El Principado ocupó de forma irregular los terrenos particulares sobre los que a principios de la década de 1990 se construyó la explanada del puerto nuevo de Luarca y, años después, el Museo del Calamar Gigante.

Así lo confirma la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que el pasado 20 de septiembre emitió una sentencia mediante la que se anula el proceso expropiatorio llevado a cabo para reforzar los diques del muelle y obliga a la Administración regional a «devolver de forma inmediata el bien a la recurrente», una de las propietarias del terreno.

El tribunal declara «la nulidad de pleno derecho» de la expropiación porque se llevó a cabo «sin oír ni entender las diligencias del expediente» con la demandante, «a pesar de ser cotitular inscrita» en el registro.

De hecho, los magistrados dan por probado que «existe un evidente error por parte de la Administración al no tener en cuenta la titularidad inscrita de los bienes expropiados a la parte recurrente para la ejecución de una obra pública». Según la sentencia, a la que tuvo acceso EL COMERCIO, el Principado admite el «error» y acepta que «se declaren nulas todas las actuaciones expropiatorias realizadas en el expediente de las obras de referencia».

Este acto hace inapelable la sentencia y permite estimar la petición de la recurrente, que no es otra que «ser restituida en su derecho de propiedad sobre el bien expropiado», un proceso que debe llevarse a cabo de forma «inmediata». Al aceptar el «error», el tribunal exime al Principado del pago de las costas del proceso, pues «no es posible concluir que la parte demandada sostuviere su acción con mala fe ni temeridad».

El Principado podría tener que indemnizar a la propietaria de los terrenos, que abarcan una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, comprendida entre los almacenes de pescadores y el mar. Y es que, en el recurso que resuelve esta sentencia -que fue presentado en 2009 tras ser denegada una solicitud para impugnar la expropiación-, la demandante pide que, sino es posible reintegrar el suelo, «se condene a la Administración» a abonar una indemnización «equivalente al valor económico del bien a precios actuales, más una compensación por la ilegal ocupación del bien expropiado desde 1989 -cuando se ejecutó la expropiación- hasta la actualidad».

La cifra de la compensación no ha sido fijada por el tribunal. La sentencia dicta que, en caso de que el Principado acepte pagarla, su cuantía «se determinará en ejecución de sentencia», en un nuevo proceso judicial. No obstante, podrían tratarse de cifras millonarias, ya que el valor del metro en el entorno portuario puede superar los 1.000 euros.

(Fuente: ECD)