El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la información sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las cárceles. La misma “confidencialidad” que la derecha política reprocha al profesor y dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar estudios e informes técnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al Ejecutivo del PP para esquivar el control parlamentario sobre la privatización de la seguridad de las prisiones. La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores.