La Junta justifica su petición para expulsar a los sindicalistas encerrados por «razones de seguridad», mientras estos reprochan la falta de apoyo del PSOE

 

 

Cerca de 200 personas se concentraron ayer durante casi una hora a las puertas de la Junta General del Principado. Reclamaban una solución a la dramática situación que atraviesa el sector del carbón y medidas urgentes para salvar los 250 puestos de trabajo de la compañía Astur Leonesa, cuya explotación en el Pozo Cerredo (Degaña) se encuentra sin suministro eléctrico y con la práctica totalidad de la plantilla inmersa en un ERE. Pero, en esta ocasión, la movilización tenía además una importante dosis de solidaridad con los seis trabajadores que se encerraron el jueves en la sede parlamentaria y que fueron desalojados en la madrugada de ayer.

 

Participaron en la concentración diputados de Podemos y de IU, que coincidieron en condenar el desalojo nocturno ordenado por la Delegación de Gobierno, a petición del presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo. Tanto desde la Presidencia de la Junta como desde el PSOE justificaron la decisión y explicaron que se realizó «tras peticiones reiteradas a los trabajadores de que abandonaran el edificio, al cumplirse la hora de cierre del mismo y por razones de seguridad».

 

El diputado de Podemos Héctor Piernavieja, que junto a su compañera Lucía Montejo acompañaron a los mineros en su encierro, fue especialmente crítico con la decisión del presidente de la Junta y también con la actuación de los agentes de la Policía Nacional, que cifró en «medio centenar», asegurando que no habían intervenido con «buenas formas». También Gaspar Llamazares, portavoz de IU, señaló que no había razones para el desalojo. «Esta casa no debería haber recurrido a la Policía», dijo.

 

«Como terroristas»

 

Los mineros encerrados, todos ellos miembros del comité de empresa, dijeron sentirse «como terroristas» cuando, según su relato, «medio centenar de antidisturbios armados hasta los dientes» les sorprendieron de madrugada, cuando algunos de ellos ya dormían. «Nos pidieron la identificación, nos cachearon y nos acompañaron a la puerta de la Junta. No ofrecimos resistencia», aclaró Juan Carlos Vega, presidente del comité de empresa. Vega acusó al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy de ser el «principal culpable de esta situación por su incumplimiento del Plan del Carbón», y le exigió la convocatoria de una reunión de la Mesa de Seguimiento. Pero también tuvo palabras muy críticas con la actitud del Gobierno del Principado, del PSOE. «Nos dicen que no tienen competencia para resolver nuestro problema, pero el presidente de la Junta nos saca a patadas de la Cámara. Se quejan de la ‘ley mordaza’, pero luego son los primeros que la aplican», recriminó.

 

Los mineros aseguran que el desalojo les ha dado más fuerzas para seguir luchando por sus puestos de trabajo, mientras que los grupos parlamentarios de Podemos e IU anunciaron diferentes iniciativas parlamentarias para forzar una solución a este conflicto.

Ana Moriyón