Una dimisión ineludible que compromete a todo el Gobierno |La condición de imputado debería encontrar a Marlaska ya dimitido. Fulminó a un hombre honesto por negarse a cometer una ilegalidad. Es un ministro inicuo / Opinión

Una democracia se corrompe cuando sus ciudadanos se acostumbran a que su Gobierno les mienta. Cuando la contumacia en el embuste del presidente y de sus ministros logren narcotizar a la opinión pública española, ese día habremos renunciado a la condición de ciudadanos libres. En una sociedad sana, los gobernantes son servidores del pueblo y rinden cuentas de sus desmanes. Dos años de sanchismo después, el Ejecutivo encadena escándalos políticos que erosionan la separación de poderes, alientan la polarización social desde posiciones de poder, colonizan cada institución del Estado en favor del partido de Gobierno reducido a agencia de colocación y empujan en suma a la democracia constitucional alumbrada ejemplarmente en 1978 por la pendiente populista de los regímenes iliberales. De ese proceso de degradación es emblema ya la triste trayectoria de Fernando Grande-Marlaska.

Después de la orden revelada ayer, firmada por su subordinada María Gámez como directora de la Guardia Civil, el ministro del Interior ya no puede ocultar por más tiempo que mintió en sede parlamentaria el viernes cuando afirmó que ni él “ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha reclamado al coronel Diego Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe” que daba cuenta de las investigaciones sobre el 8-M desarrolladas por el Instituto Armado bajo autoridad judicial. Nunca se trató de una “reestructuración de equipos”, ni de “evaluar una disfunción”, ni de ningún barato eufemismo por el estilo: lo cesó por arbitraria voluntad de injerencia al servicio de Moncloa.

Marlaska mintió conscientemente para no incurrir en el delito que sabe que comete cualquier mando político que interfiere en una investigación judicial que afecta a su Gobierno. Lo peor para él es que esa mentira ha quedado violentamente a la intemperie y que la juez -víctima de una infame cacería mediática por parte de las terminales gubernamentales- tiene ya prueba suficiente para proceder contra el ministro del Interior por coacción e inducción a la violación de secretos. Pero la condición de imputado debería encontrar a Marlaska ya dimitido. Él fulminó a un hombre honesto por negarse a cometer una ilegalidad. Por cumplir con su deber. Es un ministro inicuo que no debe permanecer un solo día más en su puesto. Cada minuto que se aferra a una cartera especialmente delicada es un insulto a los ciudadanos. Ha ejecutado purgas políticas, ha filtrado informes falsos contra el adversario político, ha monitorizado las redes para perseguir la discrepancia, ha mentido para protegerse del efecto penal de sus presuntos delitos. Debe irse ya. Sin dilación.

Pero la responsabilidad no se agota en Gámez y Marlaska. EL MUNDO ha publicado que el ministro del Interior fue instado desde La Moncloa a “ponerse las pilas” para hacerse con la información que obraba en poder de la Justicia. Y se las puso, aunque ello comportara el desborde de la legalidad y del mínimo escrúpulo democrático. Sánchez se ha caracterizado en este tiempo por abusar de las instituciones en provecho propio y por llevar a sus colaboradores -desde Tezanos hasta Dolores Delgado, de Rosa María Mateo a Marlaska- más allá del límite de la elemental higiene democrática. Ha ido muy lejos en muchos frentes, a menudo con el patético aplauso de los sectarios que solo recuperan la vergüenza periodística cuando el poder lo ejerce el PP. Pero la sociedad debe poner pie en pared. Un Gobierno desarbolado y débil con tendencias autoritarias le está perdiendo el respeto. Si los abusos de poder se saldan con el olvido y a cada escándalo le suceden nuevos escándalos olvidables, la impunidad será norma y la democracia estará amenazada.

https://www.elmundo.es/opinion/2020/06/02/5ed6859dfdddff14b18b45fc.html

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