CATALUÑA, LA REGIÓN ESPAÑOLA DONDE CUMPLIR LA LEY SIGNIFICA UN ACTO DE REBELDÍA: Los 74 alcaldes que se mantienen dentro de la democracia y acatan la ley en Cataluña / “¿La mayoría silenciosa? La gente que está a favor de la Constitución no tienen un aliciente tan grande para manifestarse. Pero creo que ya vemos las orejas al lobo. Queremos seguir en este gran país. España tiene que reconstruir su relato” / “En verano votamos en el pleno y como estamos dos concejales del PP y yo (PDECat), salió lo que salió: que no cedíamos los locales. Y no pasa nada. ¡Es la democracia!” / “Los alcaldes que optamos por no saltarnos la ley recibimos amenazas y coacciones (…) Yo (Independiente) prometí la Constitución y no es ninguna broma. Mi pacto con ERC no puede primar” / “Yo le pregunto al señor Puigdemont: Si me puedo saltar la ley el 1 de octubre, ¿entonces puedo incumplirla a partir del 1 de octubre? ¿O cuando yo quiera?”

Nuria Marín y otros 73 regidores han dicho ‘no’ a ceder sus locales al 1-O. No sólo son del PSC. Hay 5 de CiU, 7 de ICV…

«Hablo con usted, sí. Pero una foto… Una foto no. Entiéndalo. La gente nos está señalando, animados por Puigdemont». Al otro lado del teléfono, a media voz, habla desde su despacho el alcalde de un pequeño pueblo catalán. Es un histórico de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). De los que salió a la calle para defender la democracia en los años 70. Otro Coscubiela. Cinco décadas después, en la pretendida Transición catalana, tiene que ir con pies de plomo. Esta semana ha notificado a la Generalitat que el 1 de octubre no cederá los locales de su municipio para el referéndum de autodeterminación suspendido por el Tribunal Constitucional. Es uno de los al menos 74 alcaldes que cumplirán la ley en Cataluña. Allí donde cumplir la ley constituye un acto de rebeldía.

Quien sí ha puesto rostro a las presiones que el Govern y el independentismo ejercen sobre los alcaldes de la ley es Núria Marín, la socialista al frente de Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña.

Algo se le removió por dentro cuando, el viernes 8 (aprobada de mala manera la Ley del referéndum por 72 de 135 diputados y suspendida ya por el TC), oyó cómo el president pedía a los ciudadanos que paren a los alcaldes que no colaboren y les espeten:

-Mírame a los ojos, te debes a mí. ¿Me dejarás votar o me impedirás que vote?

Así que este lunes, en la Diada de la división, la regidora del PSC se acercó a Carles Puigdemont porque tenía una cosa que decirle:

-A ver si dejáis tranquilos a los alcaldes.

Su petición se ha traducido en un manifiesto en el que más de 350 alcaldes y concejales socialistas reclaman respeto ante la cascada de amenazas, presiones e insultos que muchos reciben. Pero los del PSC no están solos. Entre los 74 regidores que ya se han negado a ceder locales para las urnas, según los datos que los impulsores del 1-O publican en la página comsempre.cat, se encuentran, además de los dos únicos alcaldes del PP, siete de ICV o listas afines a Podemos, una regidora independiente… e incluso cinco de la antigua CiU.Gobiernan sobre 1,9 millones de personas. Si sumamos Barcelona, donde Ada Colau ha llegado a un ambiguo pacto con el Govern, aunque no cederá locales, serían 3,5 millones, casi la mitad de la población catalana (7,5 millones).

A muchos de ellos los llaman «verdugos», «traidores», «malos catalanes». Resuenan los ecos del País Vasco más oscuro.

El primer no

«Charnega de mierda» le han dicho a Núria Parlón, alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramanet. «El insulto más suave ha sido rata», ha lamentado desde Tiana su compañera de partido Esther Pujol, con la que ERC ha roto su pacto de gobierno. «Cobarde», «basura» y «maricón de mierda» es lo que ha escuchado o leído Jordi Ballart, alcalde de Tarrasa, y eso que está encuadrado en el ala más nacionalista del PSC. A Teresa Padrós, alcaldesa de Palau-solità i Plegamans, la califican de «botxina» (traidora). El lunes su ayuntamiento amaneció con estas pintadas: una esvástica, el insulto Adolf Padrós y la frasePadrós, saca las urnas. Ella lo denunció y ya no quiere hablar más con la prensa.

«La situación es más tensa que nunca», cuenta Dante Pérez Berenguer desde Gimenells, el municipio leridano de un millar de habitantes donde gobierna como antes lo hicieron su padre y su abuelo. Pérez, de 31 años -el alcalde más joven de la provincia-, inició la rebelión: dijo en voz alta que no, que él no cedería. Las obviedades suenan a excepcional. «Es un acto delictivo y un alcalde no puede saltarse la ley». Mientras habla con Crónica, un vecino se le acerca a darle las gracias.

«En los pueblos más pequeños, donde todos se conocen, es donde hay más problemas», confirma Núria Marín. «Por esos compañeros le dije al president que dejara a los alcaldes en paz». Ella, en cambio, es de las fuertes: de los 122 alcaldes del PSC, Marín gobierna la ciudad más poblada. Hospitalet de Llobregat supera los 250.000 habitantes y luce rascacielos. Linda con Barcelona. Y es un poco rival suya también.

La alcaldesa de inconfundible voz ronca niega con la cabeza cuando se le pregunta si su exigencia fue «un comentario así en broma», como ha dicho el Govern negando cualquier presión. Marín sonríe mucho, y también lo hizo entonces. «El president ha puesto el foco en los alcaldes y eso genera muchas situaciones desagradables». Aunque matiza: su crítica «iba para el Govern» pero también «para el PP», que «ni escucha ni reacciona».

Marín nació catalana en 1963, aunque de padre de Irún (Guipúzcoa), marroquinero, y madre de Cintruénigo (Navarra). La Nuri nunca pensó dedicarse a la política. En las Juventudes Socialistas conoció a su actual marido, de familia militante. Empezó la diplomatura de Empresariales -«me queda una asignatura»- y cuando con 21 años entró de funcionaria en el ayuntamiento ya no se movió de allí. Desde 2008 es alcaldesa: la eligió su predecesor, Celestino Corbacho, cuando Zapatero lo llamó al Ministerio de Trabajo. Otros tiempos. En los de ahora, la Fiscalía ha citado bajo advertencia de arresto a 712 regidores comprometidos con el referéndum independentista.

-¿Qué le ha pasado a Cataluña?

-Soy la primera que entiendo que los ciudadanos tenemos que expresarnos en las urnas. Pero aquí se ha producido una consulta [el 9 de noviembre de 2014], en la que yo no participé; unas elecciones autonómicas plebiscitarias, recordemos,que no fueron ganadas por quienes pretendían una mayoría excepcional, y ahora estamos donde estamos. En una situación de confrontación que se está degradando.

Así ocurre en Lérida, que tampoco es un pez pequeño. Al mando de sus más de 138.000 habitantes está Ángel Ros Domingo (Lérida, 1952), licenciado en Físicas, doctor en Informática y presidente del PSC. La mayoría de los insultos le llegan a través de las redes sociales.

-¿Le afecta personalmente?

-Claro que me afecta, especialmente cuando hacen mención directa a la familia, a la reputación… Nadie está vacunado.

-¿Qué insulto le duele más?

Botifler». Que a nosotros, socialistas, el último partido del catalanismo, nos llamen traidores a Cataluña es muy duro.

En la legislatura anterior, Ros llegó a participar en una asamblea de la ANC. Después, según ha explicado, comprobó que «el concepto de derecho a decidir derivó en independencia» y se apartó. Hoy es uno de los más firmes defensores de la ley frente al 1-O. ¿Por qué? «Porque el Ayuntamiento de Lleida se mantiene dentro de la legislación». Además, el alcalde denuncia que el Govern haya «municipalizado» el referéndum, cuando en su ciudad sólo 10 de los 41 espacios electorales son propiedad del consistorio. «Algunos pueden decidir situarse fuera del ámbito legal, pero no pueden pedir a otro que lo haga». Por el momento, él está denegando los permisos para instalar información electoral. «Pero yo tengo aún esperanzas de que no se celebre».

La siguiente parada es Salou. Aunque esta semana a su alcalde había que buscarlo en Torremolinos (Málaga), donde participaba en unas jornadas sobre turismo de sol y playa «en el Estado». Se llama Pere Granados Carrillo, aunque nació como Pedro en 1958 en Albox (Almería). Con CiU se presentó a la alcaldía de la cuarta ciudad con más pernoctaciones turísticas de España, que gobierna con el apoyo del PSC, y también a la Diputación de Tarragona, donde ocupa un escaño del grupo convergente. Aunque, subraya, él pertenece al partido municipalista FUPS (Formación Unidad para Salou) y no forma parte «de la estructura del PDeCAT». El 1-O él tampoco abrirá sus locales para la consulta. «Vamos a cumplir el ordenamiento jurídico vigente. No podemos hacer otra cosa. Yo quiero cumplir con la ley. Sin ordenamiento jurídico no hay democracia», subraya Granados, abogado de profesión. Y reclama «diálogo para un referéndum con garantías». Dice, eso sí, que no está recibiendo «ninguna presión». Ni de Junts pel Sí. (Habrá que creerle).

“No he consultado con nadie”

Poco tiene que ver Salou con Pacs del Penedès, pueblo interior de vino y cava, apenas 900 habitantes, 62 kilómetros al oeste de Barcelona. Sí coinciden en el color político de su alcalde. El de Pacs se llama Josep Sogas Raventós, esconvergente y gobierna con otros cuatro compañeros de filas. «No me pregunte de qué somos, que ya no lo sé… Éramos CiU, luego se disolvió… Ahora es el PDeCAT», sonríe

Sogas está jubilado, tiene 74 años y durante 35 fue policía local en la cercana Villafranca. Hoy, con dos ediles de ERC en la oposición, el ex policía representa el botón de una realidad paralela a la realidad paralela que es Cataluña. Porque, «sin consultar con nadie», «nada más que con el secretario jurídico» de su consistorio, ha decidido que no cederá los locales municipales a la Generalitat. Lo dice con calma y concisión. Parece extrañado con la pregunta. «Tengo claro que tenemos que cumplir la ley. En el momento en que el TC se ha pronunciado, nosotros no hacemos ilegalidades… Aunque le hemos dicho a la Generalitat que la escuela pública es de su propiedad». Como otra decena de los alcaldes consultados, prefiere no salir fotografiado en este reportaje, aunque subraya que el pueblo está «tranquilo». «Estas cosas se reconducen en las capitales».

Meranges (Gerona), 99 habitantes casi en la frontera con Andorra, dibuja otra excepción. El pleno lo forman tres concejales. Eran el alcalde convergente, otro edil de su partido y un tercero del PP, hasta que el segundo murió a principios de año. Entre ellos decidieron entonces que el sustituto sería el cuarto más votado.Así que ahora sigue gobernando el nacionalismo, pero con dos ediles constitucionalistas. «Ya en verano votamos los tres y salió como salió», explica Esteve Avellanet i Tarrés, alcalde y constructor. «Son mayoría, dos a uno. Y no pasa nada. ¡Es la democracia!». Su vecino y rival electoral Oliver Verdaguer, del PP, es quien, antes de la nevada que este viernes cayó sobre Meranges, lo retrató junto al cartel del pueblo. Es la democracia, sí.

El jardinero de izquierdas

Algunos ayuntamientos de izquierdas también figuran en la lista. Como San Feliú de Llobregat. Allí atiende a Crónica Lídia Muñoz Cáceres, convertida por sorpresa en alcaldesa en funciones después de que el alcalde fuera atropellado. Mientras él se recupera de una operación de tibia, ella, que además está a punto de dar a luz, se enfrenta a unos días difíciles. Ambos son de Iniciativa (ICV), gobiernan con el apoyo del PSC y han decidido situarse dentro de la ley. Por eso -esa es la cuestión- son noticia.

«El jueves recibimos la carta del president. Pedimos el informe a los servicios jurídicos y lo que nos dicen es que la convocatoria está paralizada. No hemos sufrido una presión directa fuerte y no queremos poner trabas a la participación, pero la Generalitat dispone de locales de su propiedad», indica Muñoz, licenciada en Políticas. «Pero no es una situación agradable».

Tampoco suena bien la música a 40 kilómetros de allí, en Santa María de Martorellas. 861 habitantes. Gobierno de coalición entre ICV, Esquerra Unida i Alternativa y Entesa. Julián Trapero Frías, que no es jefe de los Mossos, sino jardinero técnico jubilado, es el alcalde. Nació hace 67 años en La Rambla de Córdoba, llegó a Cataluña con 16 años siguiendo a sus hermanos, trabajó por el día, estudió por las noches, se afilió al PSUC, a CCOO… Tampoco cederá los locales a Puigdemont y Junqueras. Y eso que la Generalitat no posee aquí ninguno propio. Él deja claro que sólo cumple con la ley vigente (Constitución y Estatuto de Autonomía) y que no está en contra del 1-O como «movilización». Pero…

-¿Qué está ocurriendo?

-Un referéndum tiene que estar apoyado por una mayoría cualificada. La mitad no puede decidir sobre la otra mitad sin tenerla en cuenta… Las cosas se están haciendo mal. Los derechos de los parlamentarios, en nombre de una democracia mejor, no se pueden pisar. Y si se convoca un referéndum, hay un problema aparte del legal: que la sociedad está dividida y eso no es bueno. Llevamos cinco años hablando de la independencia mientras la gente es pobre trabajando.

De Barberá a ‘La Galia’

Una escultura con el nombre de Barberá del Vallés en letras gigantes da la bienvenida a este municipio de 32.000 habitantes, 20 kilómetros al norte de Barcelona. Aquí en 1985 a Jordi Pujol lo aclamaron entre gritos en catalán de «Jordi, eres cojonudo» en la concurrida Feria de Abril que organizaba Barberá. Este 1 de octubre, su alcaldesa, Sílvia Fuster Alay, no pondrá el Ayuntamiento al servicio del procés, y sí la continuidad de su Gobierno en riesgo.

Ella, enfermera pediátrica y militante de la militante de la municipalista Plataforma ciutadana per Barberà («de las pocas que quedan en España»), gobierna en coalición con ERC. Reconoce que a sus socios no les ha gustado su decisión. Pero, dice, la ha tomado «con serenidad» y está segura de que es «la correcta».

-¿Por qué se arriesga?

-El pacto no puede estar por encima. Los alcaldes y cargos públicos juramos o prometimos acatar la Constitución. Todos debemos cumplirla y hacerla cumplir. Y eso no es ninguna broma. Estoy a favor de que la gente vote en un referéndum, pero en el marco legal. Lo ha dicho Juncker: el respeto al Estado de Derecho es la base de la UE.

En la aldea gala de Cataluña, Pontons (453 habitantes), termina esta ruta escogida. «Rufián siempre habla de nosotros en el Congreso: el único municipio gobernado por el PP», ríe su teniente de alcalde, Josep Tutusaus. [Hay otro pueblo con regidor popular, en Godall, pero se turna con un socialista]. «¿Que por qué no cedemos locales? Me lo pone fácil: porque seguimos cumpliendo la ley, como hacemos todos los días desde hace 18 años».

Durante todo ese tiempo, en Pontons -«el único» municipio donde no se pudo votar el 9-N: «Se fueron en autocares a otro de aquí cerca»- ha gobernado el PP con mayoría absoluta. ¿Cómo se explica? «Porque nos dedicamos al pueblo, que es lo que tenemos que hacer los ayuntamientos», desliza. Como este jueves, cuando el concejal Tutusaus acudió corriendo a sofocar el incendio forestal que asustaba a la aldea. Y se despide:

-Yo le pregunto al señor Puigdemont: Si me puedo saltar la ley el 1 de octubre, ¿entonces puedo incumplirla a partir del 1 de octubre? ¿O cuando yo quiera?

Origen: ELMUNDO

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