La Audiencia Provincial rebaja a la mitad la fianza de 300.000 euros impuesta a los empresarios imputados en el caso Riopedre de presunta corrupción en la Administración asturiana

El tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, ha considerado excesiva la fianza de 300.000 euros impuesta a los empresarios Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, y Víctor Manuel Muñiz, gerente y propietario de Igrafo, acusados por su implicación en el caso Riopedre de presunto cohecho y tráfico de influencias en el seno de la consejería de Educación.

El tribunal  rebaja esta medida cautelar a la mitad -150.000 euros-, al estimar parcialmente los recursos interpuestos por los abogados defensores de los imputados.

Los magistrados aducen como argumentos principales para revocar parcialmente las fianzas en que ni los delitos en los que supuestamente incurrieron ambos empresarios, ni la pena que conllevaría en caso de ser condenados en un juicio, justificarían unas cantidades económicas tan elevadas.

Los dos empresarios obtuvieron la libertad bajo fianza el pasado 27 de enero, pero se hallan imputados por sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias en la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos. Trama por la que también están imputados el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructura, María Jesús Otero, y la funcionaria destituida y ex jefa de servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización y Telecomunicaciones, Marta Renedo.

Los empresarios deberán continuar compareciendo, tal y como imponía la jueza Ana López Pandiella que lleva el caso, todos los viernes en la sede de su juzgado, el número 4 de instrucción de Gijón. Riopedre está en libertad tras abonar una plataforma de amigos los 100.000 euros de fianza, mientras que Otero y Renedo siguen en prisión.

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