El sindicato CSIF critica la gestión del ministerio de Justicia ante la visita del ministro Caamaño a Asturias

COMUNICADO CRÍTICO DE CSIF  ANTE LA VISITA DEL MINISTRO DE JUSTICIA A ASTURIAS

FOTO: hazteoir.org

Hoy estará en Asturias el Ministro de Justicia Francisco Caamaño y CSIF ante una visita que pretende reforzar la imagen ministerial y de la Administración Autonómica no puede por menos que ser extremadamente crítico con la gestión de la Administración de Justicia  en General, tanto Ministerial como Autonómica.

Si bien la entrada en funcionamiento de un Juzgado de lo Mercantil, es sin duda, un paso necesario para una mejor gestión de la Administración de Justicia en Asturias, no es menos cierto que los problemas que la aquejan en nuestra Comunidad Autónoma son múltiples y especialmente desde que se ha producido el proceso de transferencias en la materia.

El incumplimiento sistemático de las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que afectan a más de la mitad de la plantilla de funcionarios destinados en Asturias, que supone que seamos los peor retribuidos de todo el país; la pérdida de derechos a la que hemos sido sometidos los funcionarios judiciales  en situación de baja por enfermedad con respecto a los pertenecientes a Territorio Ministerio, así como la falta de planes claros o la ausencia de negociación de cara a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, son pérdida de derechos consecuencia de una muy mala gestión  .

Pero además, la Justicia asturiana padece su mayor crisis en la localidad de Oviedo, que sufre un fraccionamiento y falta de operatividad de las sedes judiciales  nunca antes conocido, y que sin proyecto alguno de futuro impide una planificación adecuada de lo que deberá ser algún día la Nueva Oficina Judicial.

La planificación del Ministerio de Justicia a día de hoy es extremadamente importante en una Comunidad como la de Asturias en donde los Juzgados de Violencia de Género sobresaturados en algunos casos, no ofrecen soluciones adecuadas a las necesidades, o más bien podríamos decir que ni tan siquiera se sabe cuál es la política a seguir. En Asturias, ante la implantación del nuevo Juzgado de Violencia de Género en Gijón, este Sindicato ya criticó que se desconozca el ámbito competencial que tendrá a menos de tres meses de su puesta en marcha.

En materia de seguridad de sedes judiciales tampoco se ha avanzado mucho, por no decir nada. Baste decir que el proyecto de implantación de medidas de seguridad en los Juzgados de Langreo, previsto, según fue informado este sindicato, por la Dirección General de Justicia para finales de agosto, ni tan siquiera se hace mención a él.

Las transferencias de medios materiales en la Administración de Justicia se produjeron en octubre de 2006, y no se han visto reflejadas en absoluto en una mejora de las instalaciones. Ni una sola obra se ha ejecutado  cuatro años después y hoy el Ministro sólo viene a visitar las obras de Gijón. Una prueba clara de que ese dinero venía dotado con las transferencias al Principado. El Gobierno de Areces aún no se ha gastado un céntimo a pesar del estado lamentable de sedes como las de Luarca, Cangas de Onís o Infiesto. De ahora en adelante y de cara a las elecciones veremos probablemente la inauguración de Villaviciosa , de Pravia o el Instituto de Medicina Legal, que también el dinero venía dotado con las transferencias al Principado

Las reuniones de los máximos responsables autonómicos al margen del propio Ministerio y de la Conferencia sectorial de Justicia, no buscan mejorar la calidad de la misma, sino reclamar mayor división de la Justicia, y el Estado consintiendo y dando ejemplo con la creación de los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas.

Los gobiernos, Nacional y autonómico, tienen un serio problema de negociación, y sobre todo de comunicación con los interlocutores sociales que reiteradamente venimos reclamándolas.

La prepotencia de la Administración es tal, están tan endiosados, que no son capaces de negociar nada con nadie, y si lo hacen es por la puerta falsa.

La falta de respuesta de ayer, 29 de septiembre, es una consecuencia de una mala gestión y de una utilización partidaria y partidista en la que convocantes y Administración, estaban condenados a entenderse para no poner en quiebra el estado de derecho. Pero CSIF reiteradamente viene denunciando estas situaciones, que a lo único que nos han venido conduciendo es a un perjuicio no sólo económico, sino a un deterioro de las instituciones, encabezadas por el Gobierno de la Nación y en lo que respecta a Justicia por el Ministro del ramo.

La deslegitimación de la huelga general de ayer por el Gobierno, era una misión imposible, puesto que sería deslegitimar a los interlocutores sociales, que alimenta el propio Gobierno y con los que busca llegar a acuerdos, aunque ello sea en perjuicio y detrimento de los propios trabajadores dejando de lado a otras organizaciones que sistemáticamente intentamos defender y promover acciones conducentes a una mejora de la Administración.

Si se hubiese reconocido un fracaso de la huelga, el Gobierno se quedaría sin sus interlocutores válidos poniendo en riesgo un derecho fundamental como el de la Negociación colectiva.

La Justicia asturiana viene padeciendo de este mal mucho tiempo, al menos desde que el personal ha sido transferido en enero de 2009. La prepotencia y la división compartimental de la Administración Justicia  en otras áreas de la función Pública, para nada está beneficiando un buen desarrollo y modernización de la Oficina Judicial en Asturias

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