El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts abre las puertas a la investidura de Pedro Sánchez y representa, por lo pactado, el mayor ataque al sistema constitucional, un golpe de imprevisibles consecuencias al régimen del 78, que es tanto como decir a la democracia. España se enfrenta al momento más grave desde la Transición.

La separación de poderes, la igualdad entre españoles, la igualdad territorial y la unidad nacional consagrada en la Constitución han saltado literalmente por los aires al entregar Sanchez el Estado a cambio del Gobierno.

Ese trueque ignominioso, el Estado por el poder, es la subversión misma del orden constitucional. Si hace siete años fueron los separatistas catalanes los que atentaron contra el ordenamiento jurídico, hoy es el presidente del Gobierno en funciones quien atenta contra el Estado de derecho. Es difícil aceptar sin estremecerse la vileza de Sánchez y es complicado apelar a la serenidad, pero la lógica indignación que sienten los millones de españoles concernidos con los valores constitucionales tiene que ser, ahora más que nunca, canalizada por los cauces democráticos utilizando todos y cada uno de los instrumentos legales para tratar de que Sánchez no triture definitivamente el andamiaje institucional sobre el que se ha construido la democracia española. Y, por supuesto, la rebelión cívica en las calles, en legítima defensa de los intereses nacionales.

La UE, que ya ha dado un serio toque de atención al Gobierno en funciones por la ley de amnistía, no puede bajo ningún concepto asistir como mero espectador de lo que está ocurriendo en España. Porque la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos -principios fundacionales de la Unión- han sido literalmente dinamitados por la villana felonía de quien dice actuar por el bien de España cuando lo que ha hecho es entregar la dignidad de la nación por siete votos.

[Sánchez no solo ha entregado la dignidad de la nación, ha destruido el Estado de Derecho para su propio beneficio. A partir de ahora no existen en España los principios básicos que garantizan la existencia de una democracia: ya no hay separación de poderes, sino que se concentran en Su Sanchidad; ni igualdad de españoles ante la ley, puesto que emerge una élite al estilo de la aristocracia del Antiguo Régimen, que concentra todos los privilegios, y puede obrar libremente según le convenga, sin ninguna limitación legal ni de otro tipo. Ya no existe la Constitución como regla máxima que respetar del ordenamiento jurídico, puesto que la nueva aristocracia la puede violar y manipular a su antojo, como está haciendo. La inmensa mayoría de españoles, de izquierdas y de derechas, que no pertenecen a esa élite, se convierten ahora en siervos de la nueva aristocracia, sujetos a cualquier arbitrariedad que les pueda ocurrir a esas élites, sin posibilidad de defensa. Se eliminan todas las barreras de control democráticas, y en su lugar solo vale lo que decida la nueva nobleza en orden a mantener sus privilegios].