Hoy se ha cometido un nuevo crimen. Amaya ha muerto en Barakaldo cuando la comisión judicial se disponía a desahuciarla. Repetimos: no es un suicidio, es un genocidio financiero, es un crimen que se podría haber evitado si los responsables de los sucesivos gobiernos -PSOE y PP- hubieran adoptado las medidas que la sociedad civil llevamos años reclamando.
Según informan algunos medios de comunicación, el Gobierno y PSOE van a solicitar a las entidades bancarias una moratoria en las ejecuciones de desahucios en marcha cuando estos afecten a colectivos vulnerables. Una vez más, el Gobierno y PSOE no asumen la responsabilidad de dar una respuesta real a la emergencia social.
Ante estas informaciones, la PAH quiere puntualizar que cualquier medida cuyo cumplimiento sea de carácter voluntario por parte de las entidades financieras se ha demostrado ineficiente y es un engaño para las miles de personas que se encuentran bajo el…
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