Salud Pública perseguirá la venta fraudulenta del ‘gas de la risa’ por su proliferación en Asturias

(Sábado, 27, 04.2013)

 

 GAS DE LA RISA

 

Salud  Pública perseguirá la venta fraudulenta del ‘gas de la risa’ para su inhalación  tóxica en locales de ocio

·        Informes  de Toxicología y del Instituto de  Medicina Legal confirman que la inhalación de óxido nitroso con fines  recreativos supone un riesgo para la salud y la seguridad de los  consumidores

 

·        El  incumplimiento de esta prohibición constituye una infracción administrativa  grave, con sanciones de hasta 18.000 euros

La Dirección General de Salud Pública perseguirá la comercialización  y suministro de óxido nitroso, más conocido como ‘gas de la risa’, a través de dispositivos dirigidos a facilitar  su inhalación por parte de los consumidores, generalmente adolescentes, en locales de ocio del  Principado.

El óxido nitroso es un fluido de uso frecuente en restauración, pero cuya  utilización con fines distintos de aquellos para los que está indicado conlleva  serios riesgos para la salud.

La Consejería de Sanidad ha tomado esta decisión después de que el  Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el Instituto de Medicina Legal de Asturias hayan  concluido que la inhalación de este producto supone un riesgo para la salud y  seguridad de los consumidores.

En los últimos  meses, la Fiscalía Especial Antidroga del Principado de Asturias y las fuerzas y  cuerpos de seguridad del Estado han detectado que diversos establecimientos de  hostelería comercializan globos hinchados con esta sustancia. Se trata de una  práctica contraria a la salud pública y a los principios más elementales de la  ética profesional, que abusa de la desinformación los consumidores. Sanidad  subraya la especial vulnerabilidad del colectivo adolescente y juvenil al que se  dispensa este producto, que se encuentra en pleno proceso de formación y  maduración de su personalidad, tanto desde el punto de vista físico como  psicológico.

Riesgo  vital

La utilización del gas inhalado con fines recreativos produce  lesiones y alteraciones del sistema nervioso (como el delirio), así como de las  células sanguíneas y pulmonares, que pueden llegar a ser severas. También  aumenta el riesgo de accidentes.

Las  autoridades advierten de que los efectos del producto pueden potenciarse con el consumo  de alcohol, una combinación que se da frecuentemente, por sus efectos depresores  del sistema nervioso central.

El informe de  Toxicología concluye que “el empleo de gas óxido nitroso inhalado y con fines  recreativos supone un riesgo para la salud y, como tal, no puede aceptarse su  utilización en globos, cápsulas, juguetes, etcétera, con el fin de ser  inhalado”. El documento refleja, asimismo, que “la introducción de óxido nitroso  en globos es una manipulación fraudulenta de un gas que tiene unas aplicaciones  muy concretas, entre otras como propelente o fármaco  anestésico”.

En el mismo  sentido, el estudio del Instituto de Medicina Legal de Asturias sostiene que la  inhalación de óxido nitroso tiene efectos adversos sobre el organismo, entre los  que se encuentran una alteración importante de la percepción sensorial, y que “su consumo no es recomendable para nadie, especialmente para personas jóvenes  por el déficit que causa de vitamina B12”. Añade, además, que el riesgo vital es  bajo, pero existe, y que sus efectos nocivos y el peligro de su uso justifican  por sí mismos que no se use fuera de fines médicos o industriales  concretos.

Productos y  servicios seguros

Además de las  competencias derivadas de la Ley General de Salud Pública, la Ley General para  la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias  establecen que los productos y servicios puestos en el mercado deben ser seguros  y no suponer riesgo alguno para la salud y seguridad de las personas.

La legislación faculta a la Administración  competente para adoptar las medidas necesarias que permitan eliminar el riesgo,  incluida la intervención directa.

Por su parte,  el empresario tiene la obligación de retirar, suspender o recuperar de los  consumidores y usuarios cualquier bien que suponga un riesgo previsible para la  salud y seguridad de las personas. Salud Pública señala que el incumplimiento de  esta prohibición constituye una infracción administrativa grave, lo que puede  conllevar sanciones de hasta 18.000 euros.

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