La investigación sospecha que E. I. G., propietario de la firma Geogal, o su padre habrían podido exigir tratos de favor para lograr contratos para la empresa
EL TSJA DESMIENTE QUE HAYA NUEVAS IMPUTACIONES EN EL CASO RIOPEDRE, AUNQUE ACLARANDO QUE «LA POLICÍA PUEDE TOMAR DECLARACIÓN A QUIEN CONSIDERE OPORTUNO»
(Relativa a la Noticia extractada de La Nueva España del 31/01/10-VER NOTICIA ORIGINAL)
En Gijón la investigación sobre la presunta red Riopedre de corrupción empresarial y política podría haber continuado pidiendo la policía la declaración de más personas, además de los ya detenidos o en libertad bajo fianza.
Se trataría de responsables de empresas que hubieran trabajado para la Administración del Principado, como los dueños de Igrafo y Almacenes Pumarín.
A estos dos últimos empresarios se les acusa de dos delitos, cohecho y tráfico de influencias. La investigación y las escuchas telefónicas han provocado el ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; de su principal colaboradora en la Consejería, María Jesús Otero; y de la funcionaria de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés. En libertad, pero teniendo que pagar esta semana una fianza de 300.000 euros, se hallan Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín, por los cargos de cohecho y tráfico de influencias.
Tras pasar por la Comisaría de Gijón, donde al parecer algunos de los llamados a declarar se negaron, quedaron en libertad. Aún se desconoce cuántos fueron.
Además la Policía judicial de Gijón ha ampliado supuestamente sus registros a la Consejería de Cultura y a la Intervención regional, en busca de nuevas pruebas e información sobre el caso.
(Fuente: LNE)
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