Al menos 3.000 personas están investigadas o procesadas en las distintas causas por corrupción abiertas en tribunales de toda España.

Esta cifra incluye tanto a quienes son llamados a declarar por un juez en condición de «investigados» (la figura que sustituye a los imputados en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) como a quienes resultan finalmente juzgados. Entre ellos hay políticos y empresarios de renombre y también numerosos funcionarios y trabajadores.

Algunas de las causas llevan años en proceso de instrucción, como es el caso de los ERE presuntamente irregulares de Andalucía, con más de 250 investigados -la juez acaba de archivar por prescripción la imputación a 12 empresarios-; o Astapa, centrada en el Ayuntamiento de Estepona, con más de 100 investigados y ocho años de instrucción -el fiscal acaba de podir más tiempo-. Para otros ya se ha dictado apertura de juicio oral y están a la espera de…