El recurso denuncia que esas medidas vulneran derechos fundamentales

Las medidas impuestas por el gobierno gallego con el pretexto de combatir la pandemia están siendo objeto de críticas y ahora también de un recurso judicial.

Vox pide al TSJG la suspensión cautelar de las medidas impuestas por la Xunta.

Según ha comunicado esta tarde mediante una nota de prensa, el presidente provincial de Vox Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), contra la Orden del 29 de diciembre de 2021 de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, mediante la cual se establecieron “medidas específicas a consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma”. El recurso judicial pide la suspensión cautelar de las medidas adoptadas por el gobierno gallego.

El recurso advierte que esas medidas vulneran derechos fundamentales

Vox denuncia que la citada orden, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 30 de diciembre, incluye medidas como la obligación de presentar el certificado de vacunación del Covid-19 “para entrar en locales de hostelería, ocio nocturno, centros hospitalarios, centros deportivos o eventos, así como la prohibición de reuniones de no convivientes entre las 3 y 6 de la madrugada, tanto en interiores como en exteriores”.

En el recurso se denuncia de que “la Resolución publicada el pasado 29 de diciembre vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, a la igualdad; 18.1, a la intimidad; y 19, a la libertad de circulación; de la Constitución Española (CE), todos ellos derechos amparados a través del artículo 53.2″. En relación al Certificado del Covid-19, el recurso denuncia que “la resolución impugnada es arbitraria, desproporcionada y no supera el juicio de proporcionalidad“.

Vox denuncia que la orden de la Xunta «genera confusión en la ciudadanía»

Así mismo, el escrito presentado por Vox ante el TSJG señala que “la Orden dictada por el Gobierno de Galicia diferencia entre dos categorías de personas en el acceso a los derechos fundamentales, en virtud de un criterio irrazonable y arbitrario”, y advierte de que “lanza un peligroso mensaje de confianza, que genera confusión en la ciudadanía“, puesto que “sólo existe evidencia científica de que las vacunas protegen a las personas vacunadas frente al desarrollo de cuadros graves de la enfermedad, pero no existe evidencia de que no puedan contagiarse y transmitir la enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)“.

El desafío ético de pedir el certificado en centros hospitalarios

Por otra parte, el recurso de Vox también advierte que “la ética sanitaria se ve afectada por la imposición de este certificado para acceder a centros hospitalarios o a residencias de mayores, ya que implica el aislamiento de personas y, con mayor intensidad, a quienes se encuentren en fase terminal”.

En referencia al toque de queda establecido por el gobierno gallego, Vox denuncia que “vulnera el derecho de protección de los derechos fundamentales de las personas“, y recuerda que la libre circulación “sólo puede ser suspendida con motivo de la declaración del Estado de Excepción o Sitio, siempre que así́ se establezca expresamente en la autorización correspondiente”. Con este recurso “se trata de evitar, con la suspensión cautelar de las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia, un mal mayor e irreparable“, señala Vox.

Fte. MEDIOS