El caos fiscal del PSOE y el dilema de Sánchez / El gobierno temporal de Sánchez se enfrenta a un dilema irresoluble para mantener sus promesas de gasto, y atender las “amables peticiones” de los populistas de Podemos – El Confidencial. “Tanto Pedro Sánchez como la ministra de Hacienda, Montero, han prometido que la clase media y trabajadora no se verá afectada por esta subida masiva de impuestos. Esto desde luego no será cierto en el caso del impuesto al diésel, ya que en España hay 17,9 millones de vehículos diésel, un 70% del parque automovilístico. Aquí se ha intentado justificar la subida de impuestos con la excusa ecológica. Pero, como nadie cambia de coche porque suban unos céntimos el litro de combustible, el efecto ecológico será inapreciable, y lo que se conseguirá será una mayor recaudación, eso sí indiscriminada y además regresiva, no procedente precisamente de los ciudadanos más pudientes”

TRIBUNA – FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ.

Francisco de la Torre Díaz es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos. Inspector de Hacienda (SE).

“En este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos” (Benjamin Franklin).

El gobierno de Pedro Sánchez se ha abonado a la segunda parte de esta cita, y cree que lo más seguro es aumentar los impuestos. A esto ha respondido Podemos doblando la apuesta: siempre se pueden subir más los impuestos. Sin embargo, la mejor definición de la “política fiscal” de Sánchez, incluso antes del chantaje de Podemos, es la imprevisibilidad y el caos: se anuncian nuevos impuestos sin saber qué se va a cobrar, a quién, ni sobre todo cómo se van a cobrar.

Lo peor es que el gobierno socialista se ha comprometido con la Comisión Europea a un “ajuste fiscal estructural” de 0,65 puntos del PIB, es decir unos 7.000 millones de euros y no tiene nada claro cómo hacerlo. Este ajuste fiscal de 2018 podría hacerse vía ingresos o gastos, pero en la senda fiscal enviada al Congreso, se incluía un incremento del gasto estatal en 5.300 millones de euros. Esto quiere decir que todo el ajuste se quiere hacer incrementando permanentemente los impuestos, por eso el ajuste fiscal se denomina como estructural.

JAVIER G. JORRÍN.

Por supuesto, tanto Pedro Sánchez como la ministra de Hacienda, Montero, han prometido que la clase media y trabajadora no se verá afectada por esta subida masiva de impuestos. Esto desde luego no será cierto en el caso del impuesto al diésel, ya que en España hay 17,9 millones de vehículos diésel, un 70% del parque automovilístico. Aquí se ha intentado justificar la subida de impuestos con la excusa ecológica. Pero, como nadie cambia de coche porque suban unos céntimos el litro de combustible, el efecto ecológico será inapreciable, y lo que se conseguirá será una mayor recaudación, eso sí indiscriminada y además regresiva, no procedente precisamente de los ciudadanos más pudientes.

Aquí, con todo, el problema fundamental es la falta de votos en el Congreso para aprobar el impuesto al diésel. Precisamente por eso, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció que el “nuevo impuesto” al diésel se incluiría en los presupuestos. La ley de presupuestos no puede crear nuevos impuestos, por prohibición constitucional contenida en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Pero, en cualquier caso, tampoco está claro que este gobierno socialista, que no ha sido capaz ni de aprobar el techo de gasto en el Congreso (esto no había pasado nunca), consiga aprobar los presupuestos.

Sánchez y Montero han prometido que a la clase media no le afectará esta subida de impuestos. Esto desde luego no será cierto con el impuesto al diésel

Además del diésel, las otras dos grandes subidas fiscales previstas por Pedro Sánchez son el impuesto a los clientes bancarios, y el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas. Parece que después de las críticas, tanto políticas como de los directivos de las entidades financieras, el gobierno socialista ha pospuesto indefinidamente el nuevo impuesto a los clientes bancarios. Ahora Podemos exige recuperarlo para votar a favor del techo de gasto, con lo que ya veremos cómo acaba esta película. De todas formas, para el Gobierno socialista la cuestión capital para recaudar unos 4.000 millones de euros es la implantación del tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes corporaciones.

Como señalaba el ministro de Exteriores, y ex secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, “lo que no son cuentas son cuentos”. En esta cuestión, como en tantas otras, el gobierno de Sánchez no ha hecho las cuentas. Según los últimos datos oficiales disponibles, los del ejercicio 2016, los grandes grupos consolidados tuvieron un resultado contable positivo de 111.788 millones de euros, lo que es el récord de la serie histórica. Sobre este resultado contable, los grupos consolidados ingresaron 6.862 millones de euros, lo que supone una tasa efectiva del 6,14%. Parece poco, y también parece que si se pagase el 15% se podrían recaudar 10.000 millones más. Sobre esto, una previsión de incremento de los ingresos de 4.000 millones parece más que prudente. Sin embargo, nada de esto es así.

FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ

No es fácil encontrar estos datos, porque en el informe anual de recaudación de 2016, no hay una sola mención a los tipos efectivos de los grandes grupos (ni de las pymes), a diferencia de los informes anteriores. Sin embargo, y aunque se han excluido también de los índices de las hojas de cálculo, escondidos entre miles de datos se pueden encontrar los ajustes resumidos de los grandes grupos. Resulta que los grandes grupos han pagado un 19,01% sobre la base imponible, bastante más que lo que quiere imponer el Gobierno, el 15%. La diferencia fundamental entre el resultado contable y la base imponible son ingresos de dividendos y plusvalías exentas (casi todas ellas del exterior). En datos concretos, de los 111.7888 millones que ganaron los grupos, 86.303 millones estuvieron exentos por doble imposición, es decir el 77,2%.

Si una gran empresa gana 100 millones de euros, si se aplica el tipo general del impuesto, debería pagar 25 millones. Ahora bien, si 77 millones son dividendos de filiales en el exterior (donde habitualmente ya se ha pagado el impuesto de sociedades, al tipo que sea), sólo debería pagar el 25% de 23 millones, es decir 5,75 millones. En el caso habitual de una gran empresa, gracias a las deducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales, se habría pagado el 19% de esa cuantía, es decir 4,37. Si se quiere que esa gran empresa pague un 15% sobre la base imponible interna, sobre los beneficios de aquí, 23 millones, entonces apenas se recaudará nada. Si se le quiere cobrar un 15% de los 100, entonces se está exigiendo unos 10 millones, la diferencia entre 4 o 5 millones y 15 millones, a los dividendos del exterior. La única forma de obtener dinero es exigir impuestos a unos beneficios que ya han pagado en otro país.

Resulta que los grandes grupos han pagado un 19,01% sobre la base imponible, bastante más que lo que quiere imponer el Gobierno, el 15%

Esto dará lugar a tres gravísimos problemas. En primer lugar, los convenios para evitar la doble imposición firmados por España (que son un centenar de tratados internacionales) establecen que estos beneficios no deben pagar dos veces, y por eso están exentos. España no puede incumplir unilateralmente estos convenios que priman sobre la ley interna. El segundo problema es que algunas grandes empresas ya han señalado que, si esto se aprueba, se replantearían mantener su sede en España, en algún caso como en el del Banco Santander, hasta lo han dejado caer en público.

Por último, las grandes empresas pueden simplemente no traerse los dividendos del exterior, y si necesitan tesorería, por ejemplo para pagar dividendos, simplemente pedir un préstamo. Esto es lo que en su día hizo Apple para pagar el dividendo más elevado de la Historia, y que ya contaba en mi libro ‘¿Hacienda somos todos?’ (Debate, 2014). En cualquier caso, por este sistema se crearán infinitas distorsiones que perjudican el crecimiento económico, al drenar la liquidez a la economía española, pero apenas se recaudará. Del efecto brutal en la inversión que se deriva de un atentado a la seguridad jurídica de este calibre casi mejor ni hablamos. Y una caída de la inversión siempre supone menor crecimiento económico y, consecuentemente, menor creación de empleo.

Ó. GIMÉNEZ.

Para concluir, el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades también genera gravísimos problemas contables en los activos fiscales diferidos que tienen casi todas las grandes compañías en su balance. Pero eso exige una explicación detallada que quizás merezca la pena contar en otra ocasión.

El gobierno temporal de Sánchez se enfrenta a un dilema irresoluble para mantener sus promesas de gasto, y atender las “amables peticiones” de los populistas de Podemos para apoyarles en algunas votaciones: solo puede subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras o incumplir con los objetivos de déficit. Las alternativas “imaginativas”: banca, gasóleo o grandes empresas simplemente no son viables. Pedro Sánchez y su gobierno se enfrentan, dada su adicción al gasto, a un dilema tan cierto como los impuestos y la muerte, además agravado por las hipotecas de separatistas y populistas que llevaron a Sánchez a La Moncloa. La salida al dilema son las elecciones y que los españoles decidan qué gobierno y qué política económica quieren. Hasta entonces, desde Ciudadanos nos seguiremos oponiendo al descontrol del gasto, al despilfarro y a las subidas de impuestos para pretender financiarlo.

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