Los presidentes autonómicos, desesperados ante la desaparición del Gobierno: “Es un cachondeo”, “un disparate” | Así resumen varios presidentes de las autonomías el frenesí de medidas regionales mientras desaparece Sánchez. ”Aplicamos un criterio territorial a un problema de salud. Es un disparate”, alertan

  En algún momento de esta última semana de octubre, con la segunda ola de la pandemia desbocada, España se vio inmersa en una algarabía de anuncios de restricciones autonómicas para contener el virus. Cada comunidad anunció las suyas, ya que el presidente del Gobierno decidió ceder a los ejecutivos autonómicos el mando y la autoridad de la aplicación del estado de alarma aprobado por una amplia mayoría del Congreso.

Casi no hay una comunidad igual a otra en prohibiciones, cierres -perimetrales y de los otros-, y toques de queda. Salvo Galicia -que ha cerrado ciudades-, Extremadura, Baleares y Canarias, el resto ha decretado la clausura de sus territorios. Una comunidad tras otra fueron anunciando el cierre provisional de unas fronteras imaginarias que sólo existen en las líneas dibujadas en los mapas.

Diecisiete comunidades, diecisiete sistemas de salud, diecisiete protocolos anticovid, diecisiete gobiernos con el objetivo de proteger a sus ciudadanos y también de sobrevivir políticamente.

Este diario ha consultado con varios presidentes autonómicos -de distintos partidos- sobre la situación creada con el nuevo estado de alarma y todos ellos comparten la preocupación de que el galimatías y la confusión sobre las medidas de cada comunidad acabe erosionando la confianza en el Estado autonómico.

La palabra «cachondeo» ha sido utilizada por algunos presidentes autonómicos para referirse a la gestión de la pandemia por parte de las distintas administraciones. «Estamos aplicando un criterio territorial a un problema de salud pública. Es un disparate. Estamos pensando que el virus sabe lo que ponen los estatutos de autonomía», señala un presidente de comunidad.

«Todo esto es muy malo para la España autonómica y para las comunidades, y es bueno para Vox», señala otro. «Estamos echando a unas comunidades contra otras, pensando que los contagios nos vienen de fuera, y no nos damos tiempo para evaluar las medidas que tomamos. Yo cierro porque el otro cierra, es una dinámica que no tiene pies ni cabeza».

«El sistema político ha sido desbordado por la pandemia, todos pensamos en el corto plazo, y cada gobierno cree que tiene que pensar sobre todo en los suyos, en los ciudadanos de su comunidad».

Los interlocutores de este diario ponen en duda la eficacia de los cierres autonómicos para frenar la extensión del virus. Se trata más bien, dicen, de una medida disuasoria. «Las comunidades están limitadas por mucha superficie de kilómetros y atravesadas por todo tipo de carreteras, es imposible que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan controlar los perímetros. Los contagios se producen en las calles de las ciudades y en las casas, no en las carreteras. Por eso es más eficaz el cierre por pueblos, por ciudades o incluso por barrio», señala un mandatario autonómico. Con la particularidad de que, teóricamente, se puede atravesar una comunidad cerrada para llegar a otra que no lo esté.

Los presidentes consultados coinciden en que el Gobierno central no puede abdicar de su responsabilidad y que sería necesario un protocolo común a toda España, por ejemplo en el horario del toque de queda, cuya denominación no gusta a presidentes como el gallego Alberto Núñez Feijóo. Tampoco ha agradado a algunos presidentes el plazo de los seis meses decretado por el Gobierno para el estado de alarma. «Ese plazo provoca más incertidumbre en la gente, que ya está muy cansada. Los planes de vida y la inversión de paralizan y eso tiene consecuencias negativas para la economía».

«Es evidente que la incidencia del virus es muy distinta en unas comunidades que en otras, tiene sentido permitir que las autonomías decidan sobre ciertas medidas, pero

el Gobierno central no puede abdicar de su responsabilidad en una crisis de salud pública, aunque la Sanidad esté transferida. No se puede pasar del mando único a 17 mandos».


La reunión de tres presidentes: los de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid puso en evidencia el estado de confusión autonómica en el combate con el virus. El socialista Emiliano García-Page y el popular Alfonso Fernández Mañueco acudieron a la reunión para acordar con Isabel Díaz Ayuso el cierre de las tres comunidades durante quince días. La presidenta madrileña hizo creer a los otros dos que estaba de acuerdo, pero en la rueda de prensa intervino la última para manifestar que ella pediría al Gobierno el cierre sólo por fines de semana.

Las fuentes consultadas indican que el Gobierno -es decir, Moncloa- hizo llegar a los dirigentes socialistas que el decreto de cierre indicaba el plazo mínimo de una semana y que la petición de Díaz Ayuso no sería aceptada. Sin embargo, el Ejecutivo acabó tolerando la medida de la presidenta madrileña. Lo cual le sirvió a Díaz Ayuso para subir un tanto al particular marcador de la partida que juega con Pedro Sánchez. Con el consiguiente agravio de los otros presidentes afectados por el penoso resultado de la reunión. «La gestión del Estado autonómico no puede resumirse en el conflicto entre el Gobierno de Madrid y la Moncloa, como ocurre a menudo», sintetizan fuentes de gobiernos autonómicos de la periferia.

González como ariete del PP contra Sánchez

Varios son los dirigentes del PP que han echado mano en los últimos meses de declaraciones de Felipe González para cargar contra Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición.

Las críticas del ex presidente contra el sucesor de su propio partido son celebradas al instante en Génova. Empezando por Pablo Casado, que lo cita a menudo como argumento de autoridad.

González se queja a menudo de ser utilizado como ariete contra el Gobierno. Aunque esta semana ha advertido que las competencias del estado de alarma no son delegables en las comunidades autónomas. Delegar esas competencias es lo que ha decidido Sánchez. Pero también ha advertido, en un encuentro organizado por la Academia de Yuste, que tampoco es posible, como pretende el PP en su ‘plan B’ contra la pandemia, limitar derechos fundamentales a través de una ley ordinaria. Derechos y libertades constitucionales, señala González, sólo pueden limitarse con el estado de alarma.



https://www.elmundo.es/espana/2020/10/31/5f9db9f7fc6c8333408b4572.html

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