Agotamiento del gobierno Feijóo en Galicia sin que logre reducir el paro, y posible adelanto de las elecciones al otoño

DEBATE DEL ESTADO

DE LA AUTONOMÍA

Mientras el PSdeG y el BNG propusieron aumentar la presión fiscal sobre las rentas más altas y sobre la banca para incrementar los recursos públicos, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, rechazó cualquier iniciativa en este sentido, frustrando cualquier posibilidad de acuerdo y haciendo aun más evidente la realidad: el Gobierno gallego solo apuesta por los recortes pero pese a todo ha sido incapaz de contener el paro como prometió.

El socialista Pachi Vázquez planteó un nuevo impuesto a la banca, un canon medioambiental y subir el tramo autonómico del IRPF para las rentas altas, lo que permitiría recaudar 500 millones. La nacionalista Ana Pontón coincidió en la última petición, especificando que sería para rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

Feijoo se opusó a  las propuestas, ofreciendo a cambio rebajas selectivas de impuestos como el de transmisiones o patrimonio.

A continuación, las medidas -más bien escasas- que propugnó el Gobierno gallego:

MÁS LUCHA CONTRA ELFRAUDE FISCAL

Aprobación definitiva de la Agencia Tributaria de Galicia el próximo mes de abril para profundizar en la lucha contra el fraude fiscal, que ya permitió triplicar en 2011 la recaudación en este campo respeto a 2008

MÁS INTERNACIONALIZACIÓN

Completar este 2012 la Red de 14 Plataformas Empresariales en el Exterior para acompañar a los emprendedores gallegos en la apertura al exterior

MÁS RESPALDO Al EMPRENDEDOR

Nueva Ley del Emprendedor, que incluirá entre otras medidas incentivos fiscales cómo:

– Duplicar la deducción del IRPF (hasta 600 euros) para las personas que causen alta por primera vez en el censo de emprendedores.
– Duplicar la deducción del IRPF (ata el 20% y límite de 8.000 euros) para las personas que inviertan en acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de creciente creación.
– Reducción del 95% de la base imponible del impuesto de sucesiones y donaciones en aquellas sucesiones o donaciones a hijos y descendientes del dinero destinado a la creación de una empresa o de un negocio, habida cuenta el patrimonio preexistente del donatario.
– Y deducción del 100% (hasta 150.000 euros) en el impuesto de actos jurídicos tanto en la transmisión de inmuebles destinados a local comercial como nos préstamelos para adquirirlos.

El propio presidente de la Xunta reconocía recientemente ante Rajoy que en tres años de gobierno no ha tenido ni una buena noticia económica que ofrecer a los gallegos: solo 274.675 desempleados,  y creciendo.

Ante este desolador panorama, su única defensa, a la que recurre sin cesar, el haber logrado contener el déficit. En los últimos tiempos su gobierno ha apostado, como nueva medida de recorte tras las de Sanidad, Educación y administraciones públicas, por las fusiones de ayuntamientos. Pero todas las anteriores propuestas son iniciativas restrictivas, que únicamente contribuyen a retroalimentar la espiral negativa de la economía si no se complementan con un empuje a la reactivación empresarial. Algo que ni los gobiernos español ni autonómicos han logrado hasta el momento.

Feijóo logró un punto en el debate autonómico al anunciar que finalmente se recortarán los sueldos de los directivos de los ‘chiringuitos’ de la Administración paralela y además desaparecerán figuras inútiles como las de los vicevaledores, el Consello Económico e Social (CES) y el Tribunal Galego da Competencia. Más ahorro en Galicia pero, de nuevo, sin una contraprestación que reactive la inversión y la actividad económica, insuficiente para detener la caída del empleo y las empresas.

La revisión salarial de los directivos de los entes, que forma parte de esa misma ley que restringe las condiciones laborales del funcionariado, equiparará sus retribuciones a las de un director general de la Xunta (55.000 euros anuales). Tanto el director de la CRTVG como el presidente de Sogama superan con holgura esa cifra. La supresión de los vicevaledores afectará a tres altos cargos. El  CES se integrará en el Consello de Relacións Laborais, deja en el aire el cargo de su presidenta, Corina Porro. Y el Instituto Galego de Consumo asumirá las competencias del Tribunal Galego da Competencia que desaparece.

Por último, y para empeorar aún más las cosas, la Xunta adeuda al Estado 2.300 millones por las liquidaciones negativas de los anticipos del 2008 y 2009, por la pérdida de fondos europeos a partir del 2013, , y por un modelo de financiación que privó a la comunidad de 805 millones, lo que llevó al Ejecutivo a presentar un recurso en el Constitucional.

En resumen, el gobierno Feijóo demostró con las palabras de Feijóo que pocas propuestas novedosas puede ofrecer en esta legislatura. Y que su único objetivo en estos momentos, tras haber recortado todo lo recortable y más, es mantener un mínimo de servicios públicos funcionando. Al parecer su promesa de reducir el paro a cero han tenido que relegarla, por incumplible ante la dura realidad.
 

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