El Gobierno ha reaccionado a la crisis del coronavirus con una batería de medidas y promesas para paliar las consecuencias sanitarias y económicas. Pero muchas de ellas se están retrasando, no se ponen en marcha o sus efectos aún no colman las expectativas generadas.
Esta circunstancia está provocando en la ciudadanía y en el mundo empresarial una mayor incertidumbre a la desatada por la situación de emergencia actual.
Desde el inicio del Estado de Alarma, los diferentes ministros y el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, han anunciado compromisos con las sociedad, pero la improvisación, las luchas internas y de poder y la elevada burocracia han derivado en incumplimientos sucesivos e, incluso, reiterados. Tras algo más de un mes de Estado de Alarma, siguen sin resolverse muchos asuntos, algunos de ellos de extrema necesidad tanto por sus derivadas sanitarias como económicas, dos aspectos esenciales para el país. Estos son algunos ejemplos de las iniciativas que no terminan por llegar o están implantadas a medias.
Mascarillas
Cuando se decretó el Estado de Alarma, encontrar una mascarilla en España ya era difícil. Desde finales de enero la demanda fue tan fuerte que prácticamente vació el canal de distribución farmacéutica. Las pocas que quedasen dentro del país fueron incautadas a partir del 14 de marzo, así como se interceptaron en las aduanas las que se importaban. Fue entonces cuando el Gobierno se comprometió a hacer las compras necesarias para que el personal esencial y los grupos de riesgo, primero, y el resto de la ciudadanía, posteriormente, tuvieran acceso a este bien de primera necesidad en tiempos de pandemia.
Durante las primeras semanas los sanitarios, así como también el personal de las residencias de ancianos, no dispusieron de mascarillas. España tiene hoy más de 28.000 sanitarios infectados, por no contar de nuevo el drama de los geriátricos. Ahora tampoco tiene toda la población que lo necesita. Basta con ver a las personas que volvieron al trabajo el pasado lunes, o bien acercarse a una farmacia para intentar comprar una. El Gobierno ha comprado y repartido mascarillas, pero es evidente que no la cantidad necesaria. A esta situación se suma el último capítulo de errores cometidos por el departamento de compras del que el Ministerio de Sanidad dispone: el Ingesa. Un gran número de las últimas adquisiciones de este bien sanitario han tenido que retirarse porque no cumplen con los estándares de calidad.
Test de diagnóstico
Una pandemia como la del coronavirus solo se puede controlar si se tiene una fotografía real del grado de contagios que tiene un país. Para ello son indispensableslos test de diagnóstico, preferiblemente los llamados PCR, aunque también juegan un papel fundamental los test rápidos, sobre todo en momentos de colapso. El Covid-19 cogió a España sin las pruebas necesarias para hacerle frente. El Gobierno se debía encargar de surtir a las comunidades pero sus compras, de nuevo, se mostraron insuficientes, cuando no un timo. El pasado jueves, el ministro, que hasta ahora repetía una y otra vez que España realizaba 20.000 pruebas de PCR, dijo que se han realizado en este tiempo 930.000 pruebas diagnósticas. Se trata de una cifra engañosa porque no significa que casi un millón de ciudadanos se han sometido a dichos test, ya que es necesario hacerse más de una prueba durante la enfermedad. Pero más grave es el anuncio, hace varios días, de realizar un cribado poblacional de 60.000 test y que todavía hoy ni siquiera se ha terminado la fase de estudio para saber cómo debe hacetrse. Este estudio tardará 21 días por la necesidad, precisamente de hacer más de un test, y hasta que no se complete no habrá seguridad para afrontar la fase de desescalado. Cada día perdido en este apartado es un día más de confinamiento para la sociedad y la actividad económica.
Respiradores
El último de los productos que el Gobierno se comprometió a proveer son las máquinas de ventilación mecánica necesarias en las UCI para los casos graves de coronavirus. La única compra que ha realizado el gobierno se produjo varios días después de decretar el Estado de Alarma. El ministro de Sanidad anunció una compra de más de 500 millones entre las que se encontraban casi 1.000 respiradores. La mala noticia es que no llegarán todas las unidades hasta junio, fecha en la que es muy posible que en las UCI no haya ya colapso que ha existido hasta la fecha y no hagan falta, al menos no tanta como hace un mes. Una carta de los médicos intensivistas reconocía que tenían que elegir entre personas porque no tenían sitio en las UCI suficientes. Mientras que los productos comprados a China no llegan, el Gobierno tardó como tres semanas en cerrar un acuerdo con una empresa madrileña que era la única que producía en España y que ponen al servicio de los hospitales diariamente 100 unidades. Esta semana, además, los anestesistas de Castilla- La Mancha aseguraban en una carta remitida al Gobierno de esa comunidad autónoma que los respiradores que llegaron hace unos días y que estuvieron retenidos en Turquía, no cumplen con lo exigible. El gobierno regional niega ese extremo y dice que es sólo una opinión personal.
Renta Mínima
Desde hace semanas el Gobierno lleva insistiendo en la necesidad de impulsar un ingreso mínimo para que todas las familias puedan sobrevivir. En un principio, para agilizar las ayudas a los hogares más vulnerables, el vicepresidente Pablo Iglesias prometió la puesta en marcha inmediata de una renta puente con el objetivo de agilizar las ayudas a los colectivos más dañados por la crisis del Covid-19, pero su propuesta fue rechazada por el Consejo de Ministros. Según indicó la portavoz María Jesús Montero esta misma semana el lanzamiento de esta medida tardaría meses por cuestiones técnicas. Sin embargo, el miércoles Iglesias y Sánchez habrían pactado impulsarla en mayo de manera definitiva, un acuerdo que en principio se iba a anunciar el jueves día. Iglesias, eso sí, indicó que el acuerdo de ambos es que las familias puedan cobrar en mayo esta renta, que podría ser de entre 400 y 500 euros. Pero ni eso está aún claro.
Créditos avalados
El presidente del Gobierno anunció el 17 de marzo la puesta a disposición de 100.000 millones de avales públicos para que las empresas –principalmente pymes y autónomos- pudieran pedir préstamos con los que poder afrontar los pagos y poder subsistir ante el cierre de sus negocios. Por ahora, según las últimas cifras del pasado martes, el Ejecutivo apenas había aprobado operaciones con unas garantías de algo más de 5.000 millones, es decir, un 5% del total prometido. El Consejo de Ministros apenas solo ha dispuesto por el momento dos tramos por un total de 40.000 millones en coberturas estatales, un hecho que está complicando la gestión de los bancos en las tramitaciones, a pesar de que las entidades señalan que cuentan con solicitudes que sobrepasan esta cuantía en estos momentos. Por tanto, la liquidez a pymes, autónomos y empresas están llegando a cuentagotas.
Impuestos
El Gobierno ha modificado su hoja de ruta en varias ocasiones sobre el pago de los impuestos para autónomos y pymes (IVA, IRPF y Sociedades), lo que está provocando que estos colectivos no puedan adoptar medidas para combatir los efectos de la pandemia, debido a la inseguridad que genera. La última decisión a este respecto es que la declaración de estos gravámenes se realice el 20 de mayo, en vez de lo previsto, el 20 de abril. Las empresas reclaman que se cancelen estos pagos ante la imposibilidad de muchas de ellas de afrontar el pago.
Cuota de autónomos
El cobro en marzo de la cuota que pagan los autónomos por su actividad ha generado malestar en este colectivo, ya que la promesa inicial del Gobierno era que su pago se iba a aplazar. Ahora, gran parte de los profesionales de nuestro país están exigiendo la devolución de esta tasa, al menos la relativa a los últimos 13 días de dicho mes al haber tenido que cerrar sus negocios por el Estado de Alarma. Además, han reclamado la prestación por cese de actividad o caída de negocio, pero para poder acogerse tendrán que demostrar que su facturación ha descendido al menos un 75%, un nivel que la mayor parte de los autónomos no cumplen. El Gobierno señaló el viernes que se han acogido a esta ayuda más de 919.000 profesionales, a los que se destinará unos 671 millones en conjunto. La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, es decir, 661 euros.
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