La Comisión Europea aprobará este miércoles el plan español de ayuda al sector del carbón pero exigirá como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014

Esto pese a la oposición de Galicia por considerar que perjudicará a esta comunidad autónoma, significando un alto número de despidos y descenso de la producción en las centrales de Meirama y As Pontes afectadas. En las últimas protestas los manifestantes estimaron que dar luz verde al real decreto  podría suponer la perdida de hasta 5.500 puestos de trabajo y más de 1.200 millones de euros.

En cambio en Asturias y León el sector minero reclamaba la aprobación de este real decreto cuanto antes para regular y estabilizar el sector.

La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.

El plan español obliga a una decena de centrales térmicas (entre ellas dos gallegas donde se han centrado las protestas en esta comunidad) a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.

Contradicciones

La organización ecologista WWF había denunciado ante el Ejecutivo comunitario que autorizar el plan español contradeciría la propuesta de Bruselas de acabar con las ayudas públicas al carbón de aquí a 2014.
Con el compromiso del Gobierno español de no dar más ayudas públicas al sector más allá de 2014 se resolvería esta contradicción. Bruselas ha propuesto prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía. La norma debe ser aún aprobada por los Gobiernos de los 27 y algunos quieren ampliar el plazo. El gobierno español confía en que se le dé luz verde cuanto antes.