Se avecina un «otoño caliente». Cataluña comenzará a azuzar en las próximas semanas el fuego de la confrontación, con la consiguiente amenaza que esto supone para el frágil equilibrio que se ha fraguado entre Gobierno y Generalitat. A pesar de que desde Moncloa se afanen en avanzar en la normalización y el entendimiento –no en vano, Pedro Sánchez reconocía que no está en su ánimo abrir «más vías judiciales» contra el soberanismo–, el deterioro de las relaciones comenzará a hacerse evidente a partir del próximo 17 de agosto. El boicot al Rey en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Tarragona dará el pistoletazo de salida a una sucesión de acontecimientos, tales como la Diada, el aniversario del 1 de octubre, la posibilidad de un adelanto electoral catalán y la decisión de la Fiscalía de mantener o no la acusación por rebelión, entre otros, que pondrán a prueba la fortaleza de la distensión.

Tanto es así, que existe riesgo cierto de que el cauce político abierto entre Pedro Sánchez y Quim Torra se vea cegado y los separatistas «abandonen» a su suerte al Gobierno, poniendo de relieve la extrema debilidad parlamentaria de los socialistas. «No tardaremos en ver como las cañas se convierten en lanzas», aseguran, en relación a los socios de la moción.

Esta situación de «bloqueo» que anticipan desde Moncloa, pero también desde los territorios, hace que se mantenga viva la expectativa de un adelanto electoral en caso de que la situación sea «insostenible». El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reconocía en una entrevista a Ep que Sánchez «no puede aparentar una fortaleza que no tiene en el Parlamento» y que si el contexto se torna «inviable» habrá que convocar elecciones generales. De esta opinión son también otros presidentes autonómicos que nunca han visto con buenos ojos una alianza con los independentistas más allá de la moción de censura que se produjo en un «contexto anómalo», «precario y provisional». Desde estos feudos se advierte de que el Gobierno no puede «resignarse» a otra situación de «

parálisis política» como la que derivó la salida de Mariano Rajoy del poder y que en caso de verse en esta tesitura se debería acudir a las urnas sin tacticismos. El llamamiento se hace ante la intención expresada por el propio presidente Sánchez de resistir en el poder en un contexto de inestabilidad tal como el que derivaría de no conseguir aprobar los Presupuestos. «Los españoles tienen que pronunciarse en el momento en que las instituciones se bloqueen. Unas veces tiene que ver con la evolución presupuestaria y otras no», avisó García-Page.

La obstinación del Ejecutivo por aguantar, a pesar de lo conflictivo que pueda volverse el contexto, no solo choca con la convicción de algunos líderes sino también con sus perspectivas electorales. Esto es, que la campaña de desescalada pueda perjudicar los resultados del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales. En aquellos lugares en los que la unidad de España es una bandera que Ciudadanos y el PP no les ha logrado arrebatar, resultaría contradictorio que desde el Gobierno se mostrase una actitud permisiva ante las afrentas al Estado. «No sería la primera vez que los intereses de Madrid chocan con los de los candidatos locales», lamenta un dirigente. Pero ni siquiera en Moncloa hay unanimidad sobre la conveniencia o no del adelanto electoral. Existe un sector del Gabinete de Sánchez que también considera que no se puede aguantar «más allá de lo razonable», mientras que otro –en el que se encuentra el propio presidente– es partidario de dilatar la convocatoria para acometer parte de su agenda del cambio, demostrar la valía del Ejecutivo y presentarse con sus políticas como cartel electoral.

¿Momento propicio?

El problema radica también en el momento de convocar las elecciones. Con los buenos datos del último barómetro del CIS [¡si fueran verdad y no tezano-ficción!], que coloca al PSOE primero y a casi diez puntos del PP, y en plena polémica y desgaste por el máster de Pablo Casado, parecería un contexto óptimo. No obstante, lo cambiante del panorama político hace que los 54 días que median entre la convocatoria y la cita con las urnas sean demasiados para anticipar que el panorama seguirá siendo positivo. En cualquier caso, el Gobierno tiene claro el argumento para llamar a las urnas, en caso de tener que hacerlo: apelará al victimismo y al bloqueo en el Parlamento para poder sacar adelante sus políticas sociales.

También en el calendario hay cierta colisión con los territorios. Ninguno quiere que las generales coincidan con las autonómicas, ya sea el próximo otoño –con las más que probables andaluzas– o ya en 2019 con las europeas, municipales y autonómicas. Esto hace que en las previsiones del Ejecutivo estuviera no convocar antes de 2019 y valorar un mínimo adelanto, como hacía el propio Rajoy dentro de 2020. En todos estos cálculos también interfiere la posibilidad que Quim Torra disuelva el Parlament ante las dificultades para sacar adelante los presupuestos catalanes, aunque desde el PDeCAT tampoco se considera promoverlo hasta después de los comicios municipales y autonómicos.

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¡¡¡ELECCIONES YA!!!! Tenemos un mono bastante corto al que los ciudadanos no han votado al volante de España, jaleado por un grupito de otros monos descerebrados a cambio de prebendas. El autobús corre a toda velocidad y más pronto que tarde se estrellará, con los españoles de pasajeros horrorizados.