Según una información que publica hoy el diario asturiano La Nueva España en portada de su edición online, la Agencia Tributaria y el grupo de delincuencia económica de la Policía han identificado, en el marco del caso Riopedre por la presunta trama de corrupción en el seno de la Administración y gobierno socialista asturianos, un total de 130 empresas cuyos titulares y representantes son trabajadores del Principado o familiares de éstos, los cuales contratan o reciben subvenciones de la Administración regional.

Los inspectores de Hacienda y los policías están investigando hasta cuatro listados mercantiles con el fin de detectar conductas como la exhibida por la ex funcionaria Marta Renedo.

A las anteriores empresas se suman otras 193, también pertenecientes a funcionarios o sus familiares, que facturan con sociedades proveedoras del Principado. Los cuatro listados que enumeran a las empresas investigadas se incluyen en un disco compacto que ha sido entregado al juez instructor del caso Riopedre en Oviedo.

Mediante el cruce de los listados de empleados del Principado y sus familiares y los datos que obran en la Agencia Tributaria, la Policía está al parecer en condiciones de afirmar que el Principado contrata o subvenciona directamente a cincuenta empresas pertenecientes sólo a funcionarios de la Administración regional. También facturan con la Administración regional otras ochenta empresas pertenecientes a familiares de esos funcionarios.

Además, hay 64 empresas gestionadas por funcionarios que facturan con sociedades proveedoras del Principado. En un cuarto apartado se contabilizan 159 sociedades a nombre de familiares de esos funcionarios que tienen tratos con esas empresas que proveen a la Administración. De ellas, un total de treinta se incluye en el apartado de empresas que trabajan directamente con el Principado.