La falta de ingresos al no poder vender carbón está «ahogando» las tesorerías de las compañías mineras, aseguran los empresarios, y desde el sector se apunta que en los próximos días comenzará a producirse una cascada de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) si antes el Ministerio de Industria no establece alguna solución temporal mientras siga bloqueada la aplicación del real decreto del carbón, frenada por el Tribunal de la Unión Europea y la Audiencia Nacional.

El empresario minero Victorino Alonso ya ha puesto en marcha un ERE que afecta a 580 trabajadores, y que el lunes ampliará a otros 1.200 empleados (1.780 trabajadores en total, de los que en torno a los 580 desempeñan su labor en Asturias).

A la decisión tomada por el grupo de Victorino Alonso le pueden seguir en los próximos días otras compañías como el Grupo Lamelas Viloria o la Hullera Vasco Leonesa, que también se están planteando muy seriamente la salida del ERE temporal como única solución. Más de 7.000 trabajadores que hay en la actualidad en el sector pasarían a engrosar, al menos durante un tiempo, las lista del paro. Las empresas llevan desde pasado mes de marzo sin vender carbón.

El cerco judicial al que se está viendo sometido el real decreto de ayudas a la producción eléctrica con carbón nacional a partir de los recursos presentados por Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola está llevando a las empresas mineras privadas a una situación «desesperada», según la calificaba ayer un portavoz de la patronal minera Carbunión.

El Ministerio de Industria confía no obstante en resolver pronto a través de los tribunales la actual situación de espera en la que se encuentra la aplicación el decreto del carbón. «La apuesta del Gobierno por sacar adelante el decreto se sustenta en su convencimiento de que la norma es jurídicamente impecable, por un lado, y en la consideración de que se trata del oportuno salvavidas que puede evitar la actual situación de riesgo en que se encuentra el sector español de la minería del carbón, la única fuente fósil autóctona, cuya pervivencia es estratégica para la seguridad del suministro», indicaron desde el Ministerio de Industria.

Las eléctricas se defienden alegando que la presentación de los recursos contra el decreto se debió a «una medida de arbitraje» y acusando al gobierno de no haber sabido encontrar hasta la fecha «un punto de equilibrio» que satisfaga tanto al sector minero como al eléctrico afectados.

Sobre la próxima regulación que llevará a cabo el grupo Alonso, el Consejero de Industria y Empleo del Principado, Graciano Torre, anunció esta semana en Avilés que contactará con el Gobierno central para conocer los detalles concretos del ERE (aunque a la vista de la poca reacción del gobierno del Principado en coyunturas anteriores semejantes no cabría esperar ahora una respuesta muy decidida).

Torre calificó de «mazazo» los actuales acontecimientos que amenazan con darle el golpe de gracia al sector minero asturiano y leonés.