PASEN Y VEAN:

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125.000 BARBARIDADES

AMNISTIADAS

La reforma de la Ley de Costas que amnistía a 125.000 viviendas, (más de un millar de ocupaciones en Asturias y otras 12.500 en Galicia) dentro de la Zona de Servidumbre de Protección (adyacente al dominio público) entrará en vigor a partir de este viernes, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

12.500 barbaridades

EN GALICIA y

 OTRAS 1.500

 EN ASTURIAS

GALICIA

Unas 500 viviendas situadas en zona de dominio público podrán regularizar su situación en Galicia con la Ley de Costas, según ha explicado el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, quien ha precisado que la mayoría, un total de 291, se encuentran en la provincia de Pontevedra (sería curioso que estuvieran en Ourense).

Lo de que vayan aplicar «amnistías», lo niegan. Qué raro.

Lo que según él hace la Ley de Costas, aprobada este jueves en el Congreso, es regularizar la situación de «construcciones legales con licencia y que, como consecuencia de deslindes anteriores al año 1988, caían en zona de dominio público». Lo que hace la Ley de Costas, según opinamos nosotros, es poner la alfombra roja para que se sigan cometiendo barbaridades en la ídem, y destruyendo nuestro litoral a conciencia. En el caso de Galicia, lo poco que queda sin dañar.

En Galicia el PP solo admite que existen unas 500 viviendas en zonas de dominio público (¡ja!): de ellas 291 en la provincia de Pontevedra; otras 178 en la de A Coruña y 38 en la de Lugo. Sobre ellas, ha dicho que podrán regularizar su situación y ampliar el plazo de concesiones en zona de dominio público «hasta 75 años», ha precisado.

   Por otra parte, Juárez ha cifrado en 367 las industrias en dominio público en Galicia y en 21 los hoteles, «entre los que están en dominio público y zona de protección».

   Los datos apuntan a la existencia de 12.500 viviendas en la comunidad autónoma gallega que podrían beneficiarse de esta ley. Juárez ha recordado que en esa cifra están las de dominio público, competencia del Estado, y las ubicadas en zonas de protección, que corresponden al ámbito de la Administración autonómica.

   El PP niega que la ley permita nuevas construcciones, recalcado que existe una «prohibición tajante» al respecto. Pero como cada vez anterior que ha negado algo, se ha hecho realidad al poco tiempo, credibilidad cero, agárrense los machos.

RESUMIENDO: ¡RIP COSTA GALLEGA!

ASTURIAS

La reforma de la Ley de Costas que amnistía a 125.000 viviendas, (más de un millar de ocupaciones en Asturias) dentro de la Zona de Servidumbre de Protección (adyacente al dominio público) entrará en vigor a partir de este viernes, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

  Según los datos del Gobierno, de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90 por ciento se encuentra en una situación irregular. Así, explica que esta normativa aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados por la anterior normativa de 1988 (adivina adivinanza: ¿cuántos votos espera recaudar el PP con esta agresión medioambiental?)

Se escudan en el mantenimiento de puestos de trabajo, e incluso en luchar contra el calentamiento global. Solo les faltó alegar la Alianza de Civilizaciones para implantar esta salvajada de ley. Tal vez no se les ocurrió.

Con la reforma se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección (repetimos nuestro ¡ja!). Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie (ahora contadnos una de vaqueros).

Exclusión de 12 MUNICIPIOS (para disimular los excesos del resto de España, vamos a dejar ver que somos hombres buenos)

La nueva legislación-salvajada urbanística excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.

En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

  Se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988 y se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. Y preguntamos nosotros: ¿para qué sirve mantenerla, si es solo de boquilla, y no se cumple?

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Greenpeace denuncia la maniobra del PP en el Senado para aniquilar la Ley
de Costas y privatizar el uso público del litoral

Tras analizar las 185 enmiendas a la reforma de la Ley de Costas que se han presentado en el Senado, Greenpeace lamenta la estrategia del Partido Popular para seguir rebajando la protección ambiental de la costa y su privatización.
A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente aseguró, durante el periodo de desarrollo del proyecto de Ley en el Congreso, que no se incluirían más núcleos costeros amnistiados (es decir, exentos de cumplir la Ley), el propio PP ha incluido Moaña (Pontevedra) y Xilxes (Castelló), al tiempo que CiU ha pedido la amnistía para un núcleo en Sitges. Las enmiendas responden a la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de reducir la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos o la desprotección de salinas y dunas no necesarias para el mantenimiento de la playa.
Entre todas las enmiendas, Greenpeace destaca la falta de rigor con la que el Grupo Popular en el Senado pretende abordar el cambio climático en la costa. La enmienda número 176 propone adaptar, «cuando proceda», la costa a los efectos del cambio climático. Sin embargo, esta enmienda:

• No hace ninguna estimación sobre los efectos del cambio climático sobre la costa española. Y no contempla que sean susceptibles de sufrir cambio climático ni los 10 núcleos amnistiados, la isla de Formentera,  las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley.
• El texto considera que los efectos del cambio climático en la costa sólo se entienden como regresión costera y no contemplan la inundabilidad frecuente de los tramos de costas que se inundan al menos una vez cada 11-13 años, como son los casos de Santa Pola (Alicante) o Playa de Vera (Almeria).
• El Estado tomará medidas contra la subida del nivel del mar y la erosión sólo cuando ocurran catástrofes y el mar alcance viviendas. Chocando esta propuesta con el más elemental principio de precaución.
• El proyecto de Ley carece de una memoria económica en el que se analice con rigor el coste económico de lo que se propone, como la construcción de espigones o rellenos para combatir los efectos del cambio climático. De hecho, los tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre. No como propone el texto, que es solventar el problema construyendo un simple espigón que frene la subida del nivel de mar.
• Los puertos deportivos podrían acometer ampliaciones de su superficie justificando el nuevo espigón como de control del cambio climático.
• Por último, no incluye un criterio lingüístico mínimo que cumpla el acuerdo normativo aprobado en 1991 que regula los criterios lingüísticos generales pues el texto está lleno de conceptos sin rigor técnico. De hecho, se habla de erosión grave de la costa y no de erosión permanente de la línea de costa o de «zonas en los que no exista riesgo cierto de inundación». Da por tanto, la sensación que se usa este tipo de lenguaje para buscar intencionadamente la ambigüedad y así poder aplicar arbitrariamente la Ley. Desde un aspecto técnico, es muy amplia la aplicación de un concepto tan vago como «riesgo cierto».

«Esta enmienda sobre el cambio climático nos parece de una desmedida frivolidad política. Sólo maquilla el problema de nuestro litoral para seguir facilitando la destrucción ambiental y tomar decisiones sin responsabilizarse de las consecuencias»,- ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas de Greenpeace.- «La nueva Ley de Costas no es una ley de protección ambiental: es una carta blanca para legalizar los desmanes urbanísticos acaecido durante los años de burbuja inmobiliaria sin que nadie pague las consecuencias», concluye Marcos.