Pese a ser jornada festiva, en el Día del Pilar volaron más que nunca las acusaciones entre los actores políticos y sindicales.

Tras la denuncia del PPdG sobre que el bipartito presuntamente había incrementando el presupuesto en infraestructuras «por la puerta de atrás» a través de modificados, a continuación fue la Confederación Intersindical Galega (CIG) la que acusó al gobierno de Feijóo de elección «a dedo» de las jefaturas de servicio y la posibilidad de mandar «en cualquier momento a cualquier lugar» de la Comunidad al personal funcionario. Ésas son, dijeron desde el sindicato, las «medidas estrella» del Gobierno de Feijóo para «luchar contra la crisis» en el sector público.

   Según ha explicado el sindicato en un comunicado, el pasado lunes la Dirección xeral de Función Pública propuso a los sindicatos la modificación de la Ley de Función Pública, que, según ha denunciado, «se tratará durante sólo una hora» el próximo miércoles día 13.

  El sindicato denuncia que «no se deja» tiempo material para la exposición pública y el debate democrático del documento, con el que sostienen que se pretende aprobar «una reforma «reaccionaria» de la ley «por la puerta de atrás» y que estará en vigor el día 1 de enero.

   Entre las modificaciones propuestas por el gobierno, dos son especialmente dañiñas según la valoración del sindicato. 

La primera es que los funcionarios podrán ser trasladados forzosamente mediante un sistema ordinario, a través de una comisión de servicios forzosa, por un período de hasta nueve meses, y también mediante un sistema extraordinario a través de la modificación en la Relación de Puestos de Trabajo de la adscripción del puesto de trabajo.

   La segunda, según, la CIG, es que las jefaturas de servicio serán de «libre designación», ya que se elimina la forma de provisión por concurso que fue aprobada por unanimidad en el parlamento gallego en la anterior legislatura.