El laberinto judicial y político en el que se moverán desde hoy Turull, Torrent, Llarena, Rajoy y Felipe VI –El Mundo

El pleno de investidura convocado de manera urgente por el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha sido el detonante de una serie de acontecimientos políticos y judiciales que se prolongará los próximos días dando pie a una enmarañada red de supuestos jurídicos en la que se ven involucrados, además del candidato a la Presidencia, Jordi Turull; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el juez del Supremo Pablo Llarena; el Gobierno de la nación y el propio Rey Felipe VI.

El papel de la CUP

En manos de los cuatro diputados de la CUP estuvo la posibilidad de que esta misma tarde el imputado Jordi Turull consiguiera los votos necesarios para ser investido presidente de la Generalitat. Sus votos resultaban imprescindibles. La CUP ha anunciado que no votará a favor de Turull, por lo que la investidura no se realizó. Es necesario, en primera votación, recabar la mayoría absoluta de la Cámara. JxCAT y ERC suman 66 escaños, a dos de la mayoría absoluta, y contaron además con dos votos menos habida cuenta que ni Carles Puigdemont ni Toni Comín, fugados de la Justicia, podrán ejercer su derecho a voto. La CUP persistiera en el no o en la abstención mañana sábado 23 de marzo de 2018, Turull, ya en prisión donde pertenece gracias al bendito juez Llarena, encausado por rebelión como corresponde,  tampoco lograría superar la votación en segunda convocatoria en la que sólo necesita de más votos a favor que en contra, ya que las fuerzas no secesionistas suman en total 65 escaños.

La firma del Rey

Si Turull u otro candidato indepe de parecida calaña supera la votación de la Cámara en los próximos dos meses, será presidente electo pero eso no bastará para ser considerado presidente de la Generalitat en ejercicio. Para ello es necesario que el presidente del Parlament comunique su elección al Rey Felipe VI, que el monarca firme el nombramiento y que se publique en el BOE. Así lo estipula el artículo 152.1 de la Constitución: corresponde al Rey (entre otras funciones) “nombrar al presidente del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas”. También lo recoge el Estatuto de Cataluña en su artículo 67.4: “El presidente o presidenta de la Generalitat es nombrado por el Rey”. La firma del soberano es un “acto debido” en el que el Rey no dispone de discrecionalidad. Se trata de sancionar una decisión soberana del Parlament que el monarca no puede alterar, cambiar o sustituir.

La cita de Llarena y la suspensión

A la citación del juez compareció Turull como simple diputado autonómico y no, como pretendía, siendo presidente electo de la Generalitad, puesto que no logró superar la primera votación de investidura. Si los indepes en algún momento logran ponerse de acuerdo y eligen a un president encarcelado o en riesgo de entrar en prisión, la condición de presidente de la Generalidad no la perdería aun cuando Llarena le procese y le envíe a prisión provisional. Lo que sí quedaría suspendida, en caso de entrar en la cárcel, es su capacidad para ejercer las funciones propias del cargo. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. El auto de procesamiento que ha dictado hoy Llarena contra Turull puede ser recurrido.

Como Turull no fue elegido en primera votación y puede someterse al escrutinio de la Cámara en segunda convocatoria, es decir, 48 horas después (mañana sábado 24 de marzo de 2018). Esta nueva cita se produciría por tanto después del procesamiento y de su ingreso en prisión. Si así fuera, sólo podría activar la opción de pedir permiso al juez para acudir ante el Pleno, un permiso que previsiblemente sería denegado.

Inhabilitación

La inhabilitación como presidente de la Generalitat sólo se produciría si Turull lograse ser presidente en segunda convocatoria cuando contra Turull se dicte, en su caso, sentencia firme. El artículo 67.7 del Estatuto de Cataluña estipula: “El presidente de la Generalitat cesa por renovación del Parlamento a consecuencia de unas elecciones, por aprobación de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza, por defunción, por dimisión, por incapacidad permanente, física o mental, reconocida por el Parlamento, que lo inhabilite para el ejercicio del cargo, y por condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”. Lo mismo para cualquier otro indepe elegido que esté en prisión, camino de estarlo, o fugado o preparándose para ello. Lo cual abarca a la mayoría de líderes indepes, pringados hasta las cejas con el dichoso procés.

El artículo 155

El Gobierno de la nación mantendrá en vigor el artículo 155, es decir, controlará la Comunidad Autonóma hasta que haya formación de nuevo Govern. No basta con la elección de un presidente de la Generalitat. Este debe prometer el cargo y tomar posesión y, además, nombrar a los miembros de su Ejecutivo. Sólo cuando el Govern esté plenamente constituido decaerá el artículo 155. Aunque en estos momentos (viernes 23 de marzo de 2018, cuando el juez Llarena acaba de procesar por delito de rebelión a 13 líderes indepes, y a otra ‘valiente’ que ha tomado las de Villadiego, la tal Rovira que animaba a sus fanáticos a “resistir hasta el final”, ya vemos, ya) lo más probable es la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña. Celebrar elecciones empieza a ser la afición favorita de la comunidad autónoma, si no tienen elecciones cada seis meses como que les falta algo para entretenerse.

Nuevas elecciones

El plazo para la convocatoria de unas nuevas elecciones en Cataluña ha empezado a correr, de acuerdo con el Estatuto y la ley del Gobierno de la Generalitat, tras  la primera votación fallida de investidura del 22 de marzo de 2018. Desde ese momento se abrirá un periodo de dos meses en el que, si nadie ha conseguido ser investido, se disolverá automáticamente la Cámara y se convocarán elecciones para entre 45 y 60 días después. Hay dudas entre los juristas acerca de si esa votación de ayer hubiera sido exitosa en favor de Turull, aunque este no hubiera podido tomar posesión del cargo por estar en prisión, se consideraría como fallida y activaría el reloj de los nuevos comicios. De momento no ha sucedido, pero hemos visto que a los de Tractoria les van las emociones fuertes.

ORIGEN DE LA NOTICIA: El Mundo

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