La Consellería de Educación mantiene firme el compromiso de hacer frente a la paga extra de antigüedad de la enseñanza concertada

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2010.– La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria asegura que tiene el firme compromiso de hacer frente a las pagas de antigüedad de la enseñanza concertada tal y como quedó ratificado en Consello da Xunta.

Hace falta recordar que la actual administración de la Xunta se comprometió con este pago que ya venía siendo demandado por el personal docente desde el año 2007, cuando el V convenio colectivo de la enseñanza personal concertado reconoce dicho derecho a los trabajadores con 25 años de antigüedad en centros docentes personales sostenidos con fondos públicos.

La Consellería de Educación recuerda que trabaja para hacer frente a este pago, pero la actual situación de crisis económica dificultó que se abonara en el mes de diciembre. Pese a esto el compromiso de la Consellería es firme y estudia el modo de hacer frente a esta situación de manera que los profesores reciban el dinero comprometido.

Próxima reunión
Con el fin de seguir avanzando en la búsqueda de una solución la Consellería convocó a todas las partes implicadas para la comisión tripartita que tendrá lugar el próximo día 30 de marzo. Una reunión consensuada con los sindicatos y las organizaciones patronales de la enseñanza concertada, y en la que también se abordarán otras cuestiones de importancia para el sector como son las ayudas para alumnado con necesidad educativas especiales, o las adaptaciones de los conciertos educativos en vigor.

Otra de las reivindicaciones de los sindicatos de la enseñanza concertada tiene que ver con la rebaja que desde enero se viene aplicando a la nómina de sus docentes. En este punto hace falta recordar que la administración educativa gallega actuó con el cumplimiento de la normativa básica dictada por la Ley de Presupuestos del Estado, en la que cual se contempla una bajada del 5% en el módulo que financia el pago de estos docentes.

Esta cuestión fue judicializada por la organizaciones sindicales y, aunque en el caso de la comunidad autónoma de Galicia no hay pronunciamento, el Tribunal Superior de Justicia de otras comunidades ya estima que la administración educativa actuó correctamente al reducir el módulo, medida que se enmarca en la reducción salarial de todos los trabajadores en el ámbito de los servicios de las administraciones públicas y singularmente del profesorado de los centros públicos.