El consejero de Medio Rural y Pesca del Principado, Aurelio Martín, ha presentado este lunes la propuesta de un nuevo impuesto autonómico que gravaría la ocupación de montes para actividades no sostenibles y con el que se prevé recaudar entre 14 y 18 millones de euros. No afectará a entidades públicas ni ayuntamientos. Existe además el riesgo de que las compañías que lo sufran lo repercutan en sus usuarios o consumidores, aunque el Principado prefirió descartar tal posibilidad.

Sería el segundo impuesto propio en recaudación tras el Canon de Saneamiento de Aguas. 

Con las previsiones de instalación de aerogeneradores y de nuevas líneas de alta tensión o ampliación de las existentes, la recaudación total subiría a medio plazo hasta 20 millones de euros.

Martín espera que este impuesto ambiental se tramite dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y esté en vigor a partir del 1 de enero de 2011. Para ello, el consejero espera que la iniciativa de IU-Verdes cuente con el apoyo de los socialistas con los que mantienen el pacto de gobierno, y recuerda que en otras comunidades autónomas dirigidas por el PSOE existen impuestos similares.

Aurelio Martín estuvo acompañado en la rueda de prensa por el director general de Montes, Joaquín Arce. Arce especificó que se dejarán fuera del nuevo gravamen las actividades «sostenibles» tales como la agricultura, la ganadería o la industria maderera.

«Es el momento de pasar de la poesía a los hechos en lo que se refiere a la fiscalidad verde», argumentó Martín. 

El objetivo de este impuesto es gravar a las empresas que desarrollan actividades consideradas «no sostenibles» a juicio del Ejecutivo regional, que se escuda para establecer el impuesto en los daños, incidencia, alteración o riesgo de deterioro en los montes.

Por supuesto que el nuevo impuesto serviría, también, para inyectar recursos en estas políticas medioambientales en la actual situación de crisis económica. Igualmente, el consejero sostiene que contribuirá a generar empleo en el ámbito de la conservación forestal y por tanto, permitirá fijar población en el medio rural.

Los usos gravados serían las infraestructuras de transporte y producción eléctrica; la producción minera y otras actividades extractivas; las antenas y repetidores de televisión, telefonía o telemática; el transporte de personas en teleférico, funicular o telesilla; los remontes mecánicos para transporte de mercancías; gaseoductos y oleoductos; así como otras actividades vinculadas, además de pistas, carreteras y caminos de acceso. 

Se incluyen todos los montes incluidos en la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias, tanto los de titularidad pública como privada. Si bien, el impuesto no lo pagarán los propietarios del monte sino quienes desarrollen en él una actividad. No afectará a las entidades públicas ni a los ayuntamientos.

Existe además la posibilidad de que las compañías repercutan en los usuarios o consumidores este nuevo impuesto al tener que gravarlo, aunque el Principado descartó la idea por incómoda.