Sánchez ha optado por convertirse en rehén de partidos que pretenden la destrucción del concepto constitucional de nación que España se concedió en 1978.
Se avecina un Gobierno capaz de identificar varias «naciones» donde solo hay una, o de diseñar una ingeniería social basada en la pretendida superioridad moral de la izquierda para secuestrar conceptos como la igualdad, el progreso, el feminismo, la memoria histórica, o la «justicia social». Será un Gobierno manirroto, ajeno a las exigencias de cumplimiento del déficit y la reducción de la deuda, obsesivo en el gasto a base de incrementos masivos de impuestos, y con dudosa capacidad para generar empleo. España se asomará también a un proceso de revisión de los estatutos de autonomía en el País Vasco o Cataluña, con concesiones a partidos que siguen abogando por el inexistente derecho de autodeterminación. A cambio de una investidura pergeñada para gobernar con 120 escaños propios -algo inédito-, Sánchez ha sido capaz de vender a partidos separatistas con representación muy minoritaria en el conjunto de España las siglas de un partido centenario que hasta ahora representaba una socialdemocracia constructiva. Ahora, con Pablo Iglesias encaramado a las instituciones, Sánchez podrá dormir tranquilo, aunque no es eso lo que decía meses atrás. Y ahora, con un calendario concreto para la expulsión fáctica de la Guardia Civil de Navarra, o con un proyecto «nacional» avalado por el PSOE para el País Vasco y para Cataluña, Sánchez podrá aprobar sus primeros presupuestos del Estado.
Lamentablemente, España entra en un periodo de regresión social, política y económica.
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