La asunción por parte del PSOE de que existe lawfare contra el independentismo no solo descalifica a la Justicia, sino que supone un evidente acto de intimidación de jueces y magistrados que ya puede comprobarse. Según los compromisos labrados por los socialistas con Junts y ERC, comisiones parlamentarias del Congreso se convertirán en tribunales populares que sentenciarán sobre la supuesta prefabricación de sumarios judiciales para atacar al secesionismo. Esa quiebra del Estado de Derecho, por lo que implica de injerencia de los poderes legislativo y ejecutivo en el poder judicial, tiene un precedente claro en el Parlament de Cataluña, donde la persecución ha comenzado.

Como desvelamos hoy, en febrero y marzo el Parlament amenazó al magistrado del Supremo Pablo Lucas, encargado del control judicial del CNI, con incurrir en responsabilidades penales si no desvelaba información secreta del caso Pegasus. El juez se negó a comparecer. Cabe subrayar que la supervisión judicial de los servicios secretos es una garantía que se hizo evidente tras los escándalos del Cesid de los años 90.

El caso Pegasus arrancó en 2022, cuando, tras la publicación de un informe sin rigor impulsado desde Toronto, más de 60 independentistas catalanes denunciaron el supuesto espionaje de sus móviles con el software israelí. La entonces directora del CNI, Paz Esteban, acreditó que en octubre de 2019, con Sánchez como presidente, el centro había vigilado a 18 personas, entre ellas el hoy president Aragonès, siempre con permiso judicial. La novedad no es que las siglas independentistas quieran hacer de este asunto la prueba de que el Estado las ataca, sino la reacción del Gobierno, sustanciada en dos cesiones: primero entregó a ERC la cabeza de Esteban -que declara como imputada el día 13 donde debe: en un tribunal- y desde el 23-J ha decidido dar carta blanca a toda esta maquinaria de manipulación.

La decisión de Sánchez de mantener su bloque de Gobierno a cualquier precio se traduce en que las prácticas contrarias al Estado de Derecho que caracterizaron el procés se replican ahora en toda España. El PSOE está obligado a apoyar una comisión de investigación sobre Pegasus en el Congreso a propuesta de ERC, que asegura que hay «indicios de un espionaje sistemático y generalizado de orientación política».

La persecución del poder político a los jueces es una evidente señal de alarma de que los contrapesos democráticos se resienten. Cuando el Gobierno pretende aprobar una amnistía que borrará los delitos probados del 1-O, los parlamentos se sienten autorizados para amenazar a los jueces por sospechas y falsedades. La UE hace bien en estar atenta a la deriva iliberal de un país donde la verdad de los hechos no la escribirán los magistrados independientes, sino la mayoría política que respalda al Gobierno.

Editorial El Mundo