Toque de Bruselas a Sánchez: cuestiona la subida de las pensiones, el SMI y avisa del descontrol en el déficit / La Comisión alerta de los desequilibrios de la economía española. Pide más reformas y flexibilidad. Apenas hay progresos en las cuentas públicas – Libertad Digital

España ha conseguido “un progreso limitado” en las Recomendaciones de la Comisión Europea para 2018 (Country Specific Recommendations – CSR). Ésta es la principal conclusión del informe que el Ejecutivo Comunitario ha presentado este miércoles.

Se trata del informe anual que llega desde Bruselas en el mes de febrero dentro del conocido como Semestre Europeo. Entre marzo y abril, llegan las reuniones entre los técnicos de la Comisión y de los países miembros. Luego, en mayo, una vez conocidos los informes de los primeros y los apuntes de los segundos, la CE emite el CSR. En otoño es el momento de los planes presupuestarios y las previsiones de crecimiento, empleo o déficit. Y finalmente, en febrero, las notas: la Comisión hace balance del ejercicio, de lo conseguido y de lo que queda por delante.

Pues bien, en lo que respecta a 2018, los resultados son muy flojos. Sí, hay crecimiento, pero no se está aprovechando, si hacemos caso a lo que aseguran desde Bruselas, para acometer las reformas que nuestro país necesita. Es más, en algunos casos, lo que se intuye es que caminamos hacia atrás. No sólo no nos acercamos a los objetivos establecidos en años anteriores, sino que nos alejamos de ellos.

También es verdad que los informes de la Comisión sirven para lo que sirven. Desde el lenguaje, con ese punto burocrático y muy diplomático que gusta tanto en Bruselas, es casi siempre muy matizado. Salvo en casos de enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno del Estado miembro, nunca hay un reproche abierto. Sólo en situaciones muy extremas (con Grecia en 2015 o con Italia el pasado año) suben un poco de tono los comentarios.

En lo que tiene que ver con España, el documento de este miércoles no supone una ruptura con los publicados cuando era Mariano Rajoy quien vivía en La Moncloa. La mayoría de los temas se mantiene: alerta sobre los niveles de déficit y deuda pública, petición de más reformas y recomendaciones para que enfrentemos los desequilibrios clásicos de nuestra economía (dualidad, poca formación en determinados sectores del mercado laboral, rigideces en mercados de bienes y servicios, unidad de mercado…). Así, lo que más llama la atención es que, a pesar de los poquísimos avances que la Comisión constata año tras año, haya tan pocas consecuencias (si es que hay alguna, lo que es dudoso).

Pero sI hay algunas cuestiones destacadas que tienen que ver con Pedro Sánchez. 

La Comisión cuestiona y expresa sus dudas acerca de varias de las decisiones que ha tomado el presidente desde que llegó a La Moncloa: desde la subida del Salario Mínimo hasta la derogación en la práctica de la reforma de las pensiones de 2013. Y eso por no hablar de la principal advertencia que nos lanza Bruselas: en lo que tiene que ver con el déficit y la deuda, no sólo no hay margen para ese incremento que el Gobierno llevaba en sus presupuestos originales para 2019, sino que la CE cree que situación de España, a medio y largo plazo, es preocupante.

Las recomendaciones

La primera advertencia de Bruselas no puede decirse que sea culpa de Sánchez o Rajoy, aunque sí forman parte del problema. La Comisión alerta acerca del peligro de que la nueva realidad política española afecte al ritmo de cumplimiento de las recomendaciones. Así, afirma que “el contexto político” del pasado año, con un cambio de Gobierno en junio y elecciones previstas para abril, “se ha visto reflejado en la lentitud en el progreso de las reformas”.

Esto es relevante por muchas razones y una de las más importantes es la ralentización del ritmo de crecimiento. La economía española, que crecía por encima del 3% en 2016 y 2017, acabará el año, si se cumplen las estimaciones de la Comisión, rozando el 2% (y por debajo de esa frontera en 2020). Y no es sólo una cuestión macro, también se está ralentizando la tasa de creación de empleo: según estas previsiones, a finales de 2020 la economía española mantendrá una tasa de paro del 13,3%, muy por encima de las del resto de países ricos de la UE.

Como casi siempre en estos documentos que llegan desde Bruselas, la parte más importante, la que más titulares acapara es la que tiene que ver con las cuentas públicas. Es lógico que así sea. La capacidad de la Comisión para presionar con las reformas es limitada. En lo que respecta al déficit o la deuda, tampoco es que sus amenazas sirvan de mucho, pero sí tiene un cierto ascendente. Ahí está el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se cumple de aquella manera, pero que en teoría obliga a todos los estados.

Pues bien, en este documento del invierno de 2019, el Gobierno comunitario mantiene la misma línea que en anteriores comunicaciones sobre España. Un mensaje que podría resumirse en que es cierto que hemos pasado lo peor (la crisis de 2010-2012) pero nos estamos relajando. Nuestra situación es relativamente estable a corto plazo, pero hay numerosos riesgos en el horizonte.

De hecho, a la hora de valorar los avances en este tema, la Comisión nos da la peor nota posible. En cuanto a la consolidación presupuestaria, el documento asegura que no ha habido “ningún progreso” en el último año. Sólo esta frase ya es algo que en sí mismo llama la atención porque es relativamente sencillo que se califique con el más diplomático Progreso limitado. Pues bien, ni siquiera eso conseguimos:

  • La estructura institucional para el manejo prudente de las finanzas públicas no se ha reforzado. Se está construyendo una nueva estructura de gobernanza en la contratación pública, pero no ha sido establecida una estrategia a escala nacional.
  • Si se ajusta a la realidad del ciclo económico, el déficit público español permanece en un nivel obstinadamente elevado. Mientras que el nivel impositivo es bajo en relación a los gastos. En lo que hace referencia a las pensiones, los recientes cambios realizados en la reforma de 2013 y los planes para restablecer la revalorización de las prestaciones conforme a un índice de precios probablemente incrementarán de forma significativa el gasto en el medio y largo plazo, a no ser que se tomen medidas compensatorias
  • Aunque España no enfrenta riesgos de sostenibilidad fiscal en el corto plazo, estos riesgos sí son elevados en el medio plazo, principalmente debido al nivel inicial de deuda y déficit del Gobierno
  • En el largo plazo, España está condenada a un elevado riesgo de sostenibilidad presupuestaria. (…) Existe un agujero equivalente al 2,3% del PIB [entre 25.000 y 30.000 millones de euros] que debe ser cerrado para equilibrar la deuda en el largo plazo.
  • El Plan Presupuestario de España está en riesgo de incumplir los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Aunque se espera que España pueda corregir su déficit excesivo [es decir, pueda bajar del 3,0% del PIB] en 2018, la Comisión proyecta un riesgo de desviación significativa en el camino de ajuste requerido respecto al objetivo de déficit a medio plazo. Además, no es previsible que España haga el suficiente progreso en lo que hace referencia al objetivo de reducción de la deuda pública para 2019
  • Aunque España no enfrenta un riesgo inmediato de tensión presupuestaria, los riesgos sobre su sostenibilidad son elevados en el medio y largo plazo. Además, algunas variables fiscales señalan hacia retos en el corto plazo, especialmente si en los mercados financieros cambia esta percepción.
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En resumen: mucho cuidado, porque aunque ahora mismo no parezca haber grandes riesgos en el horizontes, estos se pueden materializar rápidamente en muy poco tiempo. Nuestro déficit estructural (el que no tiene en cuenta el ciclo) sigue en el 3,1% y no nos movemos de ahí en 2019 y 2020. Además, la deuda ya no está en el 35-40% del PIB, como en 2007, antes de la última crisis. Ahora estamos rondando el 100% (y como puede verse en el gráfico, lo normal es que sigamos, más o menos, ahí la próxima década). Cualquier shock externo puede ser muy dañino. No sólo, el informe también advierte sobre las decisiones que estamos tomando. En concreto, apunta a las consecuencias a medio plazo de las contra-reformas de las pensiones que estamos viviendo en los últimos años y que, según los cálculos de la Comisión, podrían incrementar el gasto público hasta 4 puntos del PIB de aquí a 2050. Y un apunte interesante: para cerrar el agujero presupuestario, la Comisión también pide subir impuestos. Pero eso sí, en el que hace más énfasis, como casi siempre en este tipo de recomendaciones, es en el IVA, justo el impuesto que menos quieren tocar los políticos españoles (tampoco este Gobierno que, si acaso, quiere llevar todavía más productos a los tipos reducidos e hiperreducidos).

Por supuesto, el informe de la Comisión también incluye las consabidas y tantas veces escuchadas peticiones de reformas. Tampoco hay casi nada nuevo aquí. Aunque de nuevo, apenas hay aspectos en los que las propuestas de Bruselas coincidan con lo que llega desde La Moncloa. Por ejemplo, en mercado laboral, se reconoce “las fuertes ganancias de empleo” conseguidas con las últimas reformas (la del 2012, que el Gobierno parece decidido a cargarse este mismo viernes) y se alerta del alto nivel de desempleo y dualidad del mercado laboral español. Las propuestas son las de siempre: mejorar la formación de la fuerza laboral (sobre todo jóvenes y parados de larga duración), mejorar la flexibilidad de los mercados para favorecer la movilidad de los factores productivos, impulsar la contratación indefinida, eliminar barreras a la competencia en los mercados de bienes y servicios, impulsar una regulación tributaria que facilite el crecimiento económico, eliminar barreras al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, mejorar la implantación de la Ley de Unidad de Mercado, unificar la regulación allí donde se pueda, remover obstáculos para la prestación de servicios profesionales…

Son cuestiones muy abiertas y en las que cualquier Gobierno (lo hizo el de Rajoy y ahora lo hará el de Sánchez) puede decir que está trabajando. Pero no parece que seamos los primeros de la clase en este tema. De hecho, lo que hemos visto en los últimos meses (por ejemplo, con el conflicto entre el taxi y las VTC o con el impuesto tecnológico) apunta directamente en la dirección contraria. No sólo no se reducen las barreras al cambio, sino que cada vez que se encuentra ante la disyuntiva, el Gobierno español (sea del color que sea) apuesta por lo establecido frente a la novedad.

Y un último apunte. También hay un pequeño apartado en el informe para la medida que más publicidad ha tenido por parte del Gobierno, la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Esto es lo que opina la Comisión: “El Gobierno ha propuesto incrementar el salario mínimo un 22,3% en 2019, por encima del incremento de la inflación y de la productividad esperada. El impacto previsible de este incremento en el empleo podría variar entre regiones, sectores y categorías de trabajadores. En las simulaciones existentes, y específicas para España, se estima que el incremento del SMI a 900€ podría generar un efecto negativo en el empleo de hasta 125.000 puestos de trabajo netos. Este efecto negativo podría ser peor para ciertos grupos, como mujeres, jóvenes o trabajadores de baja cualificación y aquellos con contratos temporales”.

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