El 64% del territorio de la provincia de A Coruña es superficie forestal

El 64% del territorio de la provincia de A Coruña es superficie forestal

  • Este dato lo manifestó el conselleiro de Medio Rural, que presentó hoy en Ferrol el borrador del proyecto de la Ley de Montes de Galicia para la provincia de A Coruña, donde se encuentra 1 de cada 4 árboles que se aprovechan en España
  • La norma, promovida por la Xunta, fomenta el aprovechamiento sostenible e integral del monte gallego.
  • Dado que el 98% de la propiedad forestal es privada, particular o vecinal al contado común, se establece un marco claro que aporta seguridad jurídica a los propietarios forestales, protagonistas en el marco de la gestión forestal sostenible
  • La norma, que inicia ahora su trámite de exposición pública, regula de manera amplia y pormenorizada todo el relativo a la ordenación, planificación, defensa y aprovechamiento del monte gallego
  • Ordena los aprovechamientos forestales optimizando las diversas actividades y usos que permite el monte (madera, pastoreo, caza, biomasa, frutos, etc.)
  • Por primera vez se regulan de manera clara y simple, en una única disposición, las distancias mínimas que tienen que cumplir las nuevas repoblaciones forestales respeto de otros cultivos y de hincas, edificaciones e instalaciones, entre otros

Santiago, 22 de julio de 2011.- La provincia de A Coruña cuenta con 505.606 hectáreas (ha) de superficie forestal, que representan casi el 64% de la superficie de la provincia, que es de 794.280 ha, segundo refiere el Tercero Inventario Forestal Nacional.

Otros datos que ponen en valor a riqueza forestal de la provincia es su superficie arborada, que consigue 401.189 ha, el 50,5% del conjunto del territorio de la provincia. Asimismo, hace falta destacar que 1 de cada 4 árboles que se aprovechan en España están situadas en el bosque de A Coruña.

Estas cifras las señaló el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, en la presentación del borrador del proyecto de la Ley de Montes de Galicia, en una ronda informativa celebrada esta mañana, en el Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Ferrol, en la que se dió cuenta del contenido de la norma, en proceso de exposición pública y que fomenta el aprovechamiento sostenible e integral del monte gallego. En el acto, también estuvieron presentes a delegada territorial de la Xunta en la Coruña, Belén Docampo, y el director general de Montes, Tomás Fernández-Couto.

Respuesta a las demandas del sector
Tal y como explicaron ambos, esta norma tiene por objeto establecer un régimen jurídico estable que se adecúa a la realidad gallega y dé respuesta a las continuas demandas que formulan los distintos agentes vinculados al sector forestal. La ley define al por menor las competencias de las administraciones públicas; clarifica el régimen jurídico de los montes y la propiedad forestal; impulsa instrumentos de planificación forestal, a través de planes de ordenación de los recursos forestales (PORF); define los distintos tipos de aprovechamientos del monte y regula las infraestructuras forestales y la cadena monte-industria. La norma contempla también el relativo a las acciones e instrumentos de fomento forestal (SOFOR); aborda además los recursos genéticos forestales, la defensa fitosanitaria y la educación, divulgación, formación e investigación. Este texto legal quiere contribuir a poner en valor la importancia del sector forestal para nuestra Comunidad y el lugar esencial que ocupa Galicia en esta materia, como indiscutible primera potencia forestal de España y una de las más importantes de Europa.

Por otra parte, se significa que la gran mayoría de los montes y terrenos forestales gallegos son de propiedad personal, entre los que cabe incluir la figura típicamente gallega de los montes vecinales comunales. La ley no modifica su régimen jurídico, que sigue siendo de propiedad colectiva, en régimen germánico, y además mantienen entre otras las características de ser indivisibles e inalienables; es decir, no pueden ser partidos ni vendidos.

Estructura de la ley
La Ley de Montes se estructura en un título preliminar; doce títulos (con 146 artículos en total); cinco disposiciones adicionales; nueve transitorias; una derrogatoria y cuatro últimas, incorporando dos anexos en los que se relacionan las especies forestales de crecimiento lento y, por primera vez en una única disposición, las distancias mínimas que tienen que cumplir las nuevas repoblaciones forestales.

En primer lugar, se establecen los derechos de los propietarios de los montes reconociendo su función social.

Se define también la clasificación de los montes en función de su titularidad y de su régimen jurídico, diferenciando los montes públicos de los privados y detallando las distintas tipologías, y la figura del deslinde (delimitación de los perímetros de los montes), que podrá ser promovido por la Administración o la instancia de los propietarios o titulares de derechos sobre las parcelas. Se detalla el procedimiento y se establece que el deslinde aprobado y firme supone la delimitación del monte y declara con carácter definitivo su estado posesorio, la reserva del que había podido resultar de un juicio declarativo de propiedad.

Parcelaciones
En relación con la organización de la propiedad, el artículo 69 establece límites a las parcelacións, divisiones o segregaciones, de tal manera que no se podrán realizar ni autorizar cuando el resultado sean parcelas de superficie inferior a 15 hectáreas. Del mismo modo, a efectos de obtener ayudas públicas, se exigirá que los procesos de concentración parcelaria en terrenos forestales cumplan, entre otros requisitos, lo de disponer de una superficie mínima, en el ámbito a concentrar, de por lo menos 15 hectáreas.

Se concreta también el concepto de “actividad forestal” como aquella relativa a la conservación, mejora y aprovechamiento de los montes (madera, biomasa, pastos, caza, setas, aromáticas y medicineles, frutos…). Las modificaciones entre los usos forestales y agrícolas son consideradas como cambios de actividad por esta Ley. Además, estableciera que en terrenos afectados por incendios forestales, no se podrá producir un cambio de uso en un período de 30 años.

Los cambios de actividad forestal a agrícola, para la mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias, y viceversa (de la actividad agrícola a la forestal), se podrán realizar con una serie de cautelas que se establecen en la propia norma. Así, por ejemplo, en el primero caso se regula que el cambio en superficies mayores de cinco hectáreas será necesaria la autorización de la Administración forestal y, en aquellas pobladas de matorrales o especies del género Acacia se podrá hacer previa comunicación en terrenos de hasta quince hectáreas, siendo precisa la autorización para superficies mayores.

En las modificaciones de actividad agrícola a forestal, sólo podrán forestarse los terrenos agrícolas que no formen parte de un banco de tierras o instrumento semejante, y cuando cumplan alguno de los siguientes supuestos: Que linden con terrenos forestales, cuando se utilicen frondosas caducifolias; que constituyan enclaves agrícolas de hasta cinco hectáreas utilizando las especies de las superficies limítrofes o frondosas caducifolias o que se destinen a plantaciones forestales para determinados frutos (nueces, cerezas, castañas o similares).

Repoblaciones forestales
También se contemplan supuestos especiales para los montes vecinales al contado común, cuyos cambios de actividades estarán condicionados a la modificación y aprobación de su proyecto de ordenación; para espacios naturales, en los que existe el deber de contar con la autorización de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza; para zonas de concentración parcelaria que deberán tener en cuenta el plan de ordenación de cultivos o forestal.

Se regulan además las repoblaciones forestales y sus condiciones, prohibiendo expresamente aquellas realizadas con el género Eucaliptus en aquellas superficies pobladas por determinadas especies de crecimiento lento (un total de 23 diferentes coníferas y frondosas que se especifican en el anexo I), incluso con posterioridad a su aprovechamiento o afectación por un fuego forestal.

Las nuevas repoblaciones a partir de la entrada en vigor de esta norma deberán cumplir unas distancias respeto de otros cultivos, así como de hincas, instalaciones, etc., que se recogen en el anexo II de la Ley [Se juntan ambos anexos].

Ordenación de los montes
El texto legislativo dedica un capítulo a la planificación y ordenación forestal, articulándose los instrumentos de la misma en torno a planes de ordenación de recursos forestales (PORF). Se contempla la redacción de las instrucciones generales para la ordenación de los montes y los instrumentos de ordenación y gestión forestal, cuyo contenido y estructura se ajustan a las necesidades de los propietarios, simplificándose al máximo.

El instrumento de ordenación es obligatorio para todos los montes, a partir de determinadas superficies, concretándose distintos plazos para su desarrollo. En este sentido, el Plan Forestal de Galicia tendrá carácter vinculante y determinará el marco en el que se elaborarán estos planes, que deben coordinarse con los correspondientes planes de prevención y defensa contra incendios forestales. Las ayudas y subvenciones de la Administración se condicionarán la que, en el momento de la solicitud, exista un instrumento de ordenación o gestión aprobado y vigente, contemplando los plazos de la normativa básica.

Aprovechamientos
El título cuarto de la nueva ley regula los aprovechamientos forestales, distinguiendo los maderables de los no maderables, entre los que destacan, por su incidente social, económica y ambiental, el cinegético y el pastoreo, prestándose una especial atención la este último. Se establece que el derecho de pastoreo en el monte corresponde a su propietario y que el aprovechamiento de pastos se realizará de manera compatible y respetuosa con la conservación del potencial productivo del monte y las actuaciones de regeneración del arborado.

Ganado mostrenco
Además, el ganado que deambule en las zonas forestales sin identificación en los casos en los que exista este deber legal, sin dueño conocido, tendrá la condición de mostrenco. La gestión y administración de estos animales será competencia de los ayuntamientos donde deambulen, pudiendo disponer de ellos. Los propietarios de los terrenos forestales afectados podrán retirar por sus propios medios dicho ganado y ponerlo a disponer del ayuntamiento. La Consellería competente en materia de montes establecerá canales de colaboración con los municipios para la realización disteis labores, buscando un abaratamiento de los costes y una simplificación de los trámites.

Planteamiento integral del ámbito forestal
La norma presentada hoy en Ferrol también dedica títulos a las infraestructuras forestales, a la cadena monte-industria (creándose una Mesa de la Madera y el Registro de empresas del sector) y a la certificación forestal, herramienta clave para garantizar la trazabilidad de los productos forestales gallegos. La educación, divulgación e investigación, así como los recursos genéticos forestales y las enfermedades forestales y la defensa fitosanitaria, también se recogen en el texto legal con títulos propios. En el campo del fomento forestal, incluye en su regulación las sociedades de fomento forestal (SOFOR), que se configuran como entidades mercantiles que agrupan derechos de uso y aprovechamiento de parcelas y que se estiman como pilares fundamentales para el futuro desarrollo forestal de la Comunidad Autónoma.

Por último, en el régimen sancionador, desde la filosofía de conjugar su regulación, el rigor con el infractor y la proporcionalidad debida entre la infracción cometida y la sanción imputada. La ley regula la calificación de un terreno como forestal, las cuotas mínimas de reinvestimentos en mejora y protección del monte, la consolidación legal de la figura de las SOFOR, el régimen de mecenazgo, los bosques como alcantarillas de carbono y la modificación de la ley de incendios para mejora su eficacia en la lucha contra los fuegos forestales.

En cuanto a los reinvestimentos, se establece que, nos montes públicos patrimoniales protectores y vecinales al contado común, las cuantías (cuotas) mínimas para mejora y protección forestal serán del 40% de todos los ingresos generados y del 100% de los generados a partir de los productos resultantes de incendios forestales, considerándose además incluidos entre los fines de interés general, a efectos de incentivos fiscales, los orientados a la gestión forestal sostenible.

Mejoras en la normativa sobre incendios forestales
En relación con la norma sobre prevención de incendios, se simplifican e incardínanse de manera más adecuada los distintos niveles de planeamento. Se mejora la estructura de los Planes Municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales, que fijan unos contenidos mínimos; se integran en los planes de distrito los de prevención y defensa de las zonas de alto riesgo y se redefinen los diferentes niveles de redes de faixas de gestión de biomasa, clarificando responsabilidades directas y subsidiarias, e integrándolas en los correspondientes planes de distrito o municipales. Además, se modifican las distancias de seguridad en torno a las viviendas e instalaciones.

Cubrir un vacío legal
Algunos de los cambios concretos más salientables de este borrador vienen a clarificar las discordancias del propio articulado de la actual Ley de Incendios y cubrir vacíos legales de esta norma, que establece distancias muy dispares para núcleos rurales, viviendas aisladas, edificaciones o instalaciones, llegando incluso a no establecer ningún tipo de distancia en zonas de alto riesgo. Esto dificulta la aplicación de la dicha Ley anti fuegos.

Por eso, el proyecto de la nueva Ley de Montes propone concretar una distancia única para todos los casos, con una franja única de 50 metros, donde la biomasa esté gestionada (sin vegetación seca y masa arborada aclarada) lo que permite, siguiendo criterios rigurosamente técnicos, la mejor aplicación en las zonas forestales y de influencia forestal (a menos de 400 metros del monte, sin continuidad con la trama urbana). Con esta iniciativa se busca, además, el cumplimiento real de la normativa de incendios, que hoy por hoy es endeble.

Se generalizan, asimismo, las distancias a respetar por las viviendas y nuevas urbanizaciones de influencia forestal, sean tanto anteriores como posteriores a la zona de aprovechamiento forestal establecida, ya que en la Ley de Incendios sólo se contemplaba la distancia de 50 metros si la casa estaba construida con anterioridad a las plantaciones. Con esto se proponen acabar con la contradicción de la Ley de Incendios vigente, que no establece ninguna distancia específica en las casas construidas con posterioridad a las plantaciones colindantes. Añadiendo ahora la normativa que es para todas las viviendas, independientemente de la situación de aprovechamiento de la hinca colindante.

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