Un juez falla en contra de altos cargos socialistas del Principado y Vipasa por la adudicación «discrecional» del proyecto de los 102 minipisos de la Universidad Laboral en Gijón

El juez de instrucción número 2 de Oviedo ha fallado que los dirigentes socialistas que gestionaban la empresa pública de vivienda Vipasa, cuando dependía de la Consejería de Infraestructuras, adjudicaron la redacción del proyecto arquitectónico de los 102 minipisos de la Universidad Laboral, en Gijón, de forma que califica de «discrecional», como «si se tratara de una empresa privada», y con «la simulación de un expediente ficticio», hecho «a posteriori», en el que se incluyen documentos falsificados.

El juez ha detectado asimismo un incremento del precio de contratación para el que no encuentra «justificación alguna aparentemente» y que, además, se produjo cuando sólo habían pasado cinco días desde el acuerdo de adjudicación.

Por las anteriores consideraciones el juez desestima los recursos de reforma presentados por tres de los seis imputados, por falsificación de documentos mercantiles y un delito societario, en la presunta adjudicación ‘a dedo’ y por encima de precio del proyecto para la construcción de los minipisos.

El auto judicial confirma la culpabilidad de tres altos cargos del actual Gobierno asturiano socialista, la ex gerente de Vipasa y los dos arquitectos que se hicieron con el contrato.

En marzo de 2009, el PP denunció a los miembros del consejo de administración de Vipasa que aprobaron la adjudicación del proyecto de los minipisos de la Laboral. El juez aceptó el caso e imputó a Enrique Álvarez, que era vicepresidente de la entidad y que, en la actualidad, es gerente de la Zalia; a Guillermo Morales, director general de Urbanismo; Javier Uría, director general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda; María José Hevia, gerente de Vipasa en el momento en que sucedieron los hechos, y los arquitectos contratados, Esteban Díaz Amunárriz y Rafael Rojo. Todos ellos se enfrentan a penas máximas de nueve años de prisión.

El magistrado encargado del caso expone en su auto que la intención de los recurrentes es «dar carpetazo al asunto», algo que rechaza.

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