El gobierno de Rajoy saca una Ley de Transparencia insuficiente, sin penas de cárcel ni obligación de devolver lo malversado por los políticos

POLÍTICOS SIGUEN

PROTEGIDOS CONTRA

 DELITOS DE CORRUPCIÓN…

NO DEVOLVERÁN UN DURO

El Gobierno de Mariano Rajoy saca una Ley de Transparencia insuficiente, sin penas de cárcel ni obligación de devolver lo malversado por los políticos. El Ejecutivo central ha estudiado el viernes 23 de marzo, a menos de 48 horas de las elecciones andaluzas y asturianas, el anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que obligará a las Administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos.

España deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública, pero la nueva legislación más parece una operación de maquillaje de cara a la opinión pública que un intento real de acabar con la corrupción política en las administraciones públicas. 

La nueva ley permitirá, entre otras medidas, sancionar con 10 años de inhabilitación a los cargos que falseen y oculten datos y fija un baremo para limitar el sueldo de cargos públicos de las corporaciones locales. 

 También fija en un mes el plazo en el que las Administraciones tendrán que responder a las preguntas de los ciudadanos. Al menos sobre papel, el plazo es hoy de tres meses.

La ley considerará delito la falsedad en documentos y la ocultación de datos, penado con una inhabilitación de 10 años, y sancionará las infracciones muy graves y algunas graves con la destitución de cargos públicos y la inhabilitación entre cinco y diez años. No se habla para nada de devolver el dinero a las arcas públicas en casos de malversación de caudales, ni de exigir responsabilidades penales a sus autores, como reclamaban muchos ciudadanos.

Se consideran infracciones muy graves:

  •  la administración de los recursos de la hacienda pública sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación;
  • comprometer gasto sin crédito suficiente;
  • la ausencia de justificación para la inversión de fondos;
  • el incumplimiento deliberado de la obligación de reducción de deuda;
  • no hacer los planes de ajuste que prevea la Ley de Estabilidad, actual y futura;
  • y el incumplimiento de las medidas de corrección de la Ley de Estabilidad.
  1. Cada ministerio y cada dirección general deberá dar a conocer todos sus contratos, cómo se gastan el dinero, con qué organigrama trabajan y qué salarios perciben los integrantes de su equipo directivo.
  2. Toda la información estará en los sitios webs de cada ministerio y también se encontrará, centralizada, en un portal de la transparencia inspirado en los que emplean países como EE UU. Actualmente, todos esos datos no son secretos en España, pero la mayoría se publican de forma farragosa, llegan solo hasta el Congreso o son difíciles de consultar. En el caso de los sueldos, hasta ahora solo se hacían públicos los de los ministros.

Encima, la ley todavía tardará meses en entrar en vigor.

Una ley con tres claves

La ley tendrá tres patas, según ha explicado la vicepresidenta.

  1. La primera es la de la publicidad activa: la información se va a publicar en el portal de la transparencia sin necesidad de que nadie la pida. Todas las Administraciones públicas deberán “suministrar información sobre los contratos ajdudicados”, lo que incluye su objeto, el importe, el procedimiento de adjudicación y el adjudicatario.

  2. Derecho a la información: se establecerá, como gran novedad y también de forma similar a otros países (EE UU y Reino Unido por ejemplo), el derecho a obtener esos datos. Las Administraciones estarán obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame conocer el uso de un dinero público, por ejemplo. Los ciudadanos podrán realizar solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución y en los convenios internacionales para salvaguardar datos de carácter personal o de seguridad pública.

  3. Código de buen gobierno. Tendrá rango legal, y se aplicará a todas las Administraciones y cargos públicos, estableciendo unos principios éticos y de actuación, que dejan de ser meras recomendaciones. Si se incumplen llevan aparejado un procedimiento infractor, con sanciones que pueden llegar a suponer la destitución del cargo con entre cinco y 10 años de inhabilitación. Si los datos se ocultan o falsean de forma intencionada, será constitutivo de delito, lo que conllevara la inhabilitación durante al menos 10 años y la correspondiente multa.

La ley incluye, por primera vez, un baremo sobre las retribuciones de los cargos públicos de todas las Administraciones locales. Lo que hace la ley es establecer que sean los Presupuestos Generales del Estado puedan aprobar ese baremo que, según ha explicado, solo se aplicará a las Corporaciones Locales y establecerá las retribuciones en función del tipo de Ayuntamiento, su población y otras circunstancias, como por ejemplo, si corresponde a una capital.

El control sobre la transparencia pasa a manos de la agencia de calidad de los servicios, que a partir de ahora se denominará Agencia de Transparencia. El nombramiento de sus miembros lo hará el Gobierno, pero podrá ser vetado por mayoría absoluta en el Congreso. Este órgano será el encargado de resolver las reclamaciones de los ciudadanos en caso de que la Administración no le facilite la información que solicita.

Los últimos meses y años han estado plagados de escándalos políticos protagonizados por el bipartidismo del PPSOE que hacen reflexionar sobre la necesidad de las cuentas claras: el caso Palma Arena en Baleares (PP), el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y Madrid (PP) o los ERE en Andalucía (PSOE).

El Gobierno pretende aprobar la ley y presentarla oficialmente el día 17 de abril en un foro internacional celebrado en Brasilia, impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Quince días antes de que la norma entre en vigor, también se abrirá un proceso de consulta pública electrónica en el que los ciudadanos podrán aportar sus sugerencias.

La primera consecuencia de este anteproyecto ha sido que la vicepresidenta ha respondido a una pregunta que el Gobierno había dejado sin responder en los últimos días sobre el coste del vídeo que la Junta Electoral ha ordenado retirar. “4.200 euros más IVA”, ha sido la cifra mencionada por Santamaría.

La vicepresidenta ha sido cuestionada hoy por el fichaje de su esposo, el abogado del Estado Iván Rosa, por Telefónica. De manera breve, Santamaría ha afirmado que ella va a abstenerse en las decisiones relacionadas con esta compañía. Resumiendo, la nueva ley, aparte de insuficiente, es un ejemplo más dado desde la clase política de que su lema consiste en “haz lo que digo, y no lo que hago”.

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