- Dentro del compromiso de máxima transparencia y diálogo permanente, el Gobierno gallego ya se puso en contacto con los alcaldes y los comités de empresa para trasladarles la decisión.
- Tras evaluar al por menor la documentación presentada por la compañía y los representantes de los trabajadores, se dictaminó que la solicitud no cumplía con los requisitos que marca la legislación.
- La resolución se adoptó en base a criterios jurídicos, basándose en el principio de legalidad y en la salvaguarda del interés público de la concesión.
La Xunta informó a los alcaldes y a los representantes de los trabajadores en las fábricas de Ferroatlántica en Galicia de la decisión de denegar la solicitud presentada por la compañía. Tras evaluar al detalle la documentación, se dictaminó que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios que fija la legislación para eliminar la condición esencial prevista en la concesión, que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial.
Con esta decisión, la Xunta, a través de Augas de Galicia, está cumpliendo los compromisos adquiridos desde el primer momento y sin variar su posicionamiento: estar del lado de la ley, respetando el principio de legalidad; y salvaguardar el interés público de la concesión, que en este caso en concreto está determinado por la continuidad de la actividad industrial en la comarca de la Costa da Morte.
Dentro de la apuesta de la Xunta por ofrecer la máxima transparencia y un diálogo permanente, el Gobierno gallego se puso hoy mismo en contacto con los alcaldes y con los comités de empresa de las plantas con las que cuenta Ferroatlántica en Galicia para informarles de la resolución.
La resolución autónomica, amparada por el informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta, señala que a través del proceso planteado por la empresa no se dan las condiciones necesarias ni se cumplen los requisitos legales para suprimir la condición actualmente vigente en la concesión, que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo en la Comunidad, por lo que carece de las condiciones que establece la propia concesión de velar por el interés público.
La resolución tuvo en cuenta además la argumentación presentada tanto por la empresa como por los representantes de los trabajadores en las últimas semanas, cuando el expediente se encontraba en la fase final de su tramitación. La Administración autonómica evaluó al por menor estos alegatos, actuando con la máxima responsabilidad y siendo lo más garantista posible durante todo el procedimiento.