El grupo minero de Victorino Alonso solicita el preconcurso de acreedores y el Gobierno baja el sueldo de 8.000 mineros prejubilados

GOLPE MINERÍA

El grupo minero de Victorino Alonso –Uminsa y Coto Minero Cantábrico o CMC- ha solicitado en un juzgado mercantil de Madrid el preconcurso de acreedores, figura jurídica que le permite afrontar con más garantías el “inicio de negociaciones con sus acreedores para lograr un acuerdo de refinanciación de sus deudas”, según un comunicado oficial.

La notificación se produce justo en el momento en que el empresario leonés está siendo investigado por la desaparición de 500.000 toneladas de reservas estratégicas de carbón que custodiaba para Hunosa. Al mismo tiempo, esta misma jornada, Alonso se reunía con el Secretario de Estado de Energía, Álvaro Nadal, con los representantes de los sindicatos mineros y con la patronal Carbunión para tratar sobre el nuevo plan de ayudas al carbón hasta 2018.
En el orden del día de la reunión no figura, sin embargo, la denegación de las ayudas a las mineras privadas (además de las del grupo Alonso, la Hullera Vasco Leonesa y otras dos pequeñas compañías mineras) ni el conflicto con las eléctricas. Casi todo el sector mantiene en estos momentos EREs temporales.
Con una investigación judicial abierta y después de que el Gobierno le haya denegado la ayudas del plan del carbón que le correspondían de 2012 (casi 50 millones) alegando que no están al corriente del pago de las cuotas a la Seguridad Social, la decisión de Alonso es interpretado como un elemento de presión más para defender sus intereses de cara a las negociaciones.
El controvertido empresario leonés justifica la decisión por la drástica reducción de su producción, después de que las eléctricas hayan impugnado la resolución que establecía las condiciones para la compra obligatoria de carbón nacional en 2013 por considerar que el precio no cubría los costes.
El anuncio del preconcurso se ha producido esta tarde, casi al tiempo en el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo instaba a la Guardia Civil a que investigue la desaparición de 500.000 toneladas de carbón propiedad de Hunosa del Almacenamiento Estratégico Temporal (AETC), custodiadas en terrenos de empresas del Grupo Alonso, propiedad del empresario minero leonés.
El pasado mes, la minera pública Hunosa anunció que presentará una querella criminal por apropiación indebida o por estafa contra el grupo Alonso por un quebranto que podría situarse en los 46 millones de euros tras la desaparición de la hulla almacenada en explotaciones del empresario leonés.
En su defensa, las mineras de Alonso aseguran no haber causado hasta ahora ningún perjuicio económico a Hunosa al haber atendido “puntualmente” todas sus órdenes de suministro y recuerda que esta empresa percibe cada mes los ingresos de la regularización por calidad de las entregas más el beneficio por la subida de los precios del carbón desde 2009.
Fuente: El Comercio

PREJUBILACIONES EN RIESGO

Una notificación de la dirección de la empresa pública minera Hunosa anunciando la paralización de sus aportaciones a los fondos para pagar las prejubilaciones de los trabajadores del sector ha encendido los ánimos en las comarcas carboníferas de Asturias: alrededor de 8.000 retirados perderían entre 60 y 600 euros al mes en sus salarios, dependiendo del plan al que se hubieran acogido para dejar de trabajar.

La reacción de los afectados ha sido muy contundente y este jueves, a primera hora de la mañana, dos millares de personas se concentraron delante de las oficinas de Hunosa para hacer patente su repulsa y recorrieron en manifestación el trayecto que va desde esos locales a la Delegación del Gobierno, censurando lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno.

Hunosa se remite a una resolución integrada en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 que determina que ninguna empresa dependiente de la SEPI puede proveer fondos para el pago de las prejubilaciones, acogiéndose a una restrictiva interpretación de la Abogacia del Estado del artículo 22 de la citada Ley. Que el asunto desde el punto de vista legal no debe de estar muy claro da fe una nota de prensa de la propia Hunosa, que estudia la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ‘sortee’ esta prohibición, a la vez que lamenta los perjuicios que pudiera causar “a los legales beneficiarios de la prestación”.

Las consecuencias de esta paralización en la aportación de fondos significaría que el dinero que mensualmente reciben los prejubilados de Hunosa mermaría, de manera sustancial en muchos casos, y las cantidades dejadas de percibir en sus nóminas se situarían entre los 60 y los 600 euros que para algunas economías familiares resultarían decisivas.

Los perjudicados ya han empezado a movilizarse. Asambleas, concentraciones y demandas judiciales son los frentes que se han abierto desde que se tuvo conocimiento de esa circunstancia. Las oficinas centrales de Hunosa fueron el foco principal de las protestas, exigiendo unas dos mil personas “que se cumpla lo pactado” y culpando al Gobierno del Partido Popular de plantear “una nueva agresión a la minería”, después del conflicto desatado el pasado verano por el recorte a las ayudas del carbón y el impago de las mismas a algunos empresarios privados.

 

Las asambleas celebradas en las localidades mineras de Asturias no estuvieron exentas de tensión entre trabajadores, ya que algunos de los mineros en activo reprocharon a los prejubilados que no fueran suficientemente solidarios con ellos durante las huelgas de los meses de junio y julio y que, posiblemente, esa desidia fuera la causa de que estén ahora recibiendo un pago idéntico por parte del Gobierno.

También el Gobierno asturiano ha salido al paso del anuncio de la empresa estatal. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, recordó que la paralización de los fondos tendría un efecto muy negativo, no solo entre las familias de los mineros, sino en las propias localidades donde se asientan los pozos. Recuerda el representante del Gabinete socialista que las pensiones de muchos de los prejubilados sirven como colchón para hijos y nietos de mineros, dada la situación de altísimo desempleo que se vive en esas zonas. Una reducción de los salarios afectaría, además, al consumo en las comarcas y buena parte de los establecimientos comerciales que dependen económicamente de los sueldos de los prejubilados podrían llegar a echar el cierre.

Curiosamente, este nuevo estallido de la minería asturiana se produce el mismo día en que se reúne en Madrid la mesa del carbón, convocada por el Ministerio de Industria, reunión en la que los dirigentes del Partido Popular en Asturias tienen puestas muchas esperanzas, como el ámbito en el que se podría empezar a desbloquear una situación que para los conservadores no deja de ser una patata caliente, puesto que han presionado hasta la saciedad a su propio ejecutivo para que se desatasque la negociación y se pongan en marcha las ayudas comprometidas.

El PP se ve, además, ‘mordido’ por sus rivales en el centro derecha, ya que Foro Asturias, el partido de Francisco Álvarez-Cascos, ha emprendido una fuerte ofensiva contra la decisión de Hunosa, lo que espera traducir en apoyos en las localidades mineras.

Fuente: elconfidencial.com

 

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