Una treintena de asociaciones animalistas de Galicia rechazan el proyecto de ley de protección animal de la Xunta

-LA XUNTA SE LUCE-

Multas de hasta 5.000 euros en Galicia por recoger animales abandonados-

La Xunta impulsa una ley que sanciona a particulares que rescaten perros y gatos de la calle sin permiso, tampoco se podrán alimentar en la calle, ni se podrá adoptar ejemplares enfermos-

Solo protege a los animales de compañía, dejando fuera a los animales de autoconsumo, los équidos, los animales de experimentación y los toros de lidia.

La prohibición de alimentar animales en los espacios públicos en los espacios públicos, señalan, “condenaría a morir de inanición a miles de animales en toda Galicia” y el veto a la adopción de ejemplares enfermos “los condena a la reclusión en perreras y protectoras”.

Alrededor de una treintena de asociaciones animalistas de distintos puntos de Galicia han expresado su rechazo al proyecto de ley de protección animal que ha comenzado a tramitarse en la Cámara, por entender que “pretende hacer negocio con el abandono de animales”, en lugar de “acabar” con esta práctica. 

Las asociaciones de protección animal, entre las que se encuentran Os Biosbardos, Aspap, Aloia, la Asociación Gatiños da Rúa y la Asociación Amigos de los Animales, explican que la ley del PP deja estos servicios “en manos de empresas privadas”, ya que sanciona con multas de hasta 500 euros a quien alimente a un animal abandonado sin autorización, una sanción que podría alcanzar los 5.000 euros si lo recoge de la calle. A su juicio, la nueva norma pone “palos en las ruedas a las asociaciones de protección y defensa animal y personas individuales animalistas que llevan años dejándose la piel” en esta actividad “de forma altruista y desinteresada”, pese a que se trata de una tarea que deberían “atender las administraciones y gobiernos de turno”.

Entre las principales críticas destaca que la norma autonómica “reduzca” la protección “sólo a los animales de compañía”, excluyendo los animales de autoconsumo, los équidos, los animales de experimentación y los toros de lidia. Los colectivos censuran que la Xunta endose a los alcaldes “la responsabilidad superior en la defensa y protección de los animales” e insta al Gobierno gallego a dotar a los Ayuntamientos de “partidas presupuestarias necesarias para su correcta aplicación”.

La prohibición de alimentar a los animales en los espacios públicos, señalan, “condenaría a morir de inanición a miles de animales en toda Galicia” y el veto a la adopción de ejemplares enfermos “los condena a la reclusión en perreras y protectoras”.

La plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas, por su parte, ha reivindicado que la tramitación de la norma ponga fin a las corridas de toros en la comunidad, una actividad, señalan sus portavoces, “muerta socialmente a tenor de todas las encuestas y sondeos de opinión publicados en la última década”.

La entidad plantea “un veto gradual” de la tauromaquia que comience por prohibir los llamados espectáculos taurinos “menores”, como las sueltas de vaquillas o las capeas, y cita el ejemplo de Valga, donde el Ayuntamiento aún financia con 3.000 euros un evento de este tipo. Pontevedra, recuerda Galicia, Mellor Sen Touradas, es el único municipio gallego con plaza de toros y su feria taurina ha sido reducida a tres jornadas “después de que la Diputación de Pontevedra cerrara el grifo”.

Unas treinta asociaciones animalistas de distintos puntos de Galicia han expresado su rechazo al proyecto de ley de protección animal. Estos grupos exigen que la nueva normativa obligue a identificar a todos los animales de compañía, no solamente a los perros como hasta ahora; que se aumenten los tiempos para la recogida de animales abandonados, y que se suprima la catalogación como infracción muy grave de la recogida de animales extraviados o abandonados.

Entre los 17 puntos que suscriben, también rechazan el aumento de razas y de cruces considerados ‘potencialmente peligrosos’, teniendo en cuenta que la comunidad autónoma gallega lidera el ránking español al ser la que tiene más razas así catalogadas.

Entre protestas de asociaciones protectoras, el Parlamento de Galicia ha iniciado este martes la tramitación, solo con los votos del PP, de una ley de bienestar animal que prevé multas de entre 500 y 5.000 euros para quien recoja un perro o un gato abandonado sin contar con un permiso administrativo. La norma, que también incluye sanciones de entre 100 y 500 euros para quien alimente a un animal callejero, supone, según denuncian el PSdeG-PSOE y los grupos animalistas, un varapalo para los voluntarios que “de forma altruista” se dedican desde hace años al rescate de canes y felinos vagabundos o extraviados.

  • El proyecto de Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia, que tras su aprobación parlamentaria deberá ser desarrollada a través de un reglamento, califica en su artículo 39 de infracción grave “la recogida de animales vagabundos o extraviados sin la correspondiente autorización” y la “cesión en adopción de animales abandonados sin cumplir los requisitos establecidos”. Estos comportamientos serán sancionados con multas de entre 500 y 5.000 euros, iguales a las previstas, por ejemplo, para quien inflija “maltrato a los animales que les cause dolor, sufrimiento, lesiones o daños no invalidantes ni irreversibles”. Tambien se castiga con hasta 5.000 euros la venta de animales “enfermos o con taras”.

La norma del Gobierno gallego está inspirada en la ley de protección animal que aprobó la Comunidad de Madrid en 2016 pero con una diferencia importante. El texto madrileño impone sanciones de hasta 9.000 euros solo a las protectoras que recojan animales abandonados sin autorización, pero en ningún caso a particulares.

El PSdeG-PSOE, que ha presentado sin éxito una enmienda a la totalidad, ha acusado al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de aprobar una ley “elaborada en un despacho por personas que planean por encima de los animales”, “sin reconocer la labor desinteresada” de asociaciones protectoras y voluntarios y de espaldas al mundo rural. La socialista Patricia Vilán ha alertado de que la redacción de la norma en lo relativo a los daños sufridos por los animales pueden poner en aprietos a los propietarios de perros policía, de caza o lazarillos. “El mastín de un pastor puede sufrir daños durante su trabajo y no deberían ser sancionables”, ha reclamado la diputada del PSOE.

En su intervención en el pleno, la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Mato, no ha explicado las razones por las que se castiga la recogida de perros y gatos abandonados, pero fuentes de su departamento han señalado que el objetivo es “dar garantías a los animales recogidos y a sus propietarios” y que se pueda comprobar si tiene dueño y se ha perdido. “Lo que se pretende es que una persona pueda recoger un animal abandonado, pero que a continuación lo lleve a un centro autorizado donde se puedan hacer todas las comprobaciones oportunas”, señalan desde la consejería.

Desde la tribuna del Parlamento, Mato ha defendido la nueva ley autonómica como “la más ambiciosa y completa” de España en el ámbito de la protección animal, a la altura de países europeos como Holanda. “En ningún país europeo permitirían un texto como este que permite la barbaridad de las corridas de toros”, ha replicado Luis Bará, del BNG.

La exclusión en la norma de las fiestas taurinas y de la lucha contra el maltrato a los caballos ha sido criticada también por el PSdeG, ya que en el título se limita su ámbito a la protección de los animales de compañía pero en el texto sí se prohíbe, por ejemplo, la utilización de especies salvajes en los circos. “Es una oportunidad perdida”, ha lamentado la socialista Vilán, quien ha anunciado que su grupo presentará otras 53 enmiendas parciales para intentar introducir cambios en un proyecto que, por otro lado, también sanciona la exhibición de mascotas en escaparates o su empleo en trabajos que requieran inmovilizaciones dolorosas.

Representantes de sociedades protectoras se han manifestado este martes a las puertas del Parlamento gallego contra la aprobación de esta norma. Consideran que su contenido pone “palos en las ruedas a las asociaciones de protección y defensa animal y personas individuales animalistas que llevan años dejándose la piel” en esta actividad “de forma altruista y desinteresada”, pese a que se trata de una tarea que deberían “atender las Administraciones y gobiernos de turno”.

La nueva ley endurece los requisitos administrativos y sanitarios que deben cumplir estas entidades, lo que a su juicio supondrá abrir el abandono de animales al “negocio de empresas privadas”.

La consejera de Medio Ambiente ha prometido impulsar en el futuro una línea de ayudas para que estos colectivos se adapten a las nuevas exigencias legales (el manido recurso del ‘ya si eso, mañana…).

FUENTES: EL PAÍS / Galicia Confidencial

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