La Policía estaría al parecer haciendo declarar a más empresarios que trabajaron para el Principado, sospechosos de formar parte de la presunta red de corrupción

ÚLTIMA HORA: martes 1 de febrero

La Policía interroga al hijo de Riopedre en relación con la trama de corrupción

La investigación sospecha que E. I. G., propietario de la firma Geogal, o su padre habrían podido exigir tratos de favor para lograr contratos para la empresa

EL TSJA DESMIENTE QUE HAYA NUEVAS IMPUTACIONES EN EL CASO RIOPEDRE, AUNQUE ACLARANDO QUE «LA POLICÍA PUEDE TOMAR DECLARACIÓN A QUIEN CONSIDERE OPORTUNO»

El hijo de Riopedre se negó a responder a las preguntas de la Policía acogiéndose a su derecho a no declarar.

Por otra parte, «ante las informaciones aparecidas en un diario regional», el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desmiente tajantemente que, a día de hoy, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón haya imputado a alguien mas.

En un caso como este, hasta que no haya una declaración en sede judicial no puede haber una imputación judicial de delito alguno, y por lo tanto, como este fin de semana no se ha producido este hecho, no hay ninguna resolución por parte de la magistrada en este sentido. Tampoco está previsto que en la próximas horas alguien vaya a declarar al Juzgado.

En el marco de una Instrucción de este tipo, que sigue abierta se encuentra que la Policía pueda tomar declaración a quien considere oportuno, en calidad de detenido o no, sin que esto suponga una imputación judicial de delito alguno, hecho este que únicamente le corresponde a la autoridad judicial.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL TSJA

(Relativa a la Noticia extractada de La Nueva España del 31/01/10-VER NOTICIA ORIGINAL)

En Gijón la investigación sobre la presunta red Riopedre de corrupción empresarial y política podría haber continuado pidiendo la policía la declaración de más personas, además de los ya detenidos o en libertad bajo fianza.

Se trataría de responsables de empresas que hubieran trabajado para la Administración del Principado, como los dueños de Igrafo y Almacenes Pumarín.

A estos dos últimos empresarios se les acusa de dos delitos, cohecho y tráfico de influencias. La investigación y las escuchas telefónicas han provocado el ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; de su principal colaboradora en la Consejería, María Jesús Otero; y de la funcionaria de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés. En libertad, pero teniendo que pagar esta semana una fianza de 300.000 euros, se hallan Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín, por los cargos de cohecho y tráfico de influencias.

Tras pasar por la Comisaría de Gijón, donde al parecer algunos de los llamados a declarar se negaron, quedaron en libertad. Aún se desconoce cuántos fueron.

Además la Policía judicial de Gijón ha ampliado supuestamente sus registros a la Consejería de Cultura y a la Intervención regional, en busca de nuevas pruebas e información sobre el caso.

(Fuente: LNE)