La Xunta garantiza los derechos históricos de los habitantes de las islas Ons a sus viviendas, pero rechaza que se conviertan en propietarios

La Xunta defiende los derechos históricos de los habitantes de las Ons haciendo posible el uso de sus viviendas vía concesión por ley, pero rechaza que se conviertan en propietarios

La condición de dominio público de estas islas, de titularidad de la Comunidad Autónoma y dentro del Parque de las Islas Atlánticas, implica que sus bienes nunca podrán ser adquiridos en propiedad

Las Ons fueron expropiadas por el Estado en 1942 y transferidas posteriormente a la Administración Autonómica, estando calificadas en su conjunto por una finalidad de protección de sus valores naturales y paisajísticos

Santiago, 26 de abril de 2011.- La Xunta normalizó, siempre de acuerdo con la ley, una situación histórica anómala y permitió a los habitantes de las Islas Ons mantener el derecho de uso de sus viviendas en unas condiciones favorables. Por eso, el Gobierno Gallego quiere mostrar su extrañeza por las críticas contra su gestión en esta materia, ya que en todo momento buscó compatibilizar y defender los derechos históricos de este colectivo con el obligado cumplimiento de la legislación vigente.

Mediante el Decreto 174/2010, que regula el régimen jurídico y el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones administrativas correspondientes (publicado en el DOG del 22 de octubre de 2010), la Consellería de Medio Rural hizo posible que los habitantes de este archipiélago pidan seguir disponiendo plenamente de sus inmuebles.

Este decreto desarrolla la Ley 5/2001, de 28 de junio, del régimen jurídico de la Isla de Ons, que reconoció la situación histórica de estos pobladores y los faculta para el uso y disfrute de los inmuebles que fueron habitados y utilizados de manera tradicional por ellos o por sus antepasados (nunca para acceder a su propiedad).

Interés general
El otorgamiento de estas licencias está supeditado al interés general y a la preservación, conservación y utilización sostenible de la flora, fauna, paisaje y construcciones tradicionales que integran, pueblan, conforman y se sitúan en las islas. Las concesiones –por un plazo máximo de 75 años– serán para el uso vinculado a la residencia o vivienda; uso comercial vinculado a la hostelería, restauración o alimentación; y uso agrario tradicional. Podrán ser concesionarias aquellas personas que hayan tenido una vinculación histórica con la Isla de Ons por la presencia continuada de distintas generaciones en el momento de la entrada en vigor de esta Ley.

La condición de dominio público de esta isla, como bien de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia que forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, implica que está calificada en su conjunto por una finalidad pública –de protección de sus valores naturales y paisajísticos– y que, por lo tanto, sus bienes nunca podrán ser adquiridos en propiedad.

Las Islas Ons fueron expropiadas por el Estado en 1942, con el fin de la defensa nacional, y transferidas posteriormente a la Administración Autonómica, hasta que mediante la Ley15/2002 este archipiélago pasó a formar parte de la Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

En este caso, el derecho de reversión de la expropiación realizada en su día no se puede ejercitar de nuevo, porque ya se agotó la vía jurisdicional con una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2005. La desafectación sólo podría hacerse efectiva mediante una Ley Estatal aprobada por las Cortes Generales que declarara la pérdida de la condición de Parque Nacional.

Bienes de dominio público
Los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la normativa sobre Patrimonio, son inalienables, imprescritibles e inembargables, por lo que no pueden ser objeto de gravamen, carga, afección, transacción o arbitraje. Además, son indisponibles y no podrán ser objeto de tráfico jurídico privado mientras ostenten tal condición. La única utilización posible de estos bienes y derechos por personas o entidades tendría que venir determinada por la obtención de licencias, permisos o concesiones administrativas, no siendo factible otra fórmula.

Con este fin se aprobó el referido Decreto 174/2010, que reguló el régimen jurídico y el procedimiento para otorgar las concesiones. Este proceso dio respuesta idónea a la situación de usos históricos de inmuebles que tienen la condición de bienes de dominio público, posibilitando el uso por quien los habita o utiliza, siempre que dicta utilización sea compatible con las finalidades derivadas de la condición de Parque Nacional.

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