• La conselleira de Hacienda asegura que el Gobierno gallego mantendrá unas cuentas solventes que permitan seguir pagando las facturas y preservando el gasto social
• El Ejecutivo gallego respeta los compromisos adquiridos, reduce los gastos corrientes en 32 millones y retrasa inversiones no iniciadas
• Las áreas sociales tan sólo se ajustan en un 0,4% frente al 3% del resto de departamentos
• Con este ajuste el presupuesto de este año es un 11,8% inferior al de 2010, con una caída de 1.280 millones de euros, en el nivel del año 2006
• El Gobierno autonómico presentará este mes un recurso ante el Tribunal Constitucional por el incumplimiento del sistema de financiación autonómica

Santiago, 12 de septiembre de 2011– La Xunta de Galicia garantizó la prestación de los servicios básicos y la calidad asistencial y educativa de la comunidad autónoma en el ajuste presupuestario de 129 millones de euros que se vio obligada a realizar al confirmarse el incumplimiento del sistema de financiación autonómica por parte del Gobierno central, al negarse a transferir este año el Fondo de Cooperación, por importe de 243 millones de euros.

La conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, explicó que el Gobierno gallego limitó al máximo este ajuste, que completará con un endeudamiento adicional de 114 millones de euros, e insistió en que fue responsable presupuestando el Fondo de Cooperación, al igual que hicieron otras comunidades, gobernadas por distintos partidos políticos, pues ya se recibió tanto en 2009 como en 2010 y también tenía que haberse percibido en 2011.

En este sentido, recordó que estos 243 millones de euros suponen un 0,33% del déficit acumulado por Galicia este año, del 0,92%, por lo que en caso de haberlos recibido a finales del segundo semestre a comunidad estaría en el nivel del 0,59%, por debajo del 0,75% exigido por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Marta Fernández Currás también aclaró que su departamento no sabía cuando elaboró las cuentas de 2011 que no recibiría el Fondo de Cooperación y añadió que esto tan sólo se confirmó la finales del pasado mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Con este ajuste del 1,2%, el presupuesto de este año es un 11,8% inferior al de 2010, con una rebaja de 1.280 millones de euros, en el nivel del año 2006.

La titular de Hacienda afirmó que la comunidad tendrá, por tercer año consecutivo, unas finanzas sostenibles, que permitirán mantener la solvencia de la autonomía, seguir pagando las facturas y preservando el gasto social, con el objetivo de intentar seguir cumpliendo el compromiso de estabilidad presupuestaria, tal y como hizo en 2009 y en 2010.

Se blindan áreas sociales y compromisos adquiridos
Señaló que para concretar este ajuste el Gobierno gallego fijó dos prioridades, el gasto social, de manera que estas áreas tan sólo se ajustan en un 0,4%, frente al 3% del resto de departamentos; y el respeto a los compromisos adquiridos, por lo que no se tocaron las actuaciones financiadas por fondos finalistas del Estado y de la Unión Europea, sino que los retoques tan sólo afectaron a fondos propios.

De esta manera, en las áreas sociales se mantienen las líneas estratégicas, con una garantía de mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la calidad asistencial y educativa. En el departamento de Educación se blindan programas como el transporte escolar, comedores, gratuidad de los libros de texto, el decreto del plurilingüísmo, el plan de formación del profesorado o la consolidación de las unidades de investigación en las universidades gallegas; mientras que el ajuste se centra en aplazamiento de obras, así como reestructuraciones de actuaciones de construcción y reparación de centros y de ayudas públicas.

En cuanto al área de sanidad, están garantizadas las partidas fundamentales, como el gasto en receta farmacéutica, los programas de vacunación y gestión sociosanitaria y salud mental, la coordinación de trasplantes y las equipaciones de atención primaria. Así, el ajuste afecta a partidas no ejecutadas, de forma que no se paralizan proyectos en marcha; se aplican criterios de eficiencia para reducir gastos en los servicios que aportan menos valor; y se reprograman proyectos o inversiones no iniciadas.

Por su parte, en Trabajo y Bienestar se blindan el complemento de las pensiones no contributivas, la atención a la Dependencia, las escuelas de 0 a 3 años, la renta de inserción social y ayudas de emergencia social, la ayuda por hijo a cargo, el plan concertado (transferencias a ayuntamientos para centros de día y ayudas de cuidador) y las subvenciones a asociaciones de discapacitados. En este caso, el ajuste se centra en la reformulación de órdenes de ayudas que no están teniendo la demanda esperada y en la puesta en marcha de servicios comunes que permitan optimizar los recursos, así como mejoras de gestión en los centros.

En materia de infraestructuras el Gobierno autonómico priorizó la seguridad vial, la ejecución de las carreteras en marcha, la conservación de carreteras, las actuaciones medioambientales, los planeamentos urbanísticos y la supresión de peajes. Este departamento autonómico tendrá el ajuste más importante, de 30,6 millones de euros, lo que conlevará una nueva planificación de obras priorizando las de titularidad propia.

La conselleira de Hacienda también citó otras materias que se preservaron en este ajuste, como la lucha contra incendios, las infraestructuras gasistas, las ayudas a investigadores y tecnólogos, el apoyo a la igualdad de género, las ayudas a ayuntamientos, la justicia gratuita, las subvenciones a industrias culturales y de apoyo al turismo, así como el servicio de guardacostas.

El Ejecutivo autonómico ajustó 103,5 millones de euros de gasto, a lo que se sumarán otros 25,5, que se conseguirán en las operaciones de cierre de ejercicio, bien con mayores ingresos, bien con ahorros en partidas que no se puedan ejecutar por algún motivo.

Marta Fernández Currás destacó que la Xunta hace el esfuerzo de nuevo de volver a ajustar el gasto corriente, en este caso en 32 millones de euros, que se compensan con mejoras de eficiencia; y que los capítulos VI y VII disminuyen 67,3 millones de euros como consecuencia de retrasar actuaciones no iniciadas.

Recurso ante  el Tribunal Constitucional
Por otra parte, la titular de Hacienda confirmó que el Gobierno gallego presentará este mes un recurso ante el Tribunal Constitucional con el fin de reclamar los 805 millones de euros que le debe el Estado a la Comunidad Autónoma por incumplimientos del modelo de sistema de financiación autonómica.

Hacienda constata que el Gobierno está empleando el modelo de financiación autonómica de manera discrecional y en función de sus necesidades de financiación, ya que, por un lado, adelanta los ajustes del IVA y del Statu Quo a Galicia con base en estimaciones y, por otro, retrasa el anticipo del Fondo de Cooperación de 2011 y los recursos adicionales de 2010, a la espera de tener los datos definitivos.

Así, explica que la cláusula del Statu Quo, a pesar de que se incluyó como garantía de no perder capacidad financiera con respecto al anterior modelo, es decir, tiene por objeto evitar pérdidas de recursos, si no se incluyera, Galicia percibiría más de 200 millones de euros más, lo cual carece de sentido. Por otro lado, se solicita la transferencia este año del Fondo de Cooperación, por importe de 243 millones de euros, que la Comunidad ya lo percibió tanto en 2009 como en 2010.

Por otra parte, la Xunta de Galicia reclama los recursos adicionales del año pasado corresponsales al sistema de financiación autonómica, por importe de 162,3 millones de euros, así como los 171,6 millones de euros por el ajuste practicado a la Comunidad por el Estado tras lo incremento de tipos impositivos del IVA a partir de julio de 2010.

Además, la Consellería de Hacienda advierte de que el Ejecutivo central está creando inseguridad jurídica en el sistema de financiación autonómica, que es lo que sustenta el Estado del bienestar y permite sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales.