Más de 300 penados por delitos de tráfico participaron en unos talleres de educación viaria promovidos por la Xunta de Galicia

• Fue a través de un convenio firmado por la Consellería de Presidencia y el Ministerio de Interior para el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad
• La reciente modificación de la Ley del código penitenciario permitió que los trabajos en beneficio de la comunidad puedan consistir también en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, entre otros
• Los talleres fueron desarrollados por la Asociación de Criminólogos de Galicia (CRIGA)

 

Santiago, 6 de abril de 2011.- Un total de 328 condenados por delitos relacionados con la seguridad en el tráfico rodado participaron en unos talleres de educación viaria promovidos por la Xunta de Galicia. Así lo informó al director general de Justicia, Juan José Martin, en respuesta a una pregunta parlamentaria en la que explicó que el grado de satisfacción del cumplimiento de estas actividades supera el 90% de los casos.

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, firmó en julio del año pasado un convenio de colaboración con el Ministerio de Interior para el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. En base la este convenio a Consellería, en colaboración con la Asociación de Criminólogos de Galicia (CRIGA), llevaron a cabo los dichos talleres en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Ourense y Ferrol, en un total de 9.039 jornadas.

Las plazas fueron distribuidas, bajo la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias, previa entrevista de los penados para determinar la actividad más idónea la cada uno de ellos, y según sus características personales, su capacidad laboral y su entorno social, personal y familiar. La ejecución de la actividad se desarrolla bajo el control del juez de vigilancia penitenciaria y de los servicios sociales de Instituciones Penitenciarias. Los talleres constaban de una fase formativa y otra de realización de actividades de utilidad pública.

Estos cursos pudieron desarrollarse gracias a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de Noviembre del código penitenciario, que entró en vigor el pasado mes de diciembre. El cambio posibilitó que los trabajos en beneficio de la comunidad puedan consistir en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros semejantes.

Gracias a este nueva iniciativa a la posible avanzar en la bondad del sistema que permite que bajo concretas circunstancias, la pena consista en trabajos en beneficio de la comunidad, lo que reporta no sólo un aliciente para lo penado en aras su futura conducta, sino que revierte en la comunidad como prestataria de sus servicios.