evaluar las actuales medidas, siguiendo día a día las circunstancias como hay que hacer en una pandemia como esta», explicó Carmen Calvo. La número dos del Ejecutivo confirmó que el confinamiento domiciliario «es una limitación del derecho fundamental a la libertad deambulatoria», por lo que «solo puede decretarlo el Gobierno de España».

No obstante, los técnicos del Ejecutivo central, conscientes de que el margen de maniobra cada día que avanza es menor y que la posible ampliación del toque de queda y el cierre de bares y restaurantes podría tener «escasos efectos», trabajan desde hace una semana en un borrador con la vista puesta a mediados de mes por si fuera necesario ese nuevo decreto. Un texto en el que, no obstante, el Gobierno central no asumiría el mando único, ya que serían las autonomías las que determinarían hasta dónde llegan en los aislamientos de sus poblaciones.



https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-gobierno-rechaza-confinamiento
-pese-presion-hospitalaria-insostenible-20201104000653-ntvo.html

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