NO PODRÁN LLEVARSE A FRANCO COMO TROFEO, LOS SINVERGÜENZAS Las dudas de la exhumación de Franco que la ministra no aclara

Las rimbombantes palabras de Delgado no logran despejar las dudas que proyecta la exhumación del dictador, acordada este viernes por el Consejo de Ministros tan sólo unas horas después de que el presidente del Ejecutivo anunciara el adelanto de las elecciones generales al próximo 28 de abril. ¿Podrá el Gobierno ejecutar el traslado sin autorización de la orden religiosa a la que el rey Juan Carlos I encomendó la custodia de los restos hace más de 43 años? ¿Cumple la disposición legislativa utilizada para tramitar el expediente el canon de constitucionalidad? En aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ¿se van a exhumar también los restos de las otras 192 personas que, fallecidas después de que terminara la Guerra Civil, están enterradas también en Cuelgamuros? El Independiente analiza los interrogantes que sobrevuelan una de las medidas ‘estrella’ de Pedro Sánchez y que la titular de Justicia, el departamento encargado de la tramitación, no ha despejado por ahora.

  • ¿Exhumación sin autorización eclesiástica? En su escrito de alegaciones, el prior de la Abadía del Valle de los Caídos defendía la “imposibilidad” que tenía el Gobierno de decretar la exhumación del cadáver de Franco sin la “preceptiva” autorización eclesiástica, con la que no ha contado Pedro Sánchez debido a la “patente oposición” mostrada por los nietos del dictador a que los restos de su abuelo cambien de sepultura. La comunidad benedictina invoca el canon 1213 del Código de Derecho Canónico, que establece que “la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados”. No hay dudas de que tiene tal consideración la basílica pontificia del Valle de los Caídos, destinada “al culto divino o a la sepultura de los fieles”. Hacerlo sin permiso supondría -según el prior, Santiago Cantera– una “vulneración” del Acuerdo con la Santa Sede para asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979. Esta norma tiene naturaleza de tratado internacional y, en aplicación del principio de jerarquía normativa, prevalecería sobre una disposición nacional: la Ley de Memoria Histórica. ¿Cómo piensa sortear este escollo el Ejecutivo? En su comparecencia informativa tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Justicia ha defendido que la actividad de la “autoridad civil” no queda excluida por el hecho de que el emplazamiento sea un “lugar de culto”. “El Gobierno puede tomar aquellas decisiones necesarias legalmente para entrar en este espacio”, ha añadido sin aportar más fundamentación jurídica. Tanto la comisión de expertos nombrada por el socialista Rodríguez Zapatero en 2011 para estudiar actuaciones de futuro para el conjunto monumental como la propia Abogacía del Estado han reconocido la “inviolabilidad” que le confiere al templo el acuerdo entre España y la Santa Sede durante la Transición, lo que contrasta abiertamente con la afirmación de Dolores Delgado. “La decisión del Gobierno cuenta con todos los avales jurídicos necesarios que garantizan su legalidad”, se lee en la referencia del Consejo de Ministros difundida por La Moncloa.
  • ¿Esperará el Gobierno a que el Supremo resuelva? La titular de Justicia ha eludido aclarar a los periodistas si el Gobierno intentará la ejecución del traslado de Franco antes de que el Tribunal Supremo resuelva si paraliza cautelarmente la exhumación, como la familia de Franco solicitará tras el acuerdo adoptado este viernes por el Consejo de Ministros. “No se puede hacer Justicia-ficción. Hasta que no transcurran los plazos, hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir”, ha dicho para zafarse de tan espinosa pregunta. La ministra se refiere al margen de dos semanas que el Ejecutivo le va a conceder a los nietos para que digan dónde desean inhumar a su abuelo una vez sacado el féretro del Valle de los Caídos. Salvo que la familia inste “medidas cautelarísimas”, el alto tribunal tardaría varias semanas en resolver la petición de tal medida cautelar. ¿Aprovechará el Gobierno ese ínterin para intentar acceder a la basílica y consumar la exhumación? Cuando el Supremo rechazó el pasado 17 de diciembre suspender la exhumación instada por los familiares con el argumento de que el procedimiento administrativo no había concluido aún ya advirtió al Ejecutivo de que el acuerdo -en aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- no podría ejecutarse sin que previamente la familia “haya podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”. De ahí cabe interpretar que el traslado de la momia de Franco no podrá llevarse a cabo antes de que el alto tribunal entre en el fondo del asunto, lo que difícilmente tendría lugar este año.
  • ¿Y las otras 192 personas fallecidas después de la guerra? Vía real decreto-ley, el Consejo de Ministros acordó en su reunión del pasado 24 de agosto una modificación de la Ley de Memoria Histórica consistente en la incorporación de un tercer apartado al artículo 16 que establece textualmente: “En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda». Ese cambio en la norma era imprescindible para poder poner en marcha el procedimiento administrativo relativo a la exhumación de Franco -fallecido en un hospital de Madrid 36 años después de que hubiera concluido la guerra-, para lo que se ha añadido una disposición adicional a la Ley de Memoria Histórica. En su comparecencia ante los periodistas, Dolores Delgado se ha referido exclusivamente al caso del dictador pero no ha dicho nada acerca de los 20 monjes y de las otras 172 personas que murieron después de la contienda y que están enterrados en Cuelgamuros (los religiosos en el cementerio de la abadía y el resto en criptas repartidas por la basílica). La aplicación estricta del citado decreto-ley conllevaría también el traslado de los restos de estas casi 200 personas, uno de los motivos que explica la oposición de la comunidad benedictina al proyecto del Ejecutivo. La familia de Franco alega que el Gobierno ha preparado una “ley de caso único” que “vulnera” dos preceptos constitucionales: el principio de igualdad en la ley y el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Terminará el caso en el Tribunal Constitucional?
  • Urgencia, ¿43 años después? Tanto la familia como la orden benedictina y la Fundación Nacional Francisco Franco han cuestionado el instrumento normativo al que ha recurrido el Gobierno -el decreto-ley- para tramitar el procedimiento administrativo de la exhumación. Uno de los requisitos esenciales que exige este tipo de disposición legislativa es la “extraordinaria y urgente necesidad”, cuya concurrencia no aprecian en este caso las citadas partes. “¿Qué extraordinaria y urgente necesidad puede existir, respecto a la actuación que se pretende, en el año 2018, que no existía en el año 2011, o en el año 2007, o en el año 1976, o en el año 1978?”, se preguntaba retóricamente el prior en el escrito de alegaciones remitido a la instructora. Para la familia de Franco, “estamos ante una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata y urgente actuación”. El Gobierno lo justifica por el “clamor popular” derivado de la aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2017 de una proposición no de ley promovida por el PSOE -con 198 votos a favor y 140 abstenciones- por la que se instaba al Gobierno a trasladar los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos.

FUENTE: EL INDEPENDIENTE

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