El rescate de la concesión municipal restante de doce años a Aparcamientos Asturias, propiedad de la familia Masaveu, del aparcamiento subterráneo de la Escandalera en el centro de Oviedo generará un coste a las arcas municipales (de al menos 8 millones de euros) que acabaría asumiendo la empresa Comamsa de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo.
El acuerdo entre el alcalde y Comamsa incluye la cesión del subsuelo a la sociedad para construir tres aparcamientos privados con 1.500 plazas y saldar la deuda del palacete de Villa Magdalena.
En respuesta, la familia Masaveu no se ha mostrado dispuesta a renunciar a la explotación del parking subterráneo de La Escandalera basándose sólo en una decisión municipal, sino que acudirá a órganos independientes para que determinen la necesidad real del rescate. De esta forma pretenden defender sus derechos en conformidad al contrato de concesión que tienen con el ayuntamiento.
La procelosa historia comienza cuando el empresario Miguel Ángel Menéndez del Fueyo compró a la familia Figaredo el palacete de Villa Magdalena en la avenida de Galicia en 1995, poco antes de que Ayuntamiento acordara la expropiación. Fue entonces la primera vez que Fueyo planteó la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo en el lugar más céntrico de la capital asturiana, el Paseo de los Álamos del Campo de San Francisco. Tal iniciativa entonces no prosperó.
Con el convenio de Uría, ambas empresas vuelven a encontrarse. El Gobierno local y Comamsa decidieron que sería esta última quien intentara que los Masaveu renunciaran a la concesión. Casi un año después, no han llegado a ningún acuerdo. Y los Masaveu están dispuestos a recurrir a todos los procedimientos legales necesarios para hacer valer sus derechos.
Su empresa, Aparcamientos de Asturias, ha presentado un recurso ante los tribunales (al igual que otros partidos políticos y colectivos) al considerar que el convenio de De Lorenzo con Fueyo para saldar la deuda de Villa Magdalena vulnera sus derechos.
Ahora, es el Ayuntamiento quien ha optado por anunciar un rescate de la concesión para intentar forzar la salida de los Masaveu, y poder cumplir con los plazos fijados por Fueyo. Una demora podría llevar al empresario a poder romper el contrato, y que el Ayuntamiento se enfrentara de nuevo a pagar los 63 millones en los que llegó a retasar Villa Magdalena.
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