Mucho se habla de «lawfare» en los últimos meses y quiero aclararlo para que todos podamos entenderlo.
El lawfare es cuando usan la ley para joder a los que no les gustan.
Ejemplo: Es lo que hace Maduro en Venezuela, que cambia a los jueces y a los fiscales que no le bailan el agua.
Pues esto también está pasando ya en España, por culpa de las negociaciones entre el PSOE y Junts para que Sánchez siga siendo presidente.
El pacto entre estos partidos dice que el lawfare es una cosa que existe y que afecta a los que se saltaron la ley por el procés.
Según el pacto, se van a tener en cuenta las investigaciones sobre la Kitchen y el Pegasus, para perdonarles con una ley de amnistía que quieren aprobar.
Además, se podrían tomar medidas contra los jueces, fiscales y magistrados que les juzgaron por el 1-O.
Estas injerencias del PSOE han cabreado al Poder Judicial ya que es una metida de pata política en la justicia, y está poniendo en peligro el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. También ha enfadado a los partidos que defienden la Constitución, que acusan a Sánchez de traicionar la democracia y la soberanía nacional, para seguir en el poder a toda costa.
Pero el lawfare de Sánchez no es algo nuevo, sino que lleva tiempo haciéndolo, para controlar la justicia y adaptarla a lo que le conviene.
Para eso, ha puesto a fiscales de su lado, como a Dolores Delgado, que pasó de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado.
También ha intentado cambiar las normas para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, para asegurarse una mayoría de izquierdas.
Y ha contado con la ayuda de magistrados como Cándido Conde-Pumpido, que ha participado en secreto en la ley de amnistía sobre el 1-O.
El lawfare de Sánchez es un peligro para la convivencia y la estabilidad de España. Puede tener consecuencias muy graves para la unidad y la integridad del país. Es una forma de ceder al chantaje de los separatistas, que quieren la impunidad y la ruptura con el orden constitucional. Es una manera de debilitar el Estado de derecho, que garantiza la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Es una puerta abierta a la república, el chavismo y la arbitrariedad judicial.
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