La economía sumergida en España supone ya el 21,5% del Producto Interior Bruto mientras que los empleados públicos aumentan a un ritmo de 70.000 al año en España, según un informe de la Universidad de Oviedo

Foto: laopinion.es

La  economía sumergida en España supone el 21,5% del Producto Interior Bruto mientras que el volumen de empleo no declarado en el país supera los 4 millones. El empleo sumergido ha ido creciendo paulatinamente en la segunda mitad de la pasada década.

Se calcula en unos niveles para el período 2005-2008 entre el 20 y el 23,7%, cuando para el período 1980-2008 era de alrededor del 12,5% sobre el PIB oficial. 

Los autores del estudio atribuyen el aumento de la economía sumergida en gran medida a motivos fiscales. Entre 1980-2008 se elevó la presión fiscal, lo que incentivó las actividades sumergidas, que en 2000 supusieron una pérdida de recaudación fiscal de 31.000 millones de euros, el 5,6% del PIB oficial.

Los empleados públicos en España aumentan a un ritmo de 70.000 al año

 Además, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha publicado un informe sobre la situación del personal de las distintas administraciones del Estado, que calcula que el número de empleados públicos aumenta a un ritmo de 70.000 al año en la última década.

Los profesores Miguel Ángel Malo de la Universidad de Salamanca, Luis Garrido de la UNED y Begoña Cueto de la Universidad de Oviedo han  contrastado los datos con la Encuesta de Población Activa, concluyendo que el número de empleados públicos ha pasado de 2,5 millones en el año 2000 a 3,2 en 2010.

Estos expertos estiman han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que han causado este incremento tan llamativo en el número de empleados públicos en la última década. De acuerdo con sus cálculos, el mayor crecimiento se ha producido en Andalucía donde hay un 18,3% más de funcionarios que hace 10 años, seguida de cerca de Cataluña, con un 18%. La tercera en crecimiento es la Comunidad de Madrid, con una subida de un 11,3%, pero en su caso no sólo incluye personal autonómico o de ayuntamientos, sino también de los Ministerios y otros organismos de la Administración central presentes en la capital.

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