El caso Riopedre de presunta corrupción en el gobierno del Principado apunta a supuestos indicios que podrían implicar a la consejera de Cultura

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha devuelto al juez Ángel Sorando las diligencias que le remitió ante posibles indicios contra la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, en el caso de corrupción en adjudicaciones de contratos que instruye, para que agote la investigación, concrete y acredite si hay hechos en los que pudiera haber participado.

Así lo ha acordado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en un auto por el que se procede a la devolución de las diligencias remitidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo al objeto de que agote las diligencias de investigación necesarias para concretar los indicios de hechos de carácter delictivo en los que pudiera haber participado la aforada, si es que se acredita.

La resolución señala que sólo en este supuesto el juez debería remitir al TSJA la correspondiente exposición razonada acompañada de las pertinentes actuaciones procesales.

FOTO: Riopedre y Mercedes Álvarez, a la izquierda y derecha del presidente asturiano saliente, Álvarez Areces.

El TSJ explica que indagando entre los documentos remitidos por el juez ha encontrado un informe de la Policía del pasado 30 de junio, sobre el puesto que  ocupan en la Administración del Principado 23 personas.

Agrega que el  informe se refiere a una empresa de la que es administrador único una persona de la que se afirma que es cónyuge de Mercedes Álvarez.

Explica que el informe policial expresa, en atención a los datos facilitados por la Agencia Tributaria, que dicha empresa declaró pagos procedentes del Principado de Asturias en concepto de subvenciones, en concreto 18.673 euros en 2006, 32.613 en 2008 y 25.184 en 2009.

Estos son los hechos que el TSJA encuentra en las diligencias remitidas que tengan relación con la aforada.

En el conocido Caso Riopedre de presunta corrupción en el seno de la Administración regional se encuentran imputados el exconsejero de Educación y Ciencia José Luis Iglesias Riopedre; la exdirectora general de Planificación Educativa María Jesús Otero, la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

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A continuación, el Auto de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por el que se procede a la devolución de las diligencias remitidas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo, al objeto de que agote las diligencias de investigación necesarias para concretar los hechos de carácter delictivo en los que indiciariamente pudiera haber participado una aforada (la consejera de Cultura del gobierno saliente del Principado), si es que se acredita, aunque sea indiciariamente, tal participación. El Auto señala que solo en este supuesto debería remitir a la Sala la correspondiente exposición razonada acompañada de las pertinentes actuaciones procesales.

En el Auto se refleja asimismo que, sólo a los efectos de esta resolución, el TSJA levanta el secreto decretado por el instructor.

REGISTRO GENERAL Nº 5/2011

AUTO

Excmo. Sr. Presidente En Oviedo, a trece de Julio de dos mil once.

Iltmos. Srs. Magistrados

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se han recibido en esta Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 0001338/2011, remitidas por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de Oviedo, que, mediante Auto de seis de Julio de 2011, acordó la inhibición en el conocimiento de este procedimiento a favor de esta Sala, por entender, en síntesis, que “una de las personas sospechosas de la comisión de delito ostenta el cargo de Consejera de Turismo y Cultura del Principado de Asturias y es por tanto aforada “(sic).

SEGUNDO.- En el Antecedente de Hecho Único del referido Auto del Juzgado de Instrucción remitente se dice que las Diligencias remitidas proceden “del desglose de la pieza separada en previas 206/10 del Juzgado de instrucción 4 de Gijón, se inicio por los hechos que resultan de las anteriores actuaciones, habiéndose practicado las diligencias y emitido los informes que constan unidos a las mismas, de los que resulta que una de las personas sospechosas de la comisión de delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, cohecho, prevaricación, trafico de influencias, fraude y exacciones ilegales, ostenta el cargo de Consejera de Turismo y Cultura del Principado de Asturias”. (Sic.)

En el Fundamento de Derecho, también Único, del Auto del Instructor remitente se dice: “De las diligencias de investigación hasta ahora practicadas, se desprende que los hechos objeto de las mismas han de ser instruidos y enjuiciados por la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia por cuanto que una de las personas sospechosas de la comisión de delito ostenta el cargo de Consejera de Turismo y Cultura del Principado de Asturias y es por tanto aforada. En el curso de otra investigación conocida policialmente como “operación marea” se detectó que podían existir otros casos similares, y efectivamente fue remitido por Hacienda un listado de funcionarios y cargos públicos del principado directamente relacionados con empresas que a su vez contrataban con el Principado o recibían subvenciones de él, situación similar a la que dio origen a la otra investigación, si bien se trataba de otras personas y otras empresas distintas. Se realizaron las averiguaciones oportunas para descubrir la relación existente entre dichos proveedores y dichos funcionarios/cargos y en que departamentos estaban destinados, resultando los datos que la policía comunica y entre los que se aprecia que alguna de esas personas son altos cargos del departamento de Cultura y entre dichas personas se encuentra una llamada Mercedes ALVAREZ GONZALEZ que ha resultado ser la Consejera de Turismo y Cultura”. (Sic.).

TERCERO.- En el oficio de remisión de las Diligencias advierte el Instructor remitente que las presentes diligencias han sido declaradas secretas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como cuestión previa de carácter procesal se advierte la incorrección en que incurre el Instructor remitente al inhibirse en favor de esta Sala en lugar de “exponer las razones” que tenia para “creer que le corresponde el conocimiento del asunto” tal y como exige el art. 759. 2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.- Es precisamente la ausencia de esas razones concretas que exige nuestra Ley Procesal para remitir la causa a esta Sala la que determinará nuestra decisión, pues del Auto del Instructor en absoluto se desprenden los hechos que con carácter delictivo se le imputan a la aforada, ni las diligencias probatorias que con carácter indiciario acreditan su participación en ellos. Tarea, por lo demás, harto difícil, por no decir imposible, al no concretarse aquellos.

Ciertamente, el Auto transcrito anteriormente, no expresa qué hechos concretos se le reprochan a la aforada, ni, lógicamente, el delito o delitos que los mismos pudieran constituir, lejos de de una genérica referencia a los tipos delictivos por los que inicialmente se aperturó la causa en el Juzgado de Instrucción de Gijón contra otras personas diferentes a la Consejera de Turismo y Cultura del Principado de Asturias. Tampoco ilustra sobre las concretas diligencias probatorias que llevan al Instructor a la convicción de la participación de la aforada, a la que simplemente considera “sospechosa” sin manifestar expresamente de qué actividad de naturaleza delictiva. Limitándose , en este orden, a la cita de que “Hacienda remitió un listado de funcionarios y cargos públicos del Principado directamente relacionados con empresas que a su vez contrataban con el Principado o recibían subvenciones de él, situación similar a la que dio origen a la otra investigación”, y a la afirmación, de que “se realizaron las averiguaciones oportunas para descubrir la relación existente entre dichos proveedores y dichos funcionarios/cargos y en qué departamentos estaban destinados”, sin concretar cuales fueron esa averiguaciones y, en particular, en que afectaban a la aforada.

Esta Sala indagando entre los documentos remitidos por el Juzgado instructor encuentra un “informe” firmado por el Inspector-Jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, de fecha 30 de Junio de 2011, que consta de 23 folios y que es contestación a un oficio de la Magistrada-Juez del JI 4 de Gijón, que fue la instructora en origen de la causa denominada “Operación Marea”, solicitando la realización de averiguaciones sobre el puesto que ocupan en la Administración del Principado de Asturias un total de 23 personas que se relacionaban en el referido oficio. En dicho informe, en la pagina 14, se reseña la empresa “FORMACION E INSERCION SL”, de la que es Administrador Único D. Sergio Manuel Álvarez Arguelles, del que se afirma que es cónyuge de la funcionaria del Principado de Asturias, Mercedes Álvarez González, que ocupa el puesto de Consejera de Turismo y Cultura.

El informe policial expresa, en atención a los datos facilitados por la Agencia tributaria, que dicha empresa declaro pagos procedentes del Principado de Asturias en concepto de subvenciones. En concreto 18.673,2 € en 2006, 32.613,12 € en 2008 y 25.184, 25 € en 2009.

Estos son, en síntesis, los únicos hechos que la Sala encuentra en las diligencias remitidas que tengan relación con la aforada.

En definitiva si el Instructor entendiese que los mismos pudieran conducir a implicaciones penales debería de agotar la investigación hasta llegar a concretar y expresar razonadamente los hechos con relevancia penal en los que pudiera estar implicada la aforada y, solo después de practicadas las diligencias oportunas y necesarias conducentes a tal fin, exponerlas razonadamente a la Sala, oído el Ministerio Fiscal.

Sin ánimo de exhaustividad y con el máximo respeto a la independencia y perspicacia del instructor, parece conveniente que se reclamen los correspondientes expedientes administrativos que determinaron la concesión de las subvenciones al objeto de confrontar si la citada empresa reunía los requisitos de la convocatoria. Y, a partir de las pertinentes comprobaciones, tomar las declaraciones que resulten convenientes para el éxito de la investigación penal, entre las que debiera incluirse las del Administrador único de la referida sociedad mercantil, beneficiaria de las subvenciones.

TERCERO.- Llegados a este punto resulta necesario recordar la consolidada doctrina de nuestro Tribunal Supremo seguida, como no podía ser de otra manera, por las Salas de lo Penal de lo Tribunales Superiores de Justicia, acerca del alcance que ha de darse a la expresión “indicios de responsabilidad” de persona aforada al objeto de remisión de la causa por el instructor ordinario al TS o a la Sala de lo Penal del TSJ.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha ocupado de esta cuestión en reiteradas resoluciones. En síntesis, el Tribunal Supremo afirma el carácter excepcional que tienen las normas de la Constitución Española y de la Ley Orgánica del Poder Judicial por las que se atribuye la competencia a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para instruir y enjuiciar las causas contra determinadas personas por razón de los relevantes cargos que ejerzan, en el caso de Diputados y Senadores. Tal carácter excepcional justifica la interpretación restrictiva que ha de hacerse de las mismas de modo que sólo se inician en este Tribunal Supremo tales procedimientos penales contra aforados cuando haya quedado individualizada la actividad delictiva concreta de la persona de que se trate y, además, exista algún indicio o principio de prueba que pudiera servir razonablemente de base para la imputación criminal que de esa conducta individualizada pudiera derivarse, añadiéndose que así lo exige, por un lado, la propia naturaleza de la función que desempeña el Tribunal Supremo, y, por otro lado, la necesidad de preservar la función pública que desempeña el aforado frente a denuncias o querellas no debidamente fundadas (Auto T. Supremo de 12 de enero de 2000), de forma que en estos supuestos debe tramitarse el proceso penal ante el órgano judicial que sea competente conforme a las normas generales de nuestras leyes procesales y, si éste órgano entendiera que hay indicios de responsabilidad criminal contra algún aforado, agotada la investigación en todo lo que fuere posible, sin dirigir el procedimiento contra éste, procederá a remitir a esta Sala la correspondiente exposición para que podamos resolver aquí, conforme a lo dispuesto en los artículos correspondientes (A. T.S. de 4-1-2002). En igual sentido A. T.S. de 11-5-2006, donde se dice que cuando se imputan acciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, es exigible no sólo que se individualice la conducta concreta que respecto a este aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación, con cita de abundantes precedentes de esta Sala, concluyendo que para que proceda a declarar su competencia es menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada. En iguales términos Auto del T.S. de 31-3-2006 y 16-9-2004.
También las Sentencias del Tribunal Constitucional 68 y 69/2001 de 17 de marzo (Pleno, caso S. Marey) donde se denunciaba precisamente que la instrucción de la causa penal fue indebidamente retenida durante cerca de ocho meses por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, una vez que ya existían datos o imputaciones concretas que implicaban al recurrente que ostentando la condición de diputado, desestimando el amparo que se pretendía por vulneración del artículo 24 núm. 1 y 2 C.E derecho al Juez Predeterminado por la ley. Pues bien, en estas sentencias el Tribunal Constitucional recoge y sigue la doctrina del Tribunal Supremo, exponiendo en primer lugar que «la aplicación e interpretación de la normativa reguladora de la prerrogativa de aforamiento de Diputados y Senadores es una cuestión de legalidad que incide, sin embargo, en el contenido de un precepto constitucional, el artículo 71 núm. 3 C.E., así como en el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley», para seguidamente razonar que «la determinación concreta del momento preciso en el que la instrucción de la causa ha de elevarse a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por poder resultar implicado en la misma un miembro de las Cortes Generales no ha sido establecida por el legislador postconstitucional recogiéndose como único criterio en la normativa reguladora la garantía del aforamiento prevista en el artículo 71 núm. 3 de la C.E. para Diputados y Senadores la genérica referencia del artículo 2 de la ley de 9 de febrero de 1912 a la aparición de «indicios de responsabilidad contra algún Senador o Diputados».

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, su función de intérprete de la preconstitucional ley de 9 de febrero de 1912 (S.T.C. 22/1997) viene entendiendo en una consolidada línea jurisprudencial que se inicia, al menos, con el Auto del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1993, y que constituye hoy un consolidado cuerpo doctrinal que no basta para la prerrogativa de aforamiento del artículo 71 núm. 3 C.E la mera imputación personal sin datos o circunstancias que la corroboren, a un aforado, requiriéndose la existencia de indicios fundados de responsabilidad contra él, sólo entonces, y no antes, justifica la cognición de la causa por el Tribunal Supremo». Incluso el Tribunal Constitucional entiende que la mera imputación personal a un aforado, sin necesidad de la existencia de otros datos o circunstancias que la corroborasen, no dejaría de implicar, especialmente ante denuncias, querellas o imputaciones insidiosas o interesadas, una desproporcionada e innecesaria alteración del régimen común del proceso penal.

CUARTO.- Así las cosas, lo que procede es la devolución de las presentes Diligencias al Juzgado Instructor remitente ,al objeto de que agote las diligencias de investigación necesarias para concretar los hechos de carácter delictivo en los que indiciariamente pudiera haber participado la aforada, si es que se acredita ,aunque sea indiciariamente, tal participación. Y solo en este supuesto debería remitir a la Sala la correspondiente exposición razonada acompañada de las pertinentes actuaciones procesales.

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS, actuando como Sala de lo Penal.
A C U E R D A

Devolver las presentes Diligencias al Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de Oviedo, para que continúe la instrucción de la causa de conformidad con lo razonado en esta resolución.

A los solos efectos de esta resolución se levanta el secreto decretado por el instructor.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

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