El Gobierno de Asturias reclama la suspensión de la Ley de Tasas Judiciales para las víctimas de la violencia de género

(Miércoles,  16.01.2013)

TASAS ABUSIVAS

El Gobierno  de Asturias reclama la suspensión de la Ley de Tasas Judiciales para las  víctimas de la violencia de género

·       La directora general del  Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Carmen Sanjurjo,  denuncia que la tramitación del divorcio en caso de agresión obliga a asumir el  pago de 300 euros

 

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer  y Políticas de Juventud, Carmen Sanjurjo, considera que la aplicación de la Ley  de Tasas Judiciales penaliza a las mujeres y, en particular, a las víctimas de  la violencia de género, por lo que reclamó al Gobierno de España la suspensión  de la normativa y la adopción de medidas para paliar esta situación hasta la  entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita, aprobada el pasado día 11.

Carmen Sanjurjo realizó esta petición durante la reunión  del Instituto Estatal de la Mujer y de las representaciones de los departamentos  responsables de las políticas de mujer de las distintas comunidades autónomas,  que se celebró ayer en  Madrid.

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer  y Políticas de Juventud quiso trasladar la preocupación existente entre  los distintos colectivos y asociaciones  asturianas de mujeres ante la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales, aprobada  el pasado 20 de noviembre, que está  teniendo una negativa incidencia en las políticas de apoyo a las víctimas de la  violencia de género. La propia ley considera que el nuevo escenario normativo “tiene un impacto nulo” en materia de igualdad, lo que contrasta con el hecho de  que el 64% de las demandas de divorcio registradas anualmente en España son  interpuestas por mujeres.

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer  precisó que si se hubiesen pagado tasas judiciales por las 110.000 demandas de  divorcio registradas en 2011 los ciudadanos habrían abonado un total de 43  millones de euros, 25 de ellos por mujeres. En la situación actual, las mujeres  víctimas de malos tratos tienen que pagar una media de 300 euros para iniciar  los trámites de divorcio de su agresor.

Con el fin de evitar que las víctimas de malos tratos  paguen esas tasas, desde el Instituto Asturiano de la Mujer se apuesta porque el  Gobierno de España suspenda de manera temporal la Orden Ministerial HAP  2662/2012 que regula la actual aplicación de las tasas judiciales hasta la  entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita, tal como vienen solicitando los  grupos políticos, colegios y asociaciones profesionales y responsables  institucionales.

Carmen Sanjurjo se interesó por conocer para cuando  prevé el Gobierno central la entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita,  dado que “mientras que no esté aprobada esta Ley no se garantiza el acceso a la  justicia gratuita a aquellas mujeres sin recursos que quieran interponer una  demanda de separación o divorcio; ni siquiera en casos de violencia de  género”.

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