Los piquetes de los sindicatos han comenzado a operar en toda España, para forzar a los ciudadanos a que el derecho de huelga se convierta en una obligación y así reforzar su influencia ante una población que no secunda la convocatoria. A las amenazas veladas contra el que se atreva a oponérseles han respondido los colectivos de empresarios de Asturias y Galicia recordando que estamos en un Estado de derecho y que la gente es libre de ir a trabajar si quiere.

Los sindicatos realizaron en la Puerta del Sol el último acto previo antes del comienzo de la huelga. Ha sido también el primer acto de los piquetes, que han escogido para ello un lugar simbólico de Madrid. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, aseguraron hoy que los piquetes informativos son los garantes de la defensa de los derechos de los ciudadanos y que la huelga general de mañana va a ser un éxito.

Asimismo, han arremetido contra el Gobierno y las diez comunidades autónomas con las que no han pactado los servicios mínimos. Los transportes se presumen como uno de los principales puntos de conflicto en todo el país.

Asturias cercada
En Asturias no habrá transporte el día de la huelga general. Así lo aseguraron los sindicatos. «Operarán piquetes informativos y «convencitivos»», dijo Florentino Vázquez, responsable de Transportes de UGT, en una al parecer amenaza velada, a la que también se unió el líder regional de CC OO, Antonio Pino, quien avisó de que los «piquetes serán potentes». Y el responsable de Transportes de CCOO, Jesús González, anunció que en Asturias sólo se acatarán los servicios mínimos en las ambulancias y en el suministro a los hornos altos, para que no se paren. También se permitirá la salida y entrada en Asturias de los trenes y autocares suprarregionales pactados con el Ministerio. Los demás servicios mínimos no serán acatados. Los sindicatos los juzgan abusivos.

De hecho los piquetes ya han comenzado a ejercer sus acciones de presión sobre la población en general, la mayoría de la cual se resiste a secundar una huelga con la que no está de acuerdo. Las críticas a los sindicatos son muchos, pero  los piquetes ya se han puesto en marcha en las principales ciudades asturianas. Dueños de establecimientos de la capital, Oviedo, así como empresas de los polígonos industriales admitieron haber recibido amenazas en caso de no secundar la huelga, que se presume un derecho pero que los sindicatos, ante la creciente desconfianza del ciudadano de a pie hacia sus actuaciones, ahora convierten en una obligación.

Varios dirigentes sindicales ‘recomendaron’ que no se envíe a los hijos al colegio, dijeron en otra velada advertencia de lo que podría ocurrir.  El Principado decretó el cumplimiento del 100% de este servicio y el de transporte de trabajadores que no coincidan con servicios regulares. Los piquetes también actuarán, dijeron, contra el transporte privado.

A última hora de la noche del martes 28 los piquetes habían logrado además impedir la salida a la calle de la edición de mañana de los principales diarios asturianos. También se preveían piquetes en el centro de Oviedo, particularmente en las cercanías del Palacio del Principado y del Corte Inglés, focos de la ira de los piquetes.

«Los sindicatos muestran su verdadera cara», dicen los empresarios asturianos

La  Federación Asturiana de Empresarios (FADE),  ha recomendado a las organizaciones sindicales que no hagan ningún tipo de acto «del que después puedan arrepentirse», al tiempo que ha negado que existan empresas asturianas que hayan chantajeado a sus trabajadores con despedirles si secundan la huelga general.

FADE se opone a la huelga, en segundo, recomienda a sus asociados que abran si voluntariamente consideran que deben hacerlo y, en tercer lugar, que si hay cualquier tipo de acto violento que impida abrir los negocios que lo pongan en conocimiento de las autoridades para que actúen en consecuencia. Desde FADE se han tomado con ironía la expresión «piquete convencitivo» utilizada por los sindicatos para aludir a las acciones que estaban dispuestos a emprender contra aquellos que quisieran ir al trabajo en jornada de huelga general. «Habrá que cambiar el diccionario», bromearon.

Las organizaciones sindicales «han enseñado la verdadera cara que hay detrás de esta convocatoria», agregaron, indicando que con la amenaza de «piquetes potentes» se estaba intentando intimidar a todos los asturianos y les ha advertido que, pese a estar perfectamente reconocidos en el Ordenamiento Jurídico, hay otra serie de leyes que están por encima, como el de la libertad de las personas para ir o no a la huelga. 

Desde FADE ven completamente improcedente hacer en estos momentos una huelga contra la reforma laboral, ya que no es el principal problema de este país en este momento ni va a permitir generar empleo.

Galicia resiste bajo presión

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la suspensión del decreto de servicios mínimos promulgado por la Xunta para la huelga general de mañana reclamado por los sindicatos.

El tribunal ha rechazado los recursos de los sindicatos que calificaron de «abusivos» estos servicios mínimos -un 22% para transportes, el 30% en educación-, porque «atentan contra el derecho de huelga» según ellos.  UGT-Galicia impugnó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia los servicios mínimos decretados por la Xunta para sanidad, educación y el ente de radiotelevisión, aunque su petición también ha sido rechazada.

También la CIG consideró que la propuesta de servicios mínimos establecidos por la Xunta es «abusiva y conculcadora de derechos».

Los sindicatos amenazan y las empresas aguantan como pueden

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), al igual que la de Asturias, ha recordado hoy que la mayoría de empresas y trabajadores no desean secundar esta huelga por mucho que se empeñen los sindicatos.  Calificó la huelga de «política», y denunció que los piquetes tratarán de que la gente «no pueda ir a trabajar».

«Cuando los sindicatos ven un ambiente que no es propicio para la huelga tienen que buscar una situación que les permita no quedar mal, porque está en juego su credibilidad», explicó el presidente de CEG, quien mostró no obstante su seguridad de que las fuerzas de orden público sabrán mantener la legalidad democrática de que quien quiera ir a trabajar, pueda hacerlo.

 Recordó por último que el paro en España ronda actualmente el 20%, el doble que en la Unión Europea. «Algo estaremos haciendo mal», dijo, considerando éste el problema principal y no las reivindicaciones de los sindicatos sobre la reforma laboral.