El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra dos artículos del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. El Tribunal considera que, en este caso, no se cumple el requisito de “extraordinaria y urgente necesidad” que el art. 86.1 de la Constitución impone al Gobierno para legislar por real decreto, razón por la que declara inconstitucionales y nulos dichos preceptos. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Antonio Narváez.
Esta norma reforma la Ley de Empleo y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Las nuevas medidas atribuían al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) la competencia para sancionar determinadas infracciones relacionadas con las prestaciones y subsidios de desempleo.
El Tribunal considera que no…
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