COMISIONES ILEGALES
El diputado del PSOE en la Junta General y exalcalde de Cudillero, Francisco González, ha presentado su dimisión del cargo, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia ha abierto juicio oral contra él por un delito continuado de exacciones ilegales.
González ha anunciado que deja la política en una rueda de prensa convocada tras conocer la decisión judicial, al respecto del caso de las supuestas comisiones ilegales cobradas a los hosteleros por la instalación de determinados chiringuitos veraniegos en Cudillero.
El Magistrado Instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha decidido la apertura de juicio oral por el procedimiento de la Ley del Jurado por un delito continuado de exacciones ilegales contra el diputado regional del PSOE y exalcalde de Cudillero, Francisco González Méndez, y contra María Verena Prendes, exconcejala en el municipio.
Los hechos se refieren a una serie de pagos que tuvieron que realizar las personas que regentaban unos chiringuitos en la zona del puerto de Cudillero en concepto de seguridad, entre los años 2003 y 2008. Entonces era alcalde de Cudillero Francisco González.
En el auto del TSJA se señala que los acusados, en lo sustancial, reconocen el pago por parte de los hosteleros al Ayuntamiento de determinadas cantidades para retribuir a la Policía Local la vigilancia nocturna.
El delito de exacciones ilegales sanciona a la autoridad o funcionario público que exigiese directa o indirectamente derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos, o en cuantía superior a la legalmente señalada.
«Llama poderosamente la atención que, desde la más alta representación de una Administración Local, se fomentase la ilegalidad al pagar en efectivo y fuera de la nómina unas horas extraordinarias sin realizar las obligadas retenciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social», dice el juez.
El auto desestima las cuestiones previas de la fianza y estipula una fianza para Francisco González de 25.000 euros y para María Verena Prendes de 10.000 euros. «En atención al importe probable de las responsabilidades civiles, con los datos que en este momento se poseen y se reflejan en los hechos justiciables», señala el auto.
