Multa millonaria en Mondoñedo a un propietario: más de 330.000 euros

MULTA MILLONARIA

La reposición voluntaria de la legalidad en Mondoñedo reduce en un 80% el importe de una sanción impuesta por la APLU

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  • El propietario tenía que hacer frente a una multa de más de 330.000 euros, que se redujeron hasta los 12.000 euros, con la demolición de la vivienda por iniciativa propia
  • El expediente sancionador por una infracción urbanística grave se abrió por construir una vivienda unifamiliar en suelo rústico sin vinculación a una explotación agraria o ganadera
  • El Consejo Ejecutivo de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística acordó esta decisión en su última reunión

Santiago, 1 de noviembre de 2013.- La reposición de la legalidad urbanística de manera voluntaria, como demolición de una vivienda, en Mondoñedo permitió reducir en un 80% el importe de la multa impuesta por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Así lo decidió el Consejo Ejecutivo de la APLU en la última reunión celebrada en Santiago, por lo que el propietario asume el pago de 12.000 euros en concepto de sanción, frente a los más de 330.000 euros que se le había impuesto como multa.

El motivo de esta reducción viene motivado porque el interesado repuso la legalidad urbanística vulnerada, dando así cumplimento a la finalidad perseguida por la APLU que es reparar el ilícito.

La Agencia abrió un expediente sancionador por una infracción urbanística grave por construir una vivienda unifamiliar en suelo rústico sin vinculación a una explotación agraria o ganadera.

Desde la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística se señala que este tipo de actitudes reprueban la postura de la Xunta sobre este organismo, cuyo objetivo no es el de derribar, sancionar y recaudar, sino contribuir a ordenar y proteger el territorio gallego, crear una conciencia social de acatamiento normativo y de respeto por la naturaleza y el cuidado del medio.

En definitiva, la finalidad de la APLU es velar por el uso racional del suelo conforme a lo que dispone la normativa reguladora del urbanismo y del litoral, especialmente en medio rural y en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo.

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